Vera, magistrado de la Audiencia de Valencia durante 8 años, es el jefe jurídico de la antigua Imelsa desde que los socialistas retomaron el control. José Luis Vera, el exjuez que el PSOE colocó en la Diputación de Valencia como asesor jurídico con la idea de que combatiera la corrupción del PP, cobró mordidas por valor de 1,3 millones de euros a cambio de favorecer los intereses de grandes promotoras en diversas administraciones socialistas.
Empleados de un matadero confirman al juez la reunión con Juan Lanzas en la Casa del Pueblo de Fuente Obejuna Se formó una cola en la puerta para firmar lo que «les ponían por delante» y recibir así hasta 2,5 millones en ayudas.
Los socialistas presentaron hace unas semanas dicha enmienda camuflada en el proyecto del propio Ejecutivo de reforma de la Ley Concursal. En ella proponían, que cuando Delgado cesara como fiscal general fuera ascendida a fiscal de Sala con el correspondiente aumento salarial. La enmienda incluía una propuesta de tapadillo más grave que frustraría de facto cualquier investigación de la Fiscalía al Gobierno: "El fiscal general del Estado informará por escrito al Gobierno sobre la actuación del Ministerio Fiscal en aquellos asuntos de especial .
La revista The New Yorker ha dado a conocer que entre 2017 y 2020 el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, ha investigado desde hace más de un año la intercepción de móviles de independentistas catalanes, mediante el programa israelí Pegasus, un dispositivo que no se puede detectar por los antivirus en el mercado y que sólo pueden adquirir instituciones gubernamentales como ejércitos, servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad, para investigar el crimen organizado y el terrorismo.
Dos fondos de inversión, Blackstone e Hipoges, con un largo historial de especulación y acoso inmobiliario, se hacen cargo del patrimonio de la Sareb pasando por encima de la Ley de Vivienda en trámite, que prohibe la venta de vivienda de titularidad pública.
De toda la imagen, hay un detalle que llama la atención, y es que a Pablo Urdangarín no se le ven las piernas. La agencia Europa Press difundió en la tarde de este viernes la instantánea, aunque no se sabe con certeza cuándo se realizó. La última vez que se vio una imagen de famliar similar fue hace años, en el 2018, en el cumpleaños de doña Sofía. La reina emérita está estos días en Palma de Mallorca.
Pide al comisario Didier Reynders que intervenga ante el menoscabo de la independencia de la Fiscalía Se trata de la enmienda que el Grupo Socialista camufló en el proyecto de reforma de la ley Consursal y que prevé ascender a la categoría de fiscal de sala (la máxima de la carrera) al fiscal general tras su cese.
Solo hay 59 contratos judicializados pero Anticorrupción sigue expurgando entre los 25.068 expedientes de urgencia de 2020. La variedad de posibles irregularidades que están siendo revisadas por Anticorrupción es casi interminable: empresas sin experiencia regadas con contratos millonarios; contratos a firmas de las que se desconocía incluso su domicilio; sobrecostes aceptados sin rechistar por las administraciones a pesar de que en algunos casos llegaron al 1.000% del valor en circunstancias normales, comisiones de intermediarios por encima...
La Fiscalía ha presentado este miércoles al Tribunal de Cuentas su demanda contra 35 personas a quienes considera responsables contables del desvío de fondos para la organización del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y los gastos de promoción del proceso independentista en el extranjero.. La cifra total es la mitad de lo que reclamaba la delegada instructora, que eran 9,5 millones | Se dirige al Tribunal de Cuentas contra 35 presuntos responsables contables, entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junquer
El sumario del 'caso Mascarillas' incluye un correo entre ambos comisionistas en el que festejan que, 24 horas después, recibirían la comisión. "Pa la saca". Así festejó Alberto Luceño, uno de supuestos autores de la estafa al Ayuntamiento de Madrid, las comisiones cobradas por su intermediación en un contrato sanitario del consistorio. Con este lema escribió un correo electrónico a su socio, el aristócrata Luis Medina Abascal. Éste le respondió, minutos después, con un: "Bien!!!"
El titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, Adolfo Carretero, no ha podido proceder al embargo de las cuentas de Luis Medina, el empresario investigado por supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid por inflar el precio de provisión de mascarillas al inicio de la pandemia de coronavirus, porque tiene 250 euros en el banco.
¿Quién dio la voz de alarma en el escándalo sobre la compra de material sanitario para la pandemia que costó 10,8 millones de euros al Ayuntamiento de Madrid? No fue el consistorio de José Luis Martínez-Almeida. Fueron las entidades bancarias empleadas por los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño las que alertaron al respecto.
La titular del Juzgado 26 de Madrid investiga a tres altos cargos del Gobierno por irregularidades en la compra de material sanitario. Estos miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez podrían haber incurrido en varios delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude.
Los tipos explicaron que lograron hacer su negociete gracias al nepotismo, a sus amistades peligrosas con un pariente del alcalde. Unos tipos famosos, llamémoslos mejor negociantes que empresarios, porque los empresarios son otra cosa, compraron para el municipio enormes cantidades de mascarillas y guantes en Asia. Con un beneficio del 148%, sobre casi 12 millones de euros, y unas comisiones, agárrense, de hasta el 81%. Apestaban. No solo porque el material fuese defectuoso, que lo fue, sino porque lo tramitaron con documentos falsos