La vista tendría que haberse celebrado el martes en la Audiencia Provincial de Teruel
Piden 12 años para un hombre por conspirar para que un sicario matara a su exmujer
La Audiencia de Teruel ordena su busca e ingreso en prisión al no acudir al juicio
Doce años de prisión es lo que piden tanto la Fiscalía como la acusación particular para el hombre que en 2019 fue detenido en Alcañiz por conspirar presuntamente para que un sicario matara a su exmujer. El acusado, Hendricus M. G., estuvo en prisión provisional durante algo más de un año, y después fue puesto en libertad provisional tras el pago de una fianza, con medidas cautelares para que no se acercase a la víctima. El juicio tenía que celebrarse este martes en la Audiencia Provincial de Teruel, pero no compareció, por lo que el tribunal ha dado una orden de busca y captura para su ingreso inmediato en prisión provisional hasta la celebración de la vista oral.
El acusado es de nacionalidad holandesa y su exmujer e hijos viven en Alcañiz, donde ella regenta una tienda de su propiedad. Cuando ocurrieron los hechos llevaban ya al menos un año divorciados y tres separados. El hombre fue detenido el 9 de mayo de 2019 después de que la hija, menor de edad, encontrase en un móvil que le había prestado su progenitor unos mensajes en los que supuestamente había contactado con un sicario de México. En la conversación que había registrada se revelaba que el asesino profesional iba a viajar a España para matar a la exmujer por encargo del acusado.
La investigación judicial llevada a cabo, basada en pruebas periciales tecnológicas, habría corroborado que la conspiración fue real, ya que el hombre lo niega y apunta al parecer a una conspiración contra él por parte de su exfamilia. Al no celebrarse la vista por su incoparecencia no se pudieron escuchar los informes periciales de la policía judicial ni las conclusiones de las partes, que eludieron profundizar en más detalles al encontrarse el asunto pendiente de juicio si se consigue dar con el paradero del acusado.
El delito del que se le acusa está dentro de los casos de violencia de género, y desde que fue puesto en libertad provisional lleva una pulsera del sistema VioGen, ya que como medida cautelar tiene prohibido acercarse a la víctima. El martes la pulsera no estaba operativa y se encontraba por tanto ilocalizable.
VioGen es un sistema policial que permite el seguimiento y protección de las mujeres víctimas de género, de manera que si el agresor intenta acercarse se dispara una alarma que alerta a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esa pulsera se le puso cuando salió de prisión y quedó en libertad provisional con medidas cautelares de alejamiento para proteger a la víctima.
De hecho, no reside en Alcañiz sino que parece ser que su última residencia se encontraba en Valencia, si bien se dedica a negocios inmobiliarios que tiene no solo en España sino en el extranjero en países como Holanda y Estados Unidos, entre otros.
Al no comparecer en el juicio, tanto la Fiscalía como la acusación particular pidieron su inmediato ingreso en prisión. El abogado defensor manifestó desconocer dónde estaba su representado y se ratificó en su inocencia, por lo que se opuso a la medida solicitada por el ministerio público y la acusación de que se proceda a su detención y envío a prisión. Apuntó que tal vez el dispositivo no funciona bien o falla la batería y abogó por una medida alternativa.
No obstante, tras deliberarlo el tribunal, finalmente la Audiencia Provincial acordó ordenar su busca y captura y su ingreso en prisión provisional para garantizar su presencia en la vista oral cuando pueda celebrarse.
Hendricus M. G. está acusado de un presunto delito de conspiración para el asesinato por precio, es decir, a cambio del pago de un dinero a un sicario al que habría encargado matar a su exmujer. Las pruebas que involucrarían al hombre en este delito serían las conversaciones por mensajería que quedaron registradas en su teléfono móvil al contactar con un sicario mexicano para realizar el crimen.
El ministerio fiscal pide por este delito 12 años de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad de los dos hijos que tuvo la pareja, durante 12 años. Además, pide la prohibición de acercarse a menos de 500 metros a la víctima, y de comunicarse con la misma o acudir y residir en el término de Alcañiz donde vive la exmujer. Solicita esta prohibición durante diez años más a sumar a la pena de prisión, de forma que durante 22 años se mantenga alejado de ella y de su entorno familiar. Por último, solicita una indemnización de 15.000 euros a favor de la víctima.
El abogado de la acusación particular solicita las mismas penas privativas d
e libertad e inhabilitación de la patria potestad, así como de alejamiento, que el ministerio público. En cuanto a la responsabilidad civil por los daños morales causados incrementa la indemnización solicitada a 30.000 euros, el doble de lo que pide la Fiscalía.
El abogado de la acusación particular explicó que las pruebas se basan en que en el móvil del acusado permanecían los mensajes que se había cruzado con el sicario de México para contratarlo y encargarle que matara a su exmujer.
En el momento en que se produjo la detención en mayo de 2019 trascendió, además, que él había planificado supuestamente una coartada para que no se le pudiese acusar, para lo cual tenía previsto ese día viajar a Zaragoza a un gran centro comercial a pasar la jornada y que las cámaras de seguridad lo registrasen para demostrar así que él no había sido.
Los mensajes se encontraban en un móvil que el padre prestó a su hija, al rompérsele a esta el suyo. Sacó la tarjeta previamente pero en el dispositivo quedó grabada la mensajería, que encontró por casualidad la menor y se lo comentó a la madre, que acudió a la Guardia Civil a denunciarlo. Eso permitió a la policía judicial tener acceso a los mensajes y determinar las fechas en las que se habían realizado.
El abogado de la defensa dijo que el acusado asegura que él no hizo el chat en el que aparecen esas conversaciones y que está todo manipulado. Según esta parte, se trataría de una conspiración, y el letrado indicó que cuando se pueda celebrar el juicio pedirá la absolución al solicitar la nulidad de las actuaciones, aparte de otras cuestiones sobre el fondo del asunto al haberse vulnerado la tutela judicial efectiva en su opinión.
La víctima manifestó estar “sorprendida” todavía por lo ocurrido y dijo tener ganas de que todo se resuelva ya después de cuatro años desde que ocurrieron los hechos que tienen que ser juzgados.
La mujer llevaba ya tres años separada del acusado y se habían divorciado en 2018, un año antes de la detención del esposo por la presunta conspiración contra su vida, para lo cual habría contactado con un sicario de México que iba a viajar a España ese mismo mes para ejecutar el encargo. El hombre tenía ya otra pareja en Alcañiz y solo quedaba pendiente la liquidación definitiva del régimen económico con su exmujer, puesto que tienen dos hijos comunes. La niña vivía con el padre en el momento en que descubrió los mensajes en el móvil.
El acusado es de nacionalidad holandesa y su exmujer e hijos viven en Alcañiz, donde ella regenta una tienda de su propiedad. Cuando ocurrieron los hechos llevaban ya al menos un año divorciados y tres separados. El hombre fue detenido el 9 de mayo de 2019 después de que la hija, menor de edad, encontrase en un móvil que le había prestado su progenitor unos mensajes en los que supuestamente había contactado con un sicario de México. En la conversación que había registrada se revelaba que el asesino profesional iba a viajar a España para matar a la exmujer por encargo del acusado.
La investigación judicial llevada a cabo, basada en pruebas periciales tecnológicas, habría corroborado que la conspiración fue real, ya que el hombre lo niega y apunta al parecer a una conspiración contra él por parte de su exfamilia. Al no celebrarse la vista por su incoparecencia no se pudieron escuchar los informes periciales de la policía judicial ni las conclusiones de las partes, que eludieron profundizar en más detalles al encontrarse el asunto pendiente de juicio si se consigue dar con el paradero del acusado.
El delito del que se le acusa está dentro de los casos de violencia de género, y desde que fue puesto en libertad provisional lleva una pulsera del sistema VioGen, ya que como medida cautelar tiene prohibido acercarse a la víctima. El martes la pulsera no estaba operativa y se encontraba por tanto ilocalizable.
VioGen es un sistema policial que permite el seguimiento y protección de las mujeres víctimas de género, de manera que si el agresor intenta acercarse se dispara una alarma que alerta a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esa pulsera se le puso cuando salió de prisión y quedó en libertad provisional con medidas cautelares de alejamiento para proteger a la víctima.
De hecho, no reside en Alcañiz sino que parece ser que su última residencia se encontraba en Valencia, si bien se dedica a negocios inmobiliarios que tiene no solo en España sino en el extranjero en países como Holanda y Estados Unidos, entre otros.
Al no comparecer en el juicio, tanto la Fiscalía como la acusación particular pidieron su inmediato ingreso en prisión. El abogado defensor manifestó desconocer dónde estaba su representado y se ratificó en su inocencia, por lo que se opuso a la medida solicitada por el ministerio público y la acusación de que se proceda a su detención y envío a prisión. Apuntó que tal vez el dispositivo no funciona bien o falla la batería y abogó por una medida alternativa.
No obstante, tras deliberarlo el tribunal, finalmente la Audiencia Provincial acordó ordenar su busca y captura y su ingreso en prisión provisional para garantizar su presencia en la vista oral cuando pueda celebrarse.
Mensajes en el móvil
Hendricus M. G. está acusado de un presunto delito de conspiración para el asesinato por precio, es decir, a cambio del pago de un dinero a un sicario al que habría encargado matar a su exmujer. Las pruebas que involucrarían al hombre en este delito serían las conversaciones por mensajería que quedaron registradas en su teléfono móvil al contactar con un sicario mexicano para realizar el crimen.
El ministerio fiscal pide por este delito 12 años de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad de los dos hijos que tuvo la pareja, durante 12 años. Además, pide la prohibición de acercarse a menos de 500 metros a la víctima, y de comunicarse con la misma o acudir y residir en el término de Alcañiz donde vive la exmujer. Solicita esta prohibición durante diez años más a sumar a la pena de prisión, de forma que durante 22 años se mantenga alejado de ella y de su entorno familiar. Por último, solicita una indemnización de 15.000 euros a favor de la víctima.
El abogado de la acusación particular solicita las mismas penas privativas d
e libertad e inhabilitación de la patria potestad, así como de alejamiento, que el ministerio público. En cuanto a la responsabilidad civil por los daños morales causados incrementa la indemnización solicitada a 30.000 euros, el doble de lo que pide la Fiscalía.
El abogado de la acusación particular explicó que las pruebas se basan en que en el móvil del acusado permanecían los mensajes que se había cruzado con el sicario de México para contratarlo y encargarle que matara a su exmujer.
En el momento en que se produjo la detención en mayo de 2019 trascendió, además, que él había planificado supuestamente una coartada para que no se le pudiese acusar, para lo cual tenía previsto ese día viajar a Zaragoza a un gran centro comercial a pasar la jornada y que las cámaras de seguridad lo registrasen para demostrar así que él no había sido.
Los mensajes se encontraban en un móvil que el padre prestó a su hija, al rompérsele a esta el suyo. Sacó la tarjeta previamente pero en el dispositivo quedó grabada la mensajería, que encontró por casualidad la menor y se lo comentó a la madre, que acudió a la Guardia Civil a denunciarlo. Eso permitió a la policía judicial tener acceso a los mensajes y determinar las fechas en las que se habían realizado.
El abogado de la defensa dijo que el acusado asegura que él no hizo el chat en el que aparecen esas conversaciones y que está todo manipulado. Según esta parte, se trataría de una conspiración, y el letrado indicó que cuando se pueda celebrar el juicio pedirá la absolución al solicitar la nulidad de las actuaciones, aparte de otras cuestiones sobre el fondo del asunto al haberse vulnerado la tutela judicial efectiva en su opinión.
La víctima
La víctima manifestó estar “sorprendida” todavía por lo ocurrido y dijo tener ganas de que todo se resuelva ya después de cuatro años desde que ocurrieron los hechos que tienen que ser juzgados.
La mujer llevaba ya tres años separada del acusado y se habían divorciado en 2018, un año antes de la detención del esposo por la presunta conspiración contra su vida, para lo cual habría contactado con un sicario de México que iba a viajar a España ese mismo mes para ejecutar el encargo. El hombre tenía ya otra pareja en Alcañiz y solo quedaba pendiente la liquidación definitiva del régimen económico con su exmujer, puesto que tienen dos hijos comunes. La niña vivía con el padre en el momento en que descubrió los mensajes en el móvil.
