La Fiscalía pide cerrar el caso de las mascarillas 'fake' de Illa tras un año sin practicar diligencias

La Fiscalía pide cerrar de nuevo el caso de las mascarillas no homologadas por las que un juzgado de Madrid investiga si el exministro de Sanidad y actual líder del PSC, Salvador Illa, pudo incurrir en un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores del sector sanitario durante la primera ola de la pandemia. Casi un año después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenase reabrir la causa, y sin que se haya practicado en todo este tiempo ninguna diligencia adicional a lo solicitado por ese tribunal, el Ministerio Público solicita al Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid que acuerde el archivo de la investigación judicial, según informan a THE OBJECTIVE fuentes de la Fiscalía.

Once meses después de que la Audiencia Provincial reprochase a la Fiscalía haber solicitado dar carpetazo a las actuaciones sin practicar averiguación alguna para esclarecer los hechos, el Ministerio Público se mantiene inflexible en su posición. En un reciente escrito enviado al juez Carlos Valle, según las fuentes consultadas, la Fiscalía defiende de nuevo el archivo de la causa. Y lo hace sin alusión alguna a la «voluminosa» documentación aportada el pasado mes de septiembre por el Ministerio de Sanidad en relación al lote de dos millones de mascarillas no homologadas por las que se investiga al exministro y actual líder del PSC.

Tras la reapertura del caso, el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid requirió hace un año una ingente cantidad de documentos al Ministerio de Sanidad y otros dos organismos públicos, el Instituto de Salud Carlos III y al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Insst). El objetivo era obtener información concreta sobre la gestión del lote de dos millones de mascarillas defectuosas FFP2 N95, de la marca Garry Galaxy, adquiridas por Sanidad como parte de un contrato de 23,8 millones de euros adjudicado a la empresa china Hangzou Ruining Trading, sin publicidad ni licitación previa, al inicio de la pandemia.

El Ministerio de Sanidad tardó nueve meses en enviar la información requerida por el juez Carlos Valle. El expediente completo en referencia a las mascarillas defectuosas no llegó hasta el pasado mes de septiembre y, apenas dos meses después, la Fiscalía pide de nuevo dar carpetazo a la investigación. Según la querella que dio origen al caso -presentada Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM)-, esas dos millones de mascarillas defectuosas fueron utilizadas por médicos y enfermeros en distintos hospitales de España durante el pico más mortífero de la covid-19, en abril del año 2020. El Ministerio de Sanidad habría tardado una semana en retirarlas del mercado pese a que fue alertado de sus deficiencias de seguridad por parte de las autoridades sanitarias de Aragón y la Comunidad Valenciana. No obstante, la Fiscalía sigue sin apreciar indicio alguno de delito para mantener abierta la causa.

La Fiscalía se opone a investigar

Ante los continuados retrasos de Sanidad para remitir el expediente de las mascarillas defectuosas solicitado por el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid en enero de 2023, el juez se vio obligado a enviar varios requerimientos al departamento antes dirigido por Salvador Illa. Nada más recibir los documentos, el magistrado dio traslado de los mismos al Ministerio Público junto a una providencia, fechada el pasado 13 septiembre de 2023, en la que se pedía a la fiscal que analizase las nuevas pruebas y emitiese en un informe su posición respecto de continuar o archivar el caso.

En su nuevo escrito, según afirman fuentes jurídicas y ha podido comprobar este diario, la fiscal recuerda al juez que ya «emitió informe» tanto el 1 como el 14 de febrero pasados. E insiste en que un decreto de la propia fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid acordó el archivo de las diligencias de investigación previas el 28 de enero de 2021 al no apreciarse delito en esa ni otras causas similares en las que se denunciaba a Sanidad por la falta de equipos de protección para funcionarios y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Ministerio Público «se afirma y se ratifica en lo expuesto en ese Decreto» de enero de 2021 por el cual se ha opuesto a investigar también el caso de las mascarillas defectuosas de Illa desde el inicio, según añaden las fuentes jurídicas consultadas. La Fiscalía defiende de esta manera los mismos argumentos jurídicos que lleva sosteniendo desde el inicio de la causa para evitar que se investigue al exministro Illa ni a ningún otro responsable del Ministerio de Sanidad.

«Investigación prospectiva»

El Ministerio Público cree que el objetivo del querellante, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), es desarrollar una investigación prospectiva contra el exministro. «Con el pretexto de la investigación de un delito contra la seguridad de los trabajadores atribuido a Salvador Illa Roca, lo que el apelante pretende es el acceso a determinados expedientes administrativos, documentos, pruebas diagnósticas, informes y datos ilimitados, para indagar de manera prospectiva si existe alguna irregularidad en el proceso de licitación que pudiera atribuirse a una persona que no determina y valorar si tal irregularidad integra algún delito, que tampoco especifica», indicaba el Ministerio Público en un escrito remitido a la Audiencia Provincial de Madrid, al que ha tenido acceso este diario, en octubre de 2022.

Una posición que la Audiencia Provincial reprochó al Ministerio Público en el auto del 15 de diciembre de 2022 por el que se ordenó reabrir la causa. Aquel fallo parecía suponer un nuevo revés para la Fiscalía en este caso. El Ministerio Público había defendido dar carpetazo a la causa, según los magistrados de la Sección Segunda, «apoyándose exclusivamente en el archivo decretado por el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid sobre unos hechos que no guardan relación con los presentes, sin practicar la más mínima diligencia».

Aquel caso, archivado por el Juzgado 53 de Madrid, se había iniciado a raíz de una querella presentada por una asociación de guardias civiles contra el propio Illa y contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no haber facilitado equipos sanitarios de protección a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La denuncia se archivó «al considerar que los hechos denunciados carecían de la debida concreción respecto a las circunstancias en que se habían producido».

La Fiscalía ignora el varapalo

Sin embargo, los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid no vieron similitudes entre el caso Illa y la causa aludida por la Fiscalía: «En el presente caso, los hechos que contiene la querella identifican la partida de mascarillas y ofrecen datos concretos de su utilización en algunos hospitales de la Comunidad Valenciana, que son los datos de que disponían los querellantes, por lo que de ningún modo puede hablarse de una investigación prospectiva. La recepción de las mascarillas fake y su distribución fueron además hechos notorios».

Un año después, la Fiscalía vuelve a pedir que se archive el caso Illa tras haberse limitado a observar cómo se practicaban las nuevas diligencias de investigación solicitadas por la Audiencia Provincial. En su resolución, los magistrados de la Audiencia Provincial ordenaban al Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid las diligencias concretas que se deben practicar, «a fin de que comience la investigación penal».

Por un lado, se pedía dirigir sendos oficios al Instituto de Salud Carlos III y al Instituto Nacional de Seguridad y Salud de en el Trabajo (INSST) para que expidan certificación de los análisis de las mascarillas objeto de la querella. «Con expresión de la fecha de solicitud de análisis y organismo que lo encarga, fecha de recepción de las muestras, fecha y persona que emitió el informe, y fecha y organismo al que se hubiese remitido», indicaba el auto. Además, se ordenó dirigir al Ministerio de Sanidad un oficio para que aporte información sobre los acuerdos de distribución y entrega a las Comunidades Autónomas de las mascarillas no homologadas que fueron adquiridas a la empresa china.

También se solicitaba pedir todas las comunicaciones y documentación recibida con los responsables de las comunidades autónomas a las que se ordenó retirar las mascarillas, entre ellas Aragón y Cataluña, una vez que el Instituto Carlos III y el INSST se percataron de que estas no cumplían con la seguridad requerida para los sanitarios expuestos al covid-19 en la primera ola de la pandemia. Los magistrados de la Sección Segunda consideraban esencial la práctica de esas diligencias «a fin de que comience la investigación penal» sobre unos hechos que fueron denunciados en abril de 2020, y que han sufrido un largo periplo por distintos tribunales de España, sin que hasta ahora hayan sido analizados en profundidad por la Fiscalía.