La caída de la mayor red de peleas de perros de España: “Hasta los cachorros estaban destrozados”

Febrero de 2017. Sábado por la tarde. Güímar. Varias decenas de agentes de tres unidades distintas de la Policía Nacional irrumpen en una finca donde dos pitbulls pelean hasta la muerte en apuestas de miles de euros. La operación policial se repite en los días posteriores y termina con más de 30 detenidos y 236 perros rescatados en Canarias, Madrid, Alicante y Murcia. Un operativo inédito contra la explotación de perros para peleas clandestinas, con ramificaciones internacionales, ha terminado con 21 personas condenadas a penas que no implican su entrada en prisión. Ahora, los tribunales han ordenado reconsiderar la absolución de un veterinario implicado: la trama entrenaba y dopaba a los animales para que rindieran más en el ring.

Las dos sentencias del caso, examinadas por este periódico, revelan que detrás de esta pelea había un grupo criminal que controlaba todo el proceso que lleva a un perro desde su nacimiento hasta terminar muerto en una bolsa de basura en un barranco. Explotaban sexualmente a los perros para que tuvieran crías, dopaban y entrenaban a los perros con sustancias y cintas de correr para ponerlos a punto para las peleas y después les hacían luchar para seleccionar a los mejores. A los que irían a las peleas más importantes donde era necesario llevar miles de euros en efectivo encima para hacer frente a las apuestas.

Después de inyectarles sustancias dopantes y hacerles entrenar, los pitbulls eran llevados a “topas” para comprobar su “bravura”. Si sobrevivían a ese primer examen, el siguiente paso eran las “fiestas”, convenciones o eventos a nivel nacional para que los mejores animales pelearan hasta la muerte mientras sus dueños ganaban o perdían miles de euros. De ahí, supuestamente, el siguiente escalón era a nivel internacional, según reconocieron algunos acusados, pero el voluminoso sumario de más de 20 tomos se quedó en esa frontera. Tenían incluso un policía local entre sus filas que criaba perros y organizaba los eventos.

La redada de Güímar interrumpió una de estas “fiestas”, donde los dueños de los perros estaban obligados a dejar el móvil en la puerta para evitar a los investigadores. Cuando los agentes irrumpieron en la finca, uno de los perros ya había muerto. Las peleas, dicen los jueces, no acababan hasta llegar a “la aniquilación” de uno de los perros. Así lo atestiguaban los “huesos y cráneos de animales muertos” encontrados. Allí había, incluso, dos menores de edad viendo cómo el cuerpo “aún caliente” de uno de los animales era metido en una bolsa de plástico.

Para entonces la Policía ya llevaba varios meses investigando y pinchando teléfonos: denuncias anónimas de protectoras y vecinos del norte de Madrid habían alertado de la presencia de criaderos en Fuente el Saz. La operación policial se saldó con 34 detenidos y 236 perros encontrados. La mayor parte en Canarias (91) pero también en Madrid (39), Alicante (52), Murcia (36) y Málaga (18). Algunos eran cachorros y la mayoría estaban en un estado lamentable y tenían todo tipo de cicatrices como recuerdo de las peleas y maltrato al que eran sometidos desde su nacimiento.

“Estaban todos destrozados”

Es habitual que sean las protectoras las que se hagan cargo de los animales rescatados en operaciones policiales, y en este caso fue Salvando Ángeles sin Alas la que consiguió cuidar y rehabilitar a decenas de perros. Una de sus portavoces, que pide mantenerse en el anonimato, era voluntaria en 2017 y vivió el proceso en primera fila: “Estaban todos destrozados. Todos. Venían con unas heridas brutales, todos tenían cicatrices, hasta los cachorros. Perras que eran mamás muy jóvenes, reventadas a criar, y aun así recién paridas echadas a pelear también. Todos y cada uno de los animales destrozados, no había ninguno que se salvara”, recuerda a preguntas de este periódico.

Algunos animales no pudieron ser salvados. Por ejemplo, los que contrajeron parvovirus. Solo una perra sobrevivió, una presa canaria de 60 kilos que, a día de hoy, es la más sociable. “Durante estos años no ha hecho más que comerse a besos a todo el mundo, es la que usábamos para demostrar que los perros que viene de situaciones muy complicadas vuelven a confiar en el ser humano”, cuenta esta portavoz.

También explica que un animal sometido a malos tratos y tortura durante años puede volver a tener una “vida normal”. El miedo a los humanos que les inculcan sus captores, a los que se refiere como “estos desgraciados”, hace que no ataquen a sus libertadores. “Por suerte todos se dejaban curar maravillosamente, todos eran bastante sociables con la gente”, aunque vivían “aterrados”, relata. “Se cagaban de miedo, se meaban encima de miedo solo por verte entrar, por escucharte”. Pero, zanja, es posible recuperarles: “Tenemos perros adoptados con una vida normal y son felices. Les quedan las cicatrices pero lo demás, por suerte, lo olvidan”.

Un pacto para evitar la cárcel

Los sumarios judiciales por maltrato animal no suelen traducirse en grandes juicios y no es común que alcancen el volumen que llegó a tener esta causa: cinco años investigando, más de 20 tomos y finalmente 23 personas en el banquillo de los acusados en un juicio que duró varios meses en la Audiencia Provincial de Madrid. El Código Penal no recoge condenas para el maltrato animal que impliquen la entrada obligatoria en prisión, pero este caso era diferente: además de maltrato animal continuado había acusaciones por organización criminal. Algunas peticiones de prisión superaban los siete años de presidio.

Esa previsión cambió cuando la mayor parte de los acusados llegó a un acuerdo con la Fiscalía. Reconocer los hechos y consignar un dinero que las asociaciones que se hicieron cargo de los perros consideran “irrisorio” en comparación con lo que les costó cuidar de los perros heridos y maltratados. El resultado: condenas por hasta tres delitos pero que, en su conjunto, no superaban la línea roja de los dos años de cárcel para entrar obligatoriamente en prisión. Según fuentes del caso, ninguna condena se ha ejecutado y los pocos que cumplen entre rejas lo hacen porque ya estaban en la cárcel por otra causa distinta.

No es habitual que las condenas dictadas tras un acuerdo se recurran, pero varios acusados llevaron esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En la mayoría de los casos cuestionaban su condena en costas, pero uno de los cabecillas de la trama recurría su condena completa. Reconoció todo pero cuando parecía que el pacto estaba hecho, este acusado pidió la absolución en el juicio, argumentando que lo que hacía en España con los perros no era delito en otros países donde realmente tenía su negocio.

La respuesta del Tribunal Superior de Madrid ha sido confirmar todas las condenas e, incluso, ordenar a la Justicia que reconsidere una absolución: la de un veterinario de Canarias acusado de colaborar con el grupo criminal en el mantenimiento y dopaje de los perros. Dos veterinarios fueron absueltos por falta de pruebas pero, en el caso de este, el TSJ considera que los indicios contra él son fuertes. Recetas con su firma, tratamientos a los perros y pinchazos telefónicos en los que los cabecillas reconocían que sabía lo que hacían con los animales: “Es el único veterinario que me pasa cualquier cosa para mis perros, él sabe a lo que me dedico, por eso hay que tenerlo como orito en paño”, decía uno de los acusados sin saber que al otro lado de la línea había un agente de Policía Nacional.

Las pruebas apuntan a este dopaje de los animales. En casa del policía detenido y condenado, por ejemplo, se intervinieron jeringuillas, viales, recetas médicas y tijeras quirúrgicas además de instrumentos como collares de descarga.

La ramificación internacional

El caso, por tanto, no ha sido sentenciado en firme todavía. Tanto por la orden de repetir los argumentos de absolución del veterinario como por los recursos que defensas y acusaciones han anunciado que interpondrán ante el Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra. Lo que no se examinará será la ramificación internacional del caso después de que el propio cabecilla reconociera que el verdadero negocio de las peleas de perros, la última parada, estaba fuera de España: “Llevaba a cabo sus actividades comerciales en amplias zonas del globo terráqueo”, reconocen los jueces.

Formaba parte de su línea de defensa: afirmar que el destino de los animales era un país donde las peleas de perros no están prohibidas. Eso, dicen los jueces, no convierte el maltrato organizado y continuado de perros en algo legal en España: “El entrenamiento de los perros para ese fin y el tratamiento de los mismos para conseguir los mejores ejemplares constituye en sí mismo un maltrato habitual”, dijo la Audiencia Provincial. El acusado lo comparaba con la crianza de toros bravos en Portugal destinados a corridas de toros en España.

La cría también era criminal. En las fincas, los agentes encontraron potros de monta explotados sexualmente para la cría: “Las hembras eran sujetadas para someterlas a la penetración por parte del macho”, relata la Justicia. Uno de los perros, cuando dejó de servir para las peleas, empezó a servir “exclusivamente como semental, encerrado en una jaula sin relación con otros perros más allá de la puramente sexual”.

Los términos que usaban los acusados en las conversaciones intervenidas refuerzan esa idea de un circuito internacional de peleas ilegales de perros que no se quedaba, por tanto, en Canarias, Madrid, Alicante o Murcia. Un perro era “un Gran Champions” y otro era un “2xWinner de Serbia”.

“Mueven unas cantidades abismales”

La portavoz de la asociación que se hizo cargo de los animales explica que las cantidades consignadas por los acusados, que ha ayudado a que sus condenas sean más bajas, no cubren ni una porción del dinero y recursos invertidos en esos perros. “No cubre nada, absolutamente nada, 1.500 euros nos gastamos en las urgencias de uno de los perros. Si a ellos les salen las cuentas, que me digan para ir yo también”, lamenta. Mantener a un perro solo con comida y visitas al veterinario cuesta alrededor de 500 euros al año. En estos animales, calcula, han invertido entre 40.000 y 60.000 euros.

Lamenta en este punto la falta de ayuda de las instituciones públicas. En su momento fueron ayudados por otras protectoras, pero denuncia que a nivel institucional “nadie se preocupó por ellos. No son cosas incautadas, no es cocaína que la dejas en un armario los años que dure el proceso judicial y ya está”. Hay que cuidarlos y mantenerlos con vida.

Las peleas de perros, explica, están más extendidas “de lo que la gente se cree” y no se ciñen a “algún barrio marginal”. “Pasa prácticamente todas las semanas en muchas partes de España a la vez”, relata. Los polígonos de Madrid, por ejemplo, “están llenos de peleas de perros”, denuncia. “Imagínate Andalucía, que hasta hace nada era legal”. Pero cuando las investigaciones apuntan a niveles superiores se encuentran cruces de líneas entre campeones de peleas y “semen de perro de pelea vendido por 80.000 euros, es una locura”.

“Las peleas callejeras que te roban al perro del supermercado y le echan a pelear mueven un dinerillo, pero no son lo que hace esta gente, eso está muy organizado y preparado y mueven unas cantidades abismales”, alertan desde la protectora sobre organizaciones como las condenadas en esta sentencia. “Se dedican a esto a otro nivel, muy por encima de lo que sé y comprendo, personas organizadas a nivel internacional con veterinarios y policías para mover a los perros por el mundo”.

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