La Audiencia considera culpable de un delito continuado de abuso sexual a la extrabajadora de un centro donde residía la menor
La sección quinta de la Audiencia en Vigo ha condenado a once años de prisión a una educadora social por un delito continuado de abusos sexuales hacia una menor del centro tutelado en el que trabajaba. El fallo le impone además otros cinco años de inhabilitación para ejercer cualquier oficio o profesión que suponga contacto con menores, ocho años de libertad vigilada, quince de alejamiento y prohibición de comunicarse con la víctima, el pago de 8.000 euros de indemnización y la obligación a someterse a cursos de reeducación sexual.
Los hechos considerados probados por la sentencia tuvieron lugar entre 2018 y 2019 cuando la menor tenía 13 años. La acusada ejercía como educadora social en un centro de menores del área de Vigo, donde residía la niña cuya tutela estaba en manos de la Xunta. Fue durante esa época cuando la ahora condenada se ganó la confianza de la niña, convenciéndola incluso de que mantenían una relación sentimental y llegando a tener con ella relaciones sexuales. El propio centro abrió un expediente tras detectar un comportamiento sospechoso que derivó finalmente en el despido de la trabajadora. En 2020 se acordó una orden de alejamiento al comprobarse que todavía mantenían contacto.
El proceso sufrió varios contratiempos que dilató la celebración del juicio. Hubo dos suspensiones y tardó cuatro años en sentar en el banquillo a la acusada desde la denuncia. De hecho, la vista había comenzado en septiembre de 2022 en el edificio antiguo de la calle Lalín y no se reanudó hasta un año después, ya en la macrosala de la Cidade da Xustiza, donde se desarrolló a puerta cerrada por orden del tribunal para preservar la intimidad de la víctima.
La educadora negó los hechos que atribuyó a una denuncia falsa por presiones del centro, un argumento que trató de sostener en su declaración en la vista durante cerca de cuatro horas. La sentencia de la Audiencia, no obstante, da total credibilidad al testimonio de la víctima, que habría sido corroborado por otra serie de pruebas llevadas a cabo durante la investigación.
La Fiscalía y la acusación que representa a la abuela de la menor solicitaban once años de cárcel mientras que la acusación particular, ejercida por la Xunta al tener la tutela elevaba la pena hasta los 12 años los 50.000 euros de responsabilidad civil.
