El Gobierno de coalición ha recuperado este martes la ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. El Consejo de Ministros celebrado este marte ha aprobado la modificación de la norma para que esta sea tramitada en el Congreso de los Diputados, defendiendo que este paso busca “dar seguridad jurídica”. Sin embargo, múltiples voces críticas del espectro de la izquierda y los movimientos sociales, especialmente los defensores de la vivienda, han puesto en el grito en el cielo ante una actuación que consideran que emula la que Mariano Rajoy intentó desarrollar en 2018.
"Más negocio, menos posibilidad de recurrir y desbloqueo de pelotazos urbanísticos”, ha criticado la confederación Ecologistas en Acción en un comunicado del que se han hecho eco múltiples sindicatos de vivienda. “La modificación de la Ley del Suelo que aprueba el Consejo de Ministros es una burrada. Dificulta parar planes urbanísticos ilegales y facilita cambios como los de la Operación Chamartín reduciendo derechos de los reversionistas”, ha denunciado Carlos Sánchez Mato, quien fuera concejal de Economía y Hacienda de Madrid con Manuela Carmena y militante en la actualidad de Izquierda Unida. “Hay que parar esto”, ha espetado.
Por el momento, tan solo una formación política ha confirmado que no apoyará la modificación. La secretaria de Acción Institucional de Podemos y portavoz del partido, María Teresa Pérez, lo anunciaba este lunes. "Pedro Sánchez no puede contar con los votos de Podemos para hacer las mismas políticas que el Partido Popular", advertía, asegurando que se opondrán porque esta refirna servirá “para dar vía libre a la cultura del pelotazo y para que los fondos buitre especulen sin límites”. Por el momento, ningún otro partido político ha mostrado disconformidad con la ley pactada entre el Ejecutivo y el PNV.
¿Qué dice la ley?
Los focos se sitúan sobre la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, precursora de la modificación que asegura que dotará de “estabilidad, certeza y seguridad jurídica a los instrumentos de planificación urbanística y territorial”. El proyecto decayó en la anterior legislatura, momento en el que la Podemos ya se posicionó en contra, y el Gobierno deberá apañárselas ahora para reunir los apoyos. Entre otras cosas, la reforma incluye reivindicaciones de los empresarios inmobiliarios, como la no anulación de planes urbanísticos por “vicios o defectos formales”.
De esta manera, un recurso ante la Justicia procedente de la ciudadanía o de cualquier estamento contra una construcción no paralizará el plan, aunque así pueda establecerlo un juez. Modificar la naturaleza reglamentaria del planeamiento y de los efectos de su nulidad permitiría que aquellos proyectos que no cuenten con informen pertinentes y necesarios no quedarán suspendidos, simplemente se les emplazará a entregarlos con posterioridad. Esto, ha denunciado Ecologista en Acción, puede tener “un efecto perverso que solo beneficiaría al promotor y podría poner en grave riesgo el entorno, incluso las vidas de las personas”.
En resumidas cuentas, se recortan los supuestos por los que cualquier ciudadano puede señalar una irregularidad en un plan urbanístico. “Además acota las cuestiones que podrán recurrirse y el plazo para ello, limitando a cuatro años el recurso indirecto que actualmente carece de límite temporal”, denuncia la asociación. No obstante, quizá una de las modificaciones más sorprendentes es la que afecta al ámbito público y a sus arcas. De aprobarse la modificación, se podría cancelar la constancia registral del derecho de reversión, fundamentalmente en las expropiaciones urbanísticas integradas en expedientes de equidistribución de cargas y beneficios.
Básicamente, esto significa que unos terrenos expropiados para uso público y social pueden ser cancelados y volver a manos privadas al cambiarse la propiedad si estos no se han incorporado al ámbito público por falta de ejecución, pese a que su derecho de reversión conste inscrito en el Registro de la Propiedad. La modificación tiene un objetivo claro para los movimientos sociales.
“Este articulado está redactado ad hoc para desbloquear la Operación Chamartín, el mayor proyecto urbanístico del Estado español. En este ámbito, buena parte del suelo expropiado (actualmente propiedad de Adif) no puede traspasarse al promotor Crea Madrid Nuevo Norte (formado por la entidad financiera BBVA, constructora San José y la socimi Merlin Properties) por los problemas de inscripción registral, derivados de los derechos de reversión, todavía inscritos, a nombre de los propietarios originales de los terrenos”. Con el nuevo marco, el traspaso podría realizarse.
“La modificación propuesta no redundará en una mayor seguridad jurídica, sino todo lo contrario: consolidará su eventual ilegalidad haciéndolos virtualmente inatacables”, ha denunciado Ecologista en Acción, que lamenta que “un gobierno progresista, en lugar de favorecer un cambio de modelo en el panorama urbanístico estatal, opte por blindar los instrumentos de planeamiento ilegales frente a los recursos contencioso-administrativos y perpetúe el urbanismo como un negocio y no como un derecho ciudadano”.
