En la carta de Dávila a Redondo, fechada el lunes 18 de marzo y a la que ha tenido acceso EFE, la consejera alerta de que “alguna de las víctimas de violencia está siendo atendidas en el mismo punto municipal al que pretende acceder su agresor. Una circunstancia que pone en peligro tanto a las víctimas como a los profesionales, y en riesgo el sistema de protección”.
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