La Justicia extiende la causa de las mascarillas "fake" a tres ministerios

El Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid ha citado a declarar como imputados el próximo día 23 de abril a cinco altos cargos y excargos de tres ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez: Sanidad, Industria y Hacienda, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores sanitarios al tardar una semana –desde que se tuvo la confirmación– en retirar de los hospitales las mascarillas Garry Galaxy (modelo N95), que no cumplían los mínimos sanitarios exigidos de filtrado y no evitaban los contagios.

Tal y como figura en el auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el magistrado Carlos Valle cita a siete personas «al objeto de recibirles declaración en calidad de investigados/as sobre los hechos». Se trata de Patricia Lacruz, ex directora de Cartera Común y de Farmacia del SNS; su subdirectora en aquellos momentos, Cristina González; Nuria Queraltó e Isabel Pineros, ambas ex vocales asesoras de Sanidad; Begoña Macarrón, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo; Pablo Valbuena, ex jefe de área de Gestión Económica de la Oficina Española de Patentes y Marcas –del Ministerio de Industria y Turismo– y Roberto Moisen, ex alto cargo de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública en la Coordinación Territorial de Madrid.

Ha sido el Ministerio de Trabajo, a través del Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), el que ha facilitado al Juzgado, a petición de este, un informe con los nombres y apellidos de los altos cargos implicados en aprobar la adquisición de estas mascarillas y en demorarse siete días en retirarlas del mercado, una vez recibida la confirmación de que eran defectuosas y que no protegían frente al virus.

La denuncia originaria fue interpuesta por la por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contra Salvador Illa,quien fue ministro de Sanidad entre los años 2020 y 2021, al que atribuían el delito de actuación negligente.

Miles de sanitarios infectados

«Más de 32.000 sanitarios se contagiaron de covid en las primeras semanas, y cerca de un centenar perdieron la vida en la primera ola. El número de fallecidos fue inasumible e inaceptable desde cualquier punto de vista», señala Tomas Toranzo, presidente de CESM. La Confederación interpuso la querella contra Illa hace cuatro años, pero fue pasando de tribunal en tribunal porque, en un primer momento, era aforado por su cargo de ministro y, después, por ser diputado en el Parlamento de Cataluña por Barcelona y secretario del Partido Socialista Catalán (PSC). «La denuncia se paró en el Tribunal de Justicia de Cataluña porque, según consideraron, no había suficientes indicios para poder imputarle. Por esa razón tuvimos que empezar casi de cero otra vez con el proceso», explica Toranzo.

Los hechos se producen en la última semana del mes de marzo de 2020, cuando el Ministerio de Sanidad compró un total de 2,1 millones de mascarillas «fake» FPP2, de la marca Garry Galaxy, modelo N95, a la empresa Hangzhou Ruining Trading.El Gobierno pagó por adelantado casi 24 millones de euros a un broker chino por este material de protección defectuoso, el cual fue distribuido a principios de abril a distintos Servicios públicos de Salud de todo el país.

Tal y como informó este periódico en julio de ese mismo año, el Gobierno explicaba en el contrato –que hizo público en el portal de Trasparencia– que, entre los términos recogidos para la compra del lote, la compañía exigió el pago por adelantado del pedido «el 20 de marzo», a lo que el Gobierno de Pedro Sánchez no puso ninguna objeción y aceptó, dado que «una de las necesidades más imprescindibles es proteger a los profesionales en los centros sanitarios».

Una protección que no fue tal y por la que, ahora, cuatro años después de la compra, tendrán que responder siete personas. Merece la pena recordar que, desgraciadamente, España lidera el ranking mundial de países con la mayor tasa de sanitarios contagiados por covid.

La convicción de la CESM en seguir adelante por la vía penal pese a todas los factores en su contra responde a la necesidad de que se haga justicia ante la «presunta actuación negligente por parte del Ministerio, poniendo en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario, y especialmente de los médicos», sentencian.