Bandas organizadas okupan decenas de pisos en Vitoria y los venden hasta por 1.500 euros
Un grupo ofrece «seguridad» si hay altercados con los vecinos legales y otra mafia local subasta los domicilios bajo su control en Lakua, Salburua y Zabalgana
Hace justo 15 días, un aviso al 092 alertaba de una gresca entre okupas y residentes legales en un bloque de la calle Ferrocarril del Norte, en una desangelada esquina de Salburua. El altercado acabó como el rosario de la aurora, con tres uniformados lesionados y un par de detenidos, a los que sacaron a duras penas del domicilio usurpado. La zona estaba tomada por dotaciones de la Policía Local y la Ertzaintza.
Pero ni la magnitud de la bronca ni la violencia llamó tanto la atención de los agentes como el hecho de que uno de esos alborotadores no viviera en el piso. Tampoco era amigo del okupa ni de su pareja, quien logró escabullirse aunque luego fue interceptada. Según fuentes internas de la comisaría de Aguirrelanda, ese varón «acudió a protegerles». Al parecer pertenece a una mafia que les 'consiguió' la casa a cambio de una cantidad indeterminada de euros.
HACE 15 DÍAS
Agentes locales arrestaron a un supuesto miembro de una banda por amenazar a residentes de un bloque en Salburua
El pacto –sin ninguna validez legal– incluiría «un servicio de seguridad a cambio de alguna cuota» en caso de desavenencias con los vecinos legales. De ahí la llamada de auxilio a este treintañero, quien arrastra «varias intervenciones policiales».
A raíz de esa trifulca –saldada únicamente con la imputación penal de ambos arrestados por «atentado a agentes de la autoridad» y su puesta en libertad–, EL CORREO ha investigado la actuación en Vitoria de grupos organizados especializados en reventar (entrar) inmuebles vacíos, cambiar el bombín y 'venderlos' o 'alquilarlos' a terceros. Existen.
Portavoces de ambos cuerpos informan de que «no hay constancia» de su actividad delictiva. En el Palacio de Justicia de la Avenida de Gasteiz tampoco saben nada al respecto.
Por contra, Alokabide sí admite su existencia. «Nos enteramos al final. Cuando tras un proceso judicial que lleva su tiempo recuperamos el domicilio y, en alguna ocasión, el desalojado ha contado a la comitiva judicial que había pagado una cantidad determinada por ese piso», indican desde esta sociedad perteneciente al Gobierno vasco.
Pero el asunto no va más allá. Este organismo carece de investigadores o personal especializado, por lo que se limita a colocar una puerta antiokupas hasta la llegada de inquilinos regularizados. Las supuestas víctimas –los moradores desalojados– tampoco denuncian. Disponer de hogar les permite asimismo empadronarse.
«¿Quién va a denunciar?»
«¿Pero cómo vas a denunciar a quien te ha proporcionado un hogar en buenas condiciones por algo menos de mil euros y al que sabes que vas a tener que volver a recurrir sí o sí?», se pregunta un habitante de un bloque social donde «hemos tenido varios de estos casos». «¿Qué queréis? ¿Que nos metamos en problemas?», se justifica. Ese miedo ha mantenido hasta la fecha a raya cualquier alerta policial o judicial.
Tampoco contribuye la menguante oferta de alquiler legal. Ayer por la tarde tan sólo se ofrecían 92 inmuebles en la capital alavesa. El más económico salía por 690 euros al mes. Vitoria, según el portal Idealista, es la segunda capital española donde más rápido se encuentran inquilinos. El 27% de los domicilios se coloca a las 24 horas.
La actividad de ambos grupos ha llegado a calles como Ferrocarril del Norte, Prado, Oceáno Pacífico, Pablo Picasso, Donostia, Madrid, El Salvador, Portal de Arriaga, Bremen y Julián de Apraiz. Los ocupantes que han apoquinado entre 400 y 1.500 euros saben que dispondrán de techo a un precio fuera de mercado un tiempo limitado. «Pueden pasar días, meses o años», indican medios judiciales.
Por otra parte, la prórroga del decreto de vulnerabilidad hasta el 31 de diciembre dictada por el gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en un inesperado aliado para estas personas. En caso de carecer de empleo o tener menores a cargo, cualquier proceso de desalojo queda paralizado. Esa orden se aprobó con la pandemia y se ha alargado sucesivamente, aunque ha tenido algunas consecuencias indeseadas.
A día de hoy, medios internos del Palacio de Justicia de la Avenida de Gasteiz hablan de «unos doscientos casos parados» por esta medida. El Ayuntamiento de Vitoria, quien da el visto bueno a la catalogación, sólo admite 51 informes favorables en 2023.
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Un grupo ofrece «seguridad» si hay altercados con los vecinos legales y otra mafia local subasta los domicilios bajo su control en Lakua, Salburua y Zabalgana
Hace justo 15 días, un aviso al 092 alertaba de una gresca entre okupas y residentes legales en un bloque de la calle Ferrocarril del Norte, en una desangelada esquina de Salburua. El altercado acabó como el rosario de la aurora, con tres uniformados lesionados y un par de detenidos, a los que sacaron a duras penas del domicilio usurpado. La zona estaba tomada por dotaciones de la Policía Local y la Ertzaintza.
Pero ni la magnitud de la bronca ni la violencia llamó tanto la atención de los agentes como el hecho de que uno de esos alborotadores no viviera en el piso. Tampoco era amigo del okupa ni de su pareja, quien logró escabullirse aunque luego fue interceptada. Según fuentes internas de la comisaría de Aguirrelanda, ese varón «acudió a protegerles». Al parecer pertenece a una mafia que les 'consiguió' la casa a cambio de una cantidad indeterminada de euros.
HACE 15 DÍAS
Agentes locales arrestaron a un supuesto miembro de una banda por amenazar a residentes de un bloque en Salburua
El pacto –sin ninguna validez legal– incluiría «un servicio de seguridad a cambio de alguna cuota» en caso de desavenencias con los vecinos legales. De ahí la llamada de auxilio a este treintañero, quien arrastra «varias intervenciones policiales».
A raíz de esa trifulca –saldada únicamente con la imputación penal de ambos arrestados por «atentado a agentes de la autoridad» y su puesta en libertad–, EL CORREO ha investigado la actuación en Vitoria de grupos organizados especializados en reventar (entrar) inmuebles vacíos, cambiar el bombín y 'venderlos' o 'alquilarlos' a terceros. Existen.
Portavoces de ambos cuerpos informan de que «no hay constancia» de su actividad delictiva. En el Palacio de Justicia de la Avenida de Gasteiz tampoco saben nada al respecto.
Por contra, Alokabide sí admite su existencia. «Nos enteramos al final. Cuando tras un proceso judicial que lleva su tiempo recuperamos el domicilio y, en alguna ocasión, el desalojado ha contado a la comitiva judicial que había pagado una cantidad determinada por ese piso», indican desde esta sociedad perteneciente al Gobierno vasco.
Pero el asunto no va más allá. Este organismo carece de investigadores o personal especializado, por lo que se limita a colocar una puerta antiokupas hasta la llegada de inquilinos regularizados. Las supuestas víctimas –los moradores desalojados– tampoco denuncian. Disponer de hogar les permite asimismo empadronarse.
«¿Quién va a denunciar?»
«¿Pero cómo vas a denunciar a quien te ha proporcionado un hogar en buenas condiciones por algo menos de mil euros y al que sabes que vas a tener que volver a recurrir sí o sí?», se pregunta un habitante de un bloque social donde «hemos tenido varios de estos casos». «¿Qué queréis? ¿Que nos metamos en problemas?», se justifica. Ese miedo ha mantenido hasta la fecha a raya cualquier alerta policial o judicial.
Tampoco contribuye la menguante oferta de alquiler legal. Ayer por la tarde tan sólo se ofrecían 92 inmuebles en la capital alavesa. El más económico salía por 690 euros al mes. Vitoria, según el portal Idealista, es la segunda capital española donde más rápido se encuentran inquilinos. El 27% de los domicilios se coloca a las 24 horas.
La actividad de ambos grupos ha llegado a calles como Ferrocarril del Norte, Prado, Oceáno Pacífico, Pablo Picasso, Donostia, Madrid, El Salvador, Portal de Arriaga, Bremen y Julián de Apraiz. Los ocupantes que han apoquinado entre 400 y 1.500 euros saben que dispondrán de techo a un precio fuera de mercado un tiempo limitado. «Pueden pasar días, meses o años», indican medios judiciales.
Por otra parte, la prórroga del decreto de vulnerabilidad hasta el 31 de diciembre dictada por el gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en un inesperado aliado para estas personas. En caso de carecer de empleo o tener menores a cargo, cualquier proceso de desalojo queda paralizado. Esa orden se aprobó con la pandemia y se ha alargado sucesivamente, aunque ha tenido algunas consecuencias indeseadas.
A día de hoy, medios internos del Palacio de Justicia de la Avenida de Gasteiz hablan de «unos doscientos casos parados» por esta medida. El Ayuntamiento de Vitoria, quien da el visto bueno a la catalogación, sólo admite 51 informes favorables en 2023.