La comisión de investigación del Congreso de los Diputados analizará a fondo el contrato millonario del hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, adjudicado a Priviet Sportive.SL, la empresa que pagó comisiones al familiar de la líder regional por la compra de mascarillas procedentes de Corea del Sur durante lo peor del Covid, que aterrizaron en IFEMA. Por esta operación la mencionada compañía, propiedad de un amigo de Ayuso de la infancia, se embolsó un importe total de 1.512.000 euros (IVA incluido).

250.000 fueron los tapabocas que llegaron al pabellón 10 de la gran infraestructura madrileña, que haría de morgue en la pandemia, y más de un millón y medio de euros los obtenidos por la firma sin que ésta se hubiera sometido a concurso; es decir, que se realizaron 'a dedo' y mediante el procedimiento de urgencia. Con dicho modus operandi, la Consejería de Sanidad cedió el contrato millonario por la compra del material a la compañía de Tomás Díaz Ayuso.

Según apunta la información remitida a Anticorrupción en 2022 por el dueño de Priviet, Daniel Alcázar, la empresa pagó 480.170,30 euros a la compañía coreana K Beauty & Media por 250.000 mascarillas de tipo FFP2 y la cuantía recibida por la operación se abonó en dos pagos. El primero por valor de 240.122,66 euros y el otro de 240.047,64; ambos formalizados a fecha 2 de abril de 2020, cuando no se había cumplido ni un mes desde que se decretase el estado de alarma. A esta cantidad hay que añadirle los 76.8171,13 euros que se corresponden con el transporte aéreo para traer las mascarillas a nuestro país.

Una vez que el vuelo llegó al aeropuerto de Madrid-Barajas, la empresa Procoex recogió y entregó las mascarillas en el pabellón 10 de IFEMA a través de un contrato de 6.501,24 euros. El beneficio que obtuvo Priviet Sportive por esta operación fue de 563.542,67 euros, pese a que la compañía vendió las mascarillas a la Comunidad de Madrid por un precio claramente superior: 1.512.500 euros.

Las Fiscalías Anticorrupción y Europea archivaron el caso

Las Fiscalías Anticorrupción y Europeas archivaron el caso en 2022 y 2023 respectivamente. Antes que ninguno fue el primero de los órganos quien no vio indicio de delito en el precio de las mascarillas ni en la tramitación de la presidenta regional o de su hermano. “No ha intervenido en el procedimiento”, consideraría el fiscal jefe respecto de la posible influencia de la presidenta madrileña.

El decreto de archivo del caso de las mascarillas de Tomás Díaz Ayuso también se refería a la posible implicación de Ayuso en el contrato. El texto emplazaba a mirar los hechos desde una triple perspectiva: la del prevalimiento de su posición institucional para interferir en que se aceptara la oferta de la empresa del hermano de la popular, la de una supuesta incompatibilidad para contratar con esta compañía debido a la intervención en la operación de Tomás Díaz y la del deber personal de abstención. Así, según el decreto, no existieron irregularidades por parte de la política.  En la misma línea, la Fiscalía Europea sostuvo que el medio millón de euros que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid dio a dedo a Priviet no fue resultado de un precio inflado de manera ilegítima.

La administración de Isabel Díaz Ayuso negó asimismo que existiera cualquier tipo de irregularidad, aunque sí que reconoció los números de la operación en la que participaron el hermano y el amigo de la infancia de la baronesa. En total, recibieron 283.000 euros en comisiones -aunque la Fiscalía dejó la cantidad en 234.000 euros- de los cuales 55.850 euros directamente con el contrato protagonista de estas líneas.

El caso nunca pasó por manos de los jueces y terminó provocando la caída en última instancia de Pablo Casado después de que éste denunciara las comisiones millonarias del hermano de la presidenta.

El Congreso exige explicaciones

La Cámara Baja exigirá ahora en sede parlamentaria “todos los documentos” que pudieran ser susceptibles de esclarecer si se cometió algún hecho ilícito en esta operación de compraventa. Así, a petición del PSOE, el Congreso reclamará, entre otras cuestiones el “expediente completo” de dicho contrato o la “documentación aduanera completa correspondiente al valor de importación del suministro contratado”.

El clan Ayuso, a examen en la Cámara Baja

El Congreso de los Diputados someterá a examen a prácticamente todo lo relativo al entorno de la presidenta, desde el hermano y el novio de la misma, hasta la cuñada de la líder regional, Alejandra T.B. Quizá falten nombres propios -por el momento- pero todo el entramado empresarial está dentro de las peticiones.

Una de estas firmas es precisamente el de Priviet Sportive, de la que la Cámara Baja pedirá todos los expedientes de contratación y adjudicación de la Comunidad, así como cualquiera de sus consejerías, empresas, entes u organismos públicos. Dicha petición se erige como una de las que más focos atraerá.

En lo que respecta a la compañía, en 2020 resultó adjudicataria de un contrato de la Comunidad de Madrid para la compra de mascarillas FFP2 y FFP3 por valor de 1,5 millones de euros con el hermano de la presidenta como intermediario. Por la mencionada gestión, Tomás Díaz Ayuso obtuvo una comisión de 283.000 euros.

Tomás Díaz Ayuso facturó 1.249.000 euros como autónomo, y tal y como desveló en exclusiva ElPlural.com, la empresa recibió más de 50.000 euros en subvenciones agrícolas. Además, logró otros 360.000 de dinero público para “paliar los efectos del Covid”.

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