El plan del Centro John Hopkins y los C. D. C. para disfrazar la experimentación médica en minorías como “justicia racial” (2020)
Con el pretexto de combatir el “racismo estructural”, el Centro John Hopkins para la Seguridad de la Salud ha preparado una estrategia para que todas las minorías étnicas y las personas con discapacidad intelectual sean las primeras en recibir la vacuna contra la COVID-19, “por una cuestión de justicia”. Sin embargo, las afirmaciones que se hacen en el Centro contradicen estos puntos de conversación de justicia social y apuntan a otros motivos completamente diferentes.
El foco principal de esta estrategia de asignación es asignar las vacunas para minorías raciales en primer lugar, pero de una cierta forma para hacerlas sentir “a gusto” y no como “conejillos de indias” al recibir la vacuna experimental que en varios documentos se admite que pueden causar “ciertos efectos adversos … que son más frecuentes en ciertos subgrupos de población”. Las investigaciones han indicado que los “subgrupos” con mayor riesgo de tener efectos adversos son estas mismas minorías.
En los documentos también se reconoce que será necesaria una guerra de la información y la coerción económica para combatir la “reticencia a la vacunación” entre estos grupos minoritarios. Incluso se enmarca este enfoque claramente desproporcionado en las minorías raciales en relación con las preocupaciones nacionales sobre la “brutalidad policial”, y se afirma que es necesario darles a las minorías la vacuna experimental primero para combatir el “racismo estructural” y garantizar la “equidad y justicia” en el sistema de salud y la sociedad en general.
