Los socios del PSOE dan por hecho que la ley de amnistía no hablará de ‘lawfare’ ni incluirá casos de corrupción

El texto de la ley de amnistía, que se prevé registrar el próximo lunes en el Congreso, no incluirá casos de corrupción. Aunque todavía se están puliendo aspectos “técnicos” de la norma con el objetivo de cerrarla en las próximas horas, los socios del PSOE también dan por hecho que no hablará de ‘lawfare’ sobre la supuesta guerra sucia judicial contra el independentismo. Así lo deducen desde los grupos que no han negociado directamente la amnistía por los mensajes que se les están transmitiendo desde el PSOE, a la espera de recibir el texto definitivo.

Estos socios parlamentarios habían mostrado reticencias a plasmar su firma en el texto después de que se especulase con la pretensión de Junts de incluir casos no directamente vinculados al ‘procés’. Incluso ERC avanzó que revisaría el texto pactado con los posconvergentes para evitar el extremo de abarcar casos que "no se enmarcan en el proceso independentista". Con todo, y pese a los mensajes recibidos durante las últimas horas por parte de los socialistas, tanto el PNV como EH Bildu y BNG esperan a conocer el texto final para pronunciarse.

El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, acotaba este viernes el alcance de la ley “a todas las personas con causas penales, administrativas o contables derivadas o vinculadas al proceso soberanista". Desde 2012 hasta 2023. En una entrevista en La Sexta, el encargado de manejar con los socios parlamentarios este asunto, concretaba sobre el ‘lawfare’ que “lo que esté dentro del proceso soberanista será amnistiado y lo que esté fuera no. Eso lo tiene que decidir un juez, nosotros no tenemos nada que decir".

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Desde Ferraz explican que el ‘lawfare’ dependerá de las conclusiones de dos comisiones de investigación en el Congreso pactadas con los independentistas. Todavía sin constituir y que contendrán recomendaciones legislativas en caso de analizar y detectar casos de uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política. Este es el marco del acuerdo político firmado el pasado jueves entre PSOE y Junts.

“Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura [sobre el ‘caso Pegasus’, las llamadas “cloacas del Estado” y los atentados del 17A] se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto de 'lawfare' o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”, recoge el acuerdo. Se dejaba así entrever que el ‘lawfare’ no formaría parte de la ley de amnistía, sino que su aplicación se estudiaría a posteriori de registrarse y aprobarse la medida en el Congreso.

Rechazo de los jueces

Todas las asociaciones de jueces, tanto progresistas como conservadoras, han arremetido en un comunicado conjunto contra la inclusión de esta referencia en el acuerdo político, que no en el texto de la amnistía. Según manifiestan, “las inadmisibles referencias, que lo son tanto semántica como sustantivamente, al ‘lawfare’ contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts con la finalidad de facilitar la investidura y, especialmente, frente al anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan 'responsabilidades' derivadas" de ello, "nos hacemos eco y compartimos el frontal rechazo a tales iniciativas”.

Los socialistas han respondido que el acuerdo “no prevé la creación de comisiones de investigación con el objetivo de detectar casos de ‘lawfare’". Asimismo, avanzan que “el Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial” ni que tampoco va a fiscalizar a los jueces. “Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado”, argumentan. La intención de los socialistas, que comparten el resto de aliados de investidura, es que la amnistía sea impecable desde el punto de vista de la seguridad jurídica, tanto para tener luz verde del Tribunal Constitucional, como para que no sea un coladero de causas no relacionadas directamente con el ‘procés’ independentista.

El PSOE espera que todos los socios del bloque de investidura, a excepción de Coalición Canaria, firmen la proposición de ley. No garantizan por el momento que puedan enviar el texto este sábado para su análisis, pero sí se marcan como plazo máximo la noche del domingo para poder registrar la ley el lunes.

Reunión de la Mesa del Congreso

De cumplirse este calendario, las bases del Junts votarían en consulta interna para validar el acuerdo de investidura con el PSOE sin conocerse todavía el redactado de la ley de amnistía. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, tiene previsto anunciar el lunes la fecha del pleno de investidura para los próximos 15 y 16 de noviembre.

El acuerdo con los independentistas es que la norma esté calificada antes de la investidura. Iniciar su tramitación como pago por adelantado. La presidenta del Congreso ha convocado una reunión de la Mesa el próximo martes por la mañana en la que se podría calificar la ley.