Ayuso no medicalizó las residencias de Madrid porque dio prioridad al hospital de Ifema: Radio Madrid accede a la primera declaración judicial del autor de los 'protocolos de la vergüenza'

Madrid

La Cadena SER en Madrid ha tenido acceso a la primera declaración de Carlos Mur, ex alto cargo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ante el juzgado de Plaza de Castilla en marzo de 2023. Se trata del alto cargo del Gobierno de la Comunidad de Madrid que firmó los llamados "protocolos de la vergüenza", las órdenes dictadas por la Consejería de Sanidad para prohibir el traslado al hospital de los mayores que vivían en una residencia y que enfermaron de COVID durante la primera ola de la pandemia. En esa declaración grabada, Mur admite ante al juez que fracasó la idea de medicalizar las residencias porque, entre otras cosas, los recursos que había se dirigieron a otros puntos. "La canalización de medios a otros dispositivos que se estaban abriendo no permitió contar con medios para medicalizar las residencias como debía", asegura quien fuera director de coordinación sociosanitaria en ese momento. Y cita expresamente Ifema, donde se levantó un hospital de campaña en las primeras semanas de la pandemia, en marzo de 2020.

En su declaración judicial, Mur explica también que tan solo se trasladó a ese hospital de Ifema a 23 ancianos procedentes de dos residencias de Villaviciosa de Odón y Collado Villalba. Todos ellos fueron dados de alta en apenas unos días. Según su testimonio, no se admitió a nadie más porque "no contaban con medios para atender a este tipo de enfermos". Y explica así por qué tomaron esa decisión: "Los geriatras me transmitieron que iba en contra de los principios de la bioética enviar a alguien a morir a un servicio de urgencia saturado o un pasillo en lugar de intentar darle confort y todo el tratamiento en su lugar habitual".

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Los protocolos eran "recomendaciones"

El alto cargo del Gobierno de Ayuso justifica también la existencia de los protocolos dentro de un contexto "propio de una catástrofe". Mur le explica al juez que, en estas circunstancias, "hay que aplicar protocolos en los cuales se trate al paciente donde más puede beneficiarse de dicho tratamiento". Por tanto, había que utilizar los recursos para personas con mejor pronóstico. Dice que hay estudios posteriores que acreditan que el traslado a hospitales no salvó vidas. Acorde a ese informe, el 42% de los enfermos de COVID trasladados al hospital fallecieron frente al 46% de los que se quedaron en la residencia, aunque no explica las condiciones en las que murieron quienes no recibieron atención hospitalaria.

Carlos Mur insiste en que los protocolos dictados por la Consejería de Sanidad eran solo "recomendaciones", descargando de esta forma la responsabilidad en los médicos que no permitieron el ingreso de los mayores. Según su testimonio ante el juez, esos documentos se redactaron para que los médicos no tuvieran que decidir algo tan dramático como con quién utilizaban los recursos sanitarios que escaseaban.

El que fuera alto cargo de la administración madrileña durante la primera ola de la pandemia señala además que no hubo consenso entre los geriatras, pero que decidieron seguir adelante con los protocolos propios de la "medicina de catástrofe".