Isabel Díaz Ayuso meterá dos reformas de calado en el congelador. La justificación de la Comunidad de Madrid es que este paquete legislativo necesita la aprobación del Congreso de los Diputados y sus mayorías no facilitarían el aval. Por ello, desde el entorno de la presidenta madrileña, según apunta El Confidencial, asumen que los dos proyectos no llegarán en esta legislatura ni tampoco en la siguiente. Deslizan de manera velada que no saldrán adelante hasta que Pedro Sánchez abandone el Palacio de la Moncloa. Se trata de la modificación del Estatuto de Autonomía y la propuesta del sistema de elección de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Desde hace años, el Partido Popular trabaja en estas iniciativas y esperaba que en esta legislatura se situaran en la rampa de salida. Sin embargo, el 23 de julio frenó todas las aspiraciones de los conservadores. El equipo de Ayuso guarda en el cajón las dos reformas. El sistema de elección de los miembros del TSJM, que plantea que sean los jueces los que designen a sus componentes y no la Asamblea de Madrid, fue fruto de un pacto con Ciudadanos en 2019, aunque no cristalizó hasta febrero de 2023, aterrizando en el Congreso en el mes de marzo. Por el contrario, la resignificación estatutaria fue anunciada en el primer gobierno en solitario de Ayuso, aunque decayó ante la imposibilidad de sobreponerse a la mayoría progresista.

El entorno de Ayuso asume las complejidades que entrañan sendas reformas y, por ello, trasladan que no reactivarán ninguna de las dos hasta que no haya cambios tanto en Moncloa como en la Carrera de San Jerónimo. Tampoco las utilizarán para presionar al Gobierno central, especialmente la iniciativa relativa a los jueces. Cabe recordar que tanto PP como PSOE están negociación en Bruselas el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque de momento no hay avances significativos y todo apunta a que persistirá el inmovilismo en el órgano de gobierno de los jueces. Según El Confidencial, desde el entorno de Ayuso remarcan que la composición del Congreso provoca mesura en Sol a la hora de decidir lo que se envía, cerrando la puerta a otras propuestas.

En el mes de marzo, el bloque de la investidura (PSOE, Sumar, Junts, PNV y BNG) tumbaron la propuesta de Sol para renovar la elección de los jueces madrileños, previamente aprobada en la Asamblea de Madrid con los votos a favor de PP y Vox. La reforma plantea la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, así como de la Ley 38/1988, de Demarcación y Planta Judicial, mediante la supresión de la potestad de la Asamblea para nombrar una de cada tres plazas de los magistrados en las Salas de lo Civil y Penal del TSJM. En aquel momento, la oposición presionó a Ayuso para que abandonase el debate judicial y focalizara en “los problemas de la gente”, tildando la propuesta de “absurdo”.

El Estatuto de Autonomía

La segunda de las reformas planteadas nació muerta, a pesar de que, según informa ABC, los socialistas prevén registrarla de nuevo. Los populares abogan por la modificación de la principal norma regional con la introducción de cambios sustanciales, como la resignificación del nombre de la Asamblea de Madrid, que pasaría a denominarse Parlamento de la Comunidad de Madrid; la supresión del término “minusválido” o la rebaja de diputados a 135. También plantean desde el sector conservador la inclusión de la figura del decreto ley. La oposición madrileña en su conjunto ha abierto la puerta a estos cambios, aunque no se espera acuerdo en esta legislatura.

El PSOE-M aboga por una salida similar a la de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en lo relativo a la reforma del artículo 49 de la Constitución para limitar la palabra “minusválido” de manera exprés. El PP, sin embargo, se planta. Se remiten a la mayoría de izquierdas en la Carrera de San Jerónimo y una supuesta utilización partidista por parte del bloque de la investidura. El portavoz de los conservadores en la Cámara vallecana, Carlos Díaz-Pache, ya avanzó la negativa de su grupo al argumentar que no entregarán el Estatuto de Autonomía para que “Sánchez y Puigdemont jueguen con él”.

La tónica de las últimas semanas es la misma. La reforma del estatuto es compleja, con independencia del juego de mayorías en la Cámara Baja. La aprobación necesita de una mayoría reforzada de 2/3 en la Asamblea, lo que implica que el PP, en caso de que gane unas nuevas elecciones, necesitara en segunda tentativa de un mínimo de 90 parlamentarios para dar viabilidad al proyecto. En la actualidad cuenta con 20 menos a pesar de su mayoría absoluta, por lo que tendría que seducir a miembros de Más Madrid y Partido Socialista para cambiar una normativa que lleva diez años inmóvil.

Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias destacadas y las historias más interesantes