Es que gastar dinero público en armas para la guerra de otro país sí es sostenible, como la casa del rey o la iglesia católica. No como las pensiones, la sanidad pública, la educación, la protección por desempleo. Y los ciudadanos españoles se habrán creído que tienen derecho a saber en qué se gastan sus impuestos, ni que esto fuese una democracia plena.