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El caos en la concesión de las becas comedor de Madrid provoca un sobrecoste de 17 millones

El Gobierno de Ayuso sube el presupuesto tras dar la ayuda a todos los solicitantes, cumplieran o no los requisitos, por los problemas con el nuevo sistema de solicitud

Ayuso Madrid Becas Comedor
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la presentación de los nuevos proyectos sanitarios que albergará el Hospital público Enfermera Isabel Zendal, a 5 de octubre de 2023, en Madrid (España).Isabel Infantes (Europa Press)
Juan José Mateo

El caos en la concesión de las becas comedor de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, le costará al Ejecutivo un esfuerzo extra de 17,2 millones de euros, según recoge este lunes el Boletín oficial regional (BOCM). Así, la Consejería de Educación se ha visto obligada a elevar de 39,2 millones de euros a 56,4 el presupuesto de esa partida ante los problemas detectados en el inicio del curso, cuando un cambio de sistema multiplicó los errores en las solicitudes y amenazó con dejar sin esta ayuda a familias vulnerables. Para solucionar el problema, el Gobierno decidió conceder la beca a todos los solicitantes que habían registrado su petición en plazo, independientemente de que cumplieran o no los requisitos. Cubrir esa demanda implica aumentar un 44% el presupuesto.

¿Qué es lo que ha ocurrido para que los solicitantes arrancaran el curso sin saber si tendrían derecho a la beca?

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso atribuyó la demora en la resolución de las solicitudes a la implementación de un nuevo sistema digital que se estrenó este curso 2023-2024. Así, el sistema de precios reducidos y exenciones de pago que se venía utilizando hasta ahora cambió a otro de becas de concesión directa. Sin embargo, el nuevo mecanismo ha ocasionado que muchas de las solicitudes presentaran defectos de forma o requerimientos por error en el periodo de subsanación.

Por ejemplo, se reclamaba a madres solas que subsanaran la solicitud por no constar el padre en el libro de familia o no haber presentado una sentencia de divorcio.

Estas dificultades provocaron críticas de diferentes organizaciones, como la FAPA Giner de los Ríos, que aseguró que “la normativa salió mal redactada y los parches posteriores no han solucionado las graves lagunas creadas”, o Comisiones Obreras (CC OO), que acusó al Ejecutivo de dar “bandazos” con sus decisiones.

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El incremento ahora decidido, que fue aprobado en el consejo de gobierno de la pasada semana, permitirá que todas las familias que hayan pedido la ayuda directa este año, más de 107.000 dentro del plazo de admisión de solicitudes, sean beneficiarias durante todo el periodo lectivo, indican en la Consejería de Educación Ciencia y Universidades. La decisión impulsada por el departamento que dirige Emilio Viciana tiene efecto retroactivo al comienzo del curso.

No obstante, el Gobierno regional no parece tener claro qué esfuerzo económico supondrá realmente esta apuesta.

“Este crédito podrá ser incrementado en el caso de que existan solicitudes que reúnan los requisitos establecidos en las normas reguladoras y no puedan ser atendidas con el crédito previsto en el párrafo anterior”, se lee en la orden publicada este lunes en el BOCM.

El menú escolar en la Comunidad cuesta 979 euros por curso (5,5 euros al día) y existen dos tipos de ayudas comedor en función de la renta y de ciertas características, como ser refugiado o víctima del terrorismo: a los grupos más necesitados se les garantiza el 100% del precio del almuerzo y otros abonan un copago.

La Comunidad dejó pasar un mes entre el arranque del curso y la decisión de universalizar las becas comedor. Ese tiempo llenó de angustias y hambre a muchas familias que tienen en la comida del colegio el principal sustento de sus hijos.

Sin embargo, el retraso en la concesión de las becas comedor no es un caso único en la Administración regional. Por ejemplo, ya es tradición que las peticiones de becas para cursar Educación Infantil, FP o Bachillerato en centros privados se resuelvan cuando el curso ya ha empezado, lo que obliga a las familias a decidir dónde matricularán a sus hijos sin saber qué coste les supondrá.

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Sobre la firma

Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.
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