El Parlamento británico cede ante Sunak y aprueba la deportación de inmigrantes a Ruanda

No siempre es fácil que las dos cámaras de Westminster lleguen a un acuerdo para tramitar una ley. En 2005, diputados y lores estuvieron durante 30 horas -sin dormir- hasta aprobar la polémica normativa antiterrorista del entonces Gobierno de Tony Blair. Era complicado superar ese récord histórico, aunque el primer ministro Rishi Sunak se mostró el lunes dispuesto a alargar el debate el tiempo que hiciera falta hasta poder sacar adelante el controvertido Plan Ruanda para mandar a los solicitantes de asilo llegados por vías irregulares hasta el país africano.

Tras un debate que se alargó hasta altas horas de la madrugada, finalmente se consiguió aprobar la normativa por lo que este verano podrían salir ya los primeros vuelos con los inmigrantes sin papeles con destino al país africano. No se puede asegurar por completo, ya que diferentes ONGs -que bautizan la ley de antihumana- ya han adelantado que presentarán impugnaciones legales “lo más rápido posible”.

Pese a que el líder conservador llegó a Downing Street con un enfoque más moderado y pragmático que su predecesores, en materia de inmigración ha implantado mano dura consciente de la importancia que tiene esta cuestión para el electorado ante los comicios previstos para finales de año, donde todos los sondeos predicen el fin de la era tory tras más de trece años en el poder. La promesa del Brexit de recuperar el control de las fronteras no se está cumpliendo.

Por lo tanto, el objetivo es que cualquier persona que “ingrese ilegalmente en Reino Unido” después del 1 de enero de 2022 será enviada hasta Ruanda para que allí se procesen sus solicitudes. Si tienen éxito, se les podría conceder el estatus de refugiados y se les permitiría quedarse en el país africano. De lo contrario, podrían solicitar establecerse en Ruanda por otros motivos o buscar asilo en otro “tercer país seguro”. Lo que no podrán es solicitar su regreso a Reino Unido.

El Ejecutivo argumenta que el plan disuadirá a la gente a cruzar el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones. Pero las ONGs denuncian que es “inhumano”. Los principales representantes de la Iglesia de Inglaterra, 23 obispos que ocupan escaño en la Cámara de los Lores, han llegado a describirlo como una práctica “que debería avergonzarnos como nación”.

Durante los últimos cuatro meses, el proyecto de ley ha estado atrapado en un proceso denominado ping-pong, saltando constantemente de una cámara a otra. Las enmiendas propuestas por los lores para suavizar el programa eran rechazas por los Comunes. Una y otra vez. Finalmente, la Cámara Alta, que no es electa, decidió tirar la toalla.

Los primeros irregulares viajarían, como pronto, al país africano para el mes de julio. Por lo tanto, Sunak no cumpliría con su promesa anterior de comenzar las deportaciones durante la primavera. El objetivo era conseguirlo antes de las elecciones locales del 2 de mayo, cuando está previsto que los `tories´ cosechen una humillante derrota que podría derivar incluso en moción de confianza contra el primer ministro.

El controvertido programa migratorio fue inicialmente anunciado en abril de 2020 por el entonces premier Boris Johnson. Pero ningún avión ha conseguido despegar aún con destino a Ruanda por la intervención de la justicia. A finales del año pasado, el Tribunal Supremo de Reino Unido siguió los pasos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos oponiéndose a la medida al considerarla ilegal.

El fallo advertía que los refugiados correrían el riesgo de ser devueltos a sus países de origen, donde podrían sufrir daños, asegurando que esto viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos del que Reino Unido es signatario. Asimismo, también citó preocupaciones sobre el pobre historial de derechos humanos de Ruanda y su trato pasado a los refugiados. Los jueces dijeron que en 2021, el propio gobierno británico había criticado a Ruanda por “ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia, desapariciones forzadas y torturas”.

Tras la sentencia, Sunak tuvo que cerrar un nuevo pacto con Kigali con modificaciones para asegurar que “las personas desplazadas al país africano no correrán el riesgo de ser devueltas a un país donde su vida o su libertad se vean amenazadas”. Aunque el nuevo plan también ordena a los tribunales hacer caso omiso de secciones clave de la Ley de Derechos Humanos y les obliga a ignorar otras leyes británicas o normas internacionales -como la Convención Internacional sobre Refugiados- que obstaculizan las deportaciones al país africano. Para el ala dura del Partido Conservador sigue sin ser suficiente y piden a Sunak sacar a Reino Unido del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

“Puedo confirmar que ya tenemos preparado un aeropuerto, y hemos reservado vuelos comerciales charter con horarios comprometidos. Hemos entrenado a 500 personas para acompañar a los inmigrantes ilegales [sic] hasta Ruanda, e incorporaremos otros 300 en las próximas semanas”, anunció este lunes Sunak. No obstante, si se aprueba el controvertido plan, las ONGs ya advirtieron que planean presentar impugnaciones legales “lo más rápido posible”.

El Gobierno británico pagó 240 millones de libras a Kigali a finales de 2023 para albergar a los refugiados. Aunque el pago total será de, al menos, 370 millones de libras para los próximos cinco años. Si se envía a más de 300 personas a Ruanda, Reino Unido pagaría una suma única de 120 millones de libras para ayudar a impulsar la economía del país africano, con pagos adicionales de 20.000 libras por persona reubicada.

Las cifras oficiales publicadas anteriormente sugerían que trasladar a cada individuo a un tercer país costaría 63.000 libras más que mantenerlos en Reino Unido. Con todo, Sunak afirmó que el plan de Ruanda “permitirá literalmente ahorrar miles de millones a largo plazo”, aunque no especificó cifras. El sistema de asilo de Reino Unido cuesta casi 4.000 millones de libras al año, incluidos unos 8 millones de libras al día en alojamiento en hoteles.