Hasta que la deuda nos separe

Todos hemos tenido ese amigo que siempre se pide las consumiciones más caras pero que, a la hora de pagar, es un experto en realizar medias aritméticas. Son personas que suelen disfrutar de la vida por encima de sus posibilidades y buscan la solidaridad ajena pero no la propia, siempre andan sin blanca, muy endeudados, esperando a cobrar la siguiente nómina.

Supongamos que en una cena de empresa estamos 15 compañeros junto al jefe y uno se pide lo más caro de la carta, los mejores vinos, platos, postre y copa, pero cuando llega la dolorosa, es el primero en sacar la calculadora para pagar a medias, pero el resto acuerdan que cada uno pague lo que ha consumido. Como no dispone de dinero para afrontar sus gastos, nos dice que los demás pongamos lo que falta, lo que ya despierta las críticas, pero es peor, si el jefe decide que lo de ese comensal lo paga la empresa, sabemos lo que va a ocurrir.

Pues bien, uno de los temas más debatidos de los últimos días es la exigencia de condonación del 20% de la deuda que Cataluña tiene con el Estado que, a través del FLA, ha prestado a las regiones ante la dificultad de financiarse en los mercados. En total, las CC.AA. deben más de 327.000 millones de euros de los que casi el 60% es deuda con el Estado, donde Cataluña lidera con un importe de 86.800 millones de euros y con el Estado 73.110 millones, es decir, que cada hogar catalán debe unos 28.000 euros sin saberlo.

El origen del problema está en la barra libre del FLA a las CC.AA. sin una rigurosa auditoría de los gastos financiados, mientras llevamos años con una esperada reforma del sistema de financiación autonómica, que sigue en vía muerta. Ni que decir tiene, que los culpables de las deudas no son los ciudadanos sino sus gestores políticos.

Y esta medida, de llevarse a cabo, no es un juego de suma cero, pues alguien debe pagarlo, a pesar de que algunos políticos creen que nunca se paga la deuda, y por eso no deja de aumentar. Condonar la deuda de cualquier región representa una subida encubierta de impuestos para el resto de ciudadanos porque, tarde o temprano, la pagaremos, unos más que otros por la progresividad fiscal. Igualmente, envía un mensaje negativo a los mercados, pues como los trileros, se traspasa la bolita del riesgo al Estado, así como la obligación de pago del principal y sus intereses, ahora al alza, afectando a la calificación crediticia española y dificultando el acceso de a la financiación internacional.

Además del efecto sobre la prima de riesgo o la inseguridad jurídica que ahuyenta a los inversores, se abre la caja de los truenos, porque el resto de regiones, con todo el derecho, exigirán una compensación equivalente, unas cuantías a tanto alzado, en las que reinará la disconformidad de unos y otros. Pero aún peor, intensificaría el riesgo moral en la gestión, por el que algunos políticos podrían comenzar a endeudarse con el Estado protector, a sabiendas de que terminarán siendo salvados.

Conceder privilegios a una parte del territorio, es discriminatorio y rompe con el principio de igualdad, creando ciudadanos de primera y segunda, erosionando nuestra calidad democrática, y el crecimiento económico, agitando un avispero de tensiones sociales que fractura la cohesión territorial. Lo mejor es que cada palo aguante su vela y, mucho mejor, que tengamos políticos responsables que no derrochen ni gasten por encima de nuestras posibilidades, endeudándonos de por vida, a sabiendas de que su mala gestión no les pasará factura.

Al final, la deuda es una obligación de pago que no puede desaparecer por arte de magia, alguien tiene que pagarla, lo justo que sea quien la genera, no se volatiliza como piensan algunos pues no es magia, serán tus impuestos.