La Ley de Vivienda es ‘light’, dice Alejandro Inurrieta, por la presión que ejercieron los ‘lobbies’ sobre el PSOE para dejar el control de precios fuera del texto. No es que lo que está por llegar en el mercado de la vivienda sea bastante negro, es que “no hay futuro”. Alejandro Inurrieta, economista y expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler, es tremendamente pesimista con el devenir del sector. Y la Ley de Vivienda no le hace cambiar de opinión: “Sin un control de precios, es papel mojado".
El nuevo Govern prepara un giro radical en materia de vivienda que se centrará en la modificación de la Ley de Vivienda aprobada por el pacte de izquierdas en la pasada legislatura. Uno de los cambios que se preparan es la derogación de todas las disposiciones que permiten la expropiación del uso de los pisos vacíos de los grandes tenedores.
La política de vivienda es una de las cuestiones donde más se diferencian las estrategias y planteamientos ideológicos de izquierda y derecha. Y en los programas electorales de cara al 23J esta dicotomía queda patente. En vivienda, Vox apunta tanto a medidas 'antiokupas', como a liberalizar suelo para construir más inmuebles, hacer crecer el parque público o rechazar lo que llama “proyectos globalistas como la llamada Nueva Bauhaus europea”.Al igual que el PP, habla de derogar la legislación en vigor que, como otras aprobadas en la última…
El martes a última hora de la tarde, sobre la bocina, el vicepresidente y conseller de Vivienda en funciones, Héctor Illueca, firmó la resolución de compra de un edificio a la inmobiliaria Ática que evitará el desahucio de 79 familias, según el último recuento realizado por la Conselleria. A dos días de la investidura del popular Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana y en los últimos días hábiles antes del cambio de Gobierno, se formalizó la compra de este edificio de Sociopolis, en el barrio valenciano de La Torre, una vez
La representante del Gobierno autonómico ha indicado que la media desde su puesta en marcha es de 20 llamadas por provincia. En ese sentido, ambas han recalcado que el objetivo de esta es “mantener el respeto por la propiedad privada”, señalando que es un reto difícil, “ya que la legislación vigente pone en solfa a los más vulnerables”. Por ello, las representantes autonómicas han hecho hincapié en que es necesario que las Comunidades reaccionen para frenar esta tendencia.
Poner el foco en lo anecdótico y desviar la atención de lo que es un auténtico problema social. Esta es la política de vivienda a la que apunta la nueva alcaldesa de València del PP, María José Catalá, quien anunció este martes la puesta en marcha de oficinas antiocupas y descartó por el momento acogerse a la nueva Ley de Vivienda para limitar los precios de los alquileres, desbocados en la ciudad siguiendo la tendencia del resto de España.
Los datos que revela el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este mismo viernes son demoledores y ayudan a entender una cuestión, la de la vivienda, que se ha convertido en todo un problema para un grupo relevante de personas en nuestro país. Según la búsqueda del INE, el 9,3% de los pisos en Barcelona -un total de 75.000- están vacíos, y en un 9% sólo vive gente tres meses al año. Por tanto, en casi 150.000 pisos no vive ningún núcleo familiar habitualmente.
El Sindicat de Llogateres de Catalunya y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid han unido fuerzas para lanzar una página web con el objetivo de tratar de recuperar el dinero que las inmobiliarias estafan al inquilinato, haciéndole pagar honorarios ilegales en los contratos de alquiler. La web se llama estafainmobiliarias.org.
El camino para que Cataluña tenga topes al precio del alquiler ha comenzado. El gobierno catalán ha iniciado este jueves los trámites para terminarlo, dice, lo antes posible y ha anunciado en el DOGC, el Diari Oficial de la Generalitat, los 140 municipios donde quiere y puede limitar el alquiler. Barcelona es uno de ellos, y gran parte del resto están en el área metropolitana. En total, concentran el 80% de la población: 6,2 millones de personas.
Como Victoria, más de 11.000 jóvenes se encuentran a la espera de recibir la ayuda del alquiler del bono joven. Ella y su novio dejaron Huelva para incorporarse en un trabajo en Madrid. Pensaron que con esta prestación su situación podía mejorar pero el dinero no termina de llegar.
Un grupo selecto de 303 empresas privadas acumula 49.954 pisos alquilados en Cataluña. Son los grandísimos tenedores, aquellas sociedades con más de 50 viviendas cada una. Dentro de estas empresas, la distribución también es desigual: sólo 30 controlan más de la mitad, 25.601 viviendas. Los grupos empresariales con más pisos son CaixaBank, Cerberus, Blackstone y Cevasa. Todo ello son datos obtenidos gracias a una petición de derecho de acceso a la información pública que ha hecho Civio en el Instituto Catalán del Suelo.
La Comunidad de Madrid se ha convertido en el centro de operaciones de los grandes fondos de inversión en el mercado del alquiler con un resultado poco balanceado: son los que acumulan más beneficios, denuncias de aumento de precio, más casos de mobbing inmobiliario y desahucios, y son, de lejos, los caseros que menos dinero dejan en las arcas del Estado.
El lanzamiento ya se suspendió hace seis meses por un informe de extrema vulnerabilidad de los Servicios Sociales, aunque esta vez no se ha cancelado. Ante la “dejadez institucional” de este bloque de pisos -los extintores llevan sin revisarse desde 2014, hay humedades, falta luz y las cocheras están en mal estado, por ejemplo-, los pocos vecinos que aún quedan decidieron dejar de pagar la comunidad. Este “abandono” llevó a los padres a solicitar a AVRA un cambio de domicilio.
El administrador de Vauras argumenta que el recordatorio del consistorio de que tenían que cumplir la ley de Vivienda supone una extorsión a su negocio. Este jueves, sin embargo, el administrador del fondo ha sido incapaz de detallar a la jueza ninguna coacción. No solo por parte de Colau (que ni siquiera participó en las reuniones) sino de los investigados que sí asistieron a los encuentros, los concejales Marc Serra y Lucía Martín y una funcionaria del área Vivienda.
“La propiedad ha pedido la paralización a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo”, cuentan desde Sindicato de Inquilinos. El caso de John tenía ciertas particularidades: el hombre tiene problemas cardíacos y los dueños del inmueble no le han ofrecido ningún nuevo contrato cuando caducó el anterior, a pesar de que siempre pagó las mensualidades.
La Ley de Vivienda, en vigor desde el pasado 25 de mayo, obliga a los propietarios que alquilan su vivienda a pagar los gastos de gestión: los honorarios que cobran las inmobiliarias por su labor de intermediación. Tradicionalmente, en los mercados más tensionados las agencias han repercutido estos gastos al inquilino, que en muchos casos asume grandes desembolsos —de hasta cinco mensualidades— para entrar en el piso que desea.