La respuesta al perdón del "procés" ahonda la división en el Poder Judicial

El acuerdo entre el Gobierno de coalición (PSOE-Sumar) y los independentistas para aprobar una ley de amnistía ha supuesto el enésimo factor de división tanto en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –situado en una anomalía institucional sin precedentes, a punto de cumplir cinco años en funciones y con las competencias limitadas– como entre las asociaciones de jueces, que la semana pasada evidenciaron un enfrentamiento insólito a cuenta de lo que la denominada derecha judicial ha llegado a calificar de «principio del fin de nuestra democracia».

La división se evidenciará hoy en el pleno que el presidente interino del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte, ha convocado a petición de ocho vocales de los designados a propuesta del PP, los mismos que bloquearon durante semanas la designación de dos magistrados para el Tribunal Constitucional que ahora, con mayoría progresista, tendrá en su mano analizar un más que previsible recurso contra la futura ley de amnistía.

Estos ocho vocales aspiran a que el Consejo apruebe una declaración institucional que exprese la «intensa preocupación y desolación» del órgano por la ley de amnistía que el PSOE está ultimando con ERC y Junts. El sector más progresista de la judicatura, asociado en Juezas y Jueces para la Democracia, considera que esta postura «servilista» con la oposición no contribuye más que a «embarrar la judicatura».

Para que la declaración propuesta salga adelante los vocales proponentes necesitarían de al menos uno de sus dos compañeros del bloque conservador que no han suscrito la propuesta: el propio Guilarte o el vocal y también magistrado del Supremo Wenceslao Olea, que no siempre se alinea con este grupo. Una muestra más de que los bloques conservador y progresista ya no existen en el seno del órgano de gobierno de los jueces, porque hace tiempo que ninguna de las dos sensibilidades vota al unísono ninguno de los asuntos sobre los que deben pronunciarse.

Tampoco las posturas de los seis progresistas, si bien se sitúan en contra de la declaración institucional, son del todo coincidentes. El vocal y exdiputado socialista Álvaro Cuesta anunció ayer que no acudirá a la reunión, algo que no secundan otros compañeros de sector.

El asturiano Cuesta presentó este domingo una petición por escrito para que se suspenda el pleno, al considerar que «es ilegal y podría ser delictivo», puesto que la declaración es un pronunciamiento político que no entra dentro de las atribuciones del CGPJ. Fue más allá y calificó las pretensiones de los vocales conservadores de «ultraje a la Constitución», según indicó a LA NUEVA ESPAÑA.

En el escrito se llega a afirmar  que la reunión coloca a los vocales del Poder Judicial como «sublevados» frente al Parlamento. Añade que la «proclama» o alocución que se pretende aprobar por el Pleno del CGPJ, «a modo de panfleto político, se deshace en descalificaciones muy graves tales como que la declaración del presidente del Gobierno supone una ‘degradación, cuando no abolición’, del Estado de derecho en España». Además, «se descalifica y ataca una eventual proposición de ley de amnistía, aún no presentada ni registrada en el Congreso, y los eventuales acuerdos políticos o decisiones parlamentarias sobre la posible investidura del presidente de Gobierno, calificándola de ilegal e inconstitucional».

Cuesta considera que la propuesta «es una muy grave irresponsabilidad y podría contribuir, fomentar, promover o incitar la crispación política, social o institucional, generando alarma social, ataques a las instituciones democráticas o desórdenes públicos, además de usurpar atribuciones de fiscalización que no le corresponden al CGPJ, interfiriendo además de forma grosera en el debate de investidura y, en su caso, condicionando la independencia y actividad de los jueces y tribunales».

Según Álvaro Cuesta, hay algún vocal más que se está planteado no ir al pleno, aunque en puridad, añadió, «no existe un grupo de vocales progresistas, ya que los así considerados así muchas veces difieren en sus planteamientos», cosa que no ocurre con el bloque conservador, que «maneja de manera burda expresiones propias del PP». Cuesta considera que con el pleno de hoy se incumple la propia ley orgánica del poder judicial, al tratar un asunto que no es de su competencia.

El enfrentamiento se ha trasladado a las asociaciones profesionales de jueces, que representan a quienes serán, en último término, los encargados de aplicar la amnistía a los procedimientos que se vean afectados. La mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha llega a cargar contra Sánchez por haber argumentado que la amnistía se adoptará en «interés de España».

Al otro lado, Juezas y Jueces para la Democracia, en un claro reproche a los miembros de la APM que forman parte del Consejo, considera que estos y los vocales que les secundan incurren en «un abuso de las atribuciones legales que ostentan y una desviación de la legítima función de ese órgano», así como «una invasión clara de la función jurisdiccional» que corresponde al Tribunal Constitucional.