4 de marzo de 2021. Un niño de 10 años llega a las Urgencias del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz con un brazo roto. Los médicos lo atienden y le administran la medicación para someterlo a una operación, pero hay un gran problema: la dosis de ketamina que ha recibido es la correspondiente a un hombre adulto de 130 kilos.
El menor empieza a tener dificultades para respirar, empieza a hacer ruidos muy raros y presenta una saturación del 40%. La preocupación de su padre aumenta a medida que va mostrando síntomas de que algo no está bien. A raíz de esta negligencia, el niño tiene que ser trasladado a la UCI pediátrica del hospital Niño Jesús, donde permanece ingresado dos días.
Para compensar por los severos daños morales causados a la familia del niño, la comisión jurídica asesora de la Comunidad de Madrid ha dictaminado, dos años después de estos hechos, que las víctimas sean indemnizadas con 4.500 euros, según ha publicado el diario El País.
40 millones de euros en negligencias y errores
Según ha expresado el director de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz-Escudero, el caso “no se ha judicializado de momento”, pero no sería raro que lo hiciese, ya que los abogados autonómicos se enfrentan a casos como este de manera constante: entre 2015 y 2020, la Comunidad de Madrid ha destinado casi 25 millones de euros al pago de un seguro de responsabilidad civil para el Servicio Madrileño de Salud, según puede leerse en el portal de contratación de la comunidad autónoma. A su vez, la factura por errores y negligencias médicas en el mismo periodo ascendió a los 34 millones de euros, y superó los 40 millones si se incluyen fallos en la administración o en el transporte de pacientes.
Estas cifras, que pueden parecer insulsas, dejan tras de sí daños morales y personales difíciles de reparar. Es el caso de María (nombre falso), que estuvo todo un verano sintiendo una apatía enorme que no se explicaba, hasta que descubrió, a través de una llamada de teléfono, que la razón de su baja energía era que se había contagiado de hepatitis C al someterse a una prueba rutinaria en el Hospital Gregorio Marañón, al igual que le había sucedido a otras cuatro personas. O como el caso de otro paciente que ahora tiene una discapacidad del 85%, al haberse confundido el ictus que estaba padeciendo con una gastroenteritis.
En el caso del menor atendido en el hospital de Torrejón, el informe del centro declara: “Se realiza revisión de la medicación administrada para la sedación, evidenciado que la dosis de ketamina cargada para la administración era de 250 miligramos (7,8 miligramos por kilo), en lugar de la dosis prescrita por el pediatra de guardia, que fue de 50 miligramos o 1,5 miligramos por kilo, debido a un error en la preparación del medicamento por parte del personal de enfermería, ya que no se había realizado la dilución correcta del mismo”.
De esta manera, se entiende que el menor recibió una dosis de 200 miligramos más de lo pautado por el médico, aunque no fue administrada en su totalidad: “De la dosis preparada, no se administró el 100% al paciente, ya que, como se realiza en la práctica habitual, se administró de forma progresiva, hasta lograr el efecto sedante deseado en el paciente, lo que se consiguió, según refiere el facultativo que realizó el procedimiento, con aproximadamente la mitad de la dosis”, sostiene el documento aportado a la investigación. La familia del paciente denuncia que se preparó la dosis idónea para un adulto de 130 kilos, no para un niño de 30.
Solicitud de compensación de 15.000 euros
A pesar de que la familia ha recibido ya la mencionada indemnización de 4.500 euros, la solicitud original de compensación fue tres veces mayor, ascendiendo hasta los 15.000: “Resulta evidente y no requiere mayor esfuerzo argumentativo que el interesado no tiene la obligación jurídica de soportar el daño causado por este funcionamiento inadecuado de los servicios sanitarios, por lo que procede reconocer la reclamación de responsabilidad patrimonial”, se lee en un dictamen firmado este lunes 20 de marzo y elaborado tras una solicitud del consejero de Sanidad.
“Resulta indubitado la inquietud y angustia que la sobredosificación de ketamina provoca a un padre y su hijo menor de edad”, se añade también. “Procede estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial y reconocer una indemnización global y actualizada de 4.500 euros”, concluye, rebajando los 15.000 euros de compensación por daños morales que se reclamaban inicialmente a una cantidad menor de un tercio de la original.
