Los latinos claman, tras la tragedia de Murcia, por su "derecho a un ocio y tiempo libre seguros"

"Trece monos menos calcinados". Es el título de una reseña que un usuario dejó en Google sobre la sala Teatre después del incendio que tuvo lugar hace una semana y en el que perdieron la vida trece personas de origen nicaragüense, colombiano y ecuatoriano. Por si el disparate no fuera suficiente, el individuo comentó: "Han salido calcinados de ahí unos cuantos, ¿no? No pasa nada... Trece subsidios menos que mantener". Añadió, incluso, emojis sonrientes.

El texto se publicó cuando las familias de las víctimas aún se preguntaban si su ser querido estaba entre los cadáveres, mientras esperaban las pruebas de ADN que terminaron por confirmar lo peor.

Que el energúmeno le diera la peor puntuación al local es lo de menos. La cruel reseña terminó siendo eliminada por su autor, pero no antes de que las capturas de pantalla se compartieran entre los móviles de miles de personas, especialmente de la comunidad latina. Así llegó a la delegación de la Asociación Rumiñahui en Murcia, que defiende y reivindica los derechos de las personas migradas.

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Vladimir Paspuel es su presidente y anda a caballo entre Madrid y la Región de Murcia, donde sabe que reside un buen número de personas de la comunidad latina, en torno a los 60.000, según aparece en el censo del INE. De ellas, 9.000 son colombianas, 16.000 ecuatorianas y 3.700 nicaragüenses, las tres nacionalidades de los fallecidos en los incendios.

"Buena parte de la sociedad española y murciana nos quiere como trabajadores del campo, pero no nos ven ocupando espacios comunes", lamenta. Se refiere al hecho de que Atalayas, otrora zona de fiesta de referencia en la ciudad, se haya convertido en la última década en una zona abandonada y frecuentada en buena parte por latinos, sobre todo algunos establecimientos en concreto, como Fonda Milagros. "Este es nuestro país también. Nos estamos dejando la vida. ¿A cambio de qué, de espacios inseguros? Tenemos derecho al ocio y tiempo libre seguros", afirma.

Paspuel denuncia la existencia de un denominador común en varias ciudades españolas. Polígonos industriales que quedan en desuso, naves que se alquilan a un precio muy bajo y llegan a quedarse al margen de la ley. Lo grave es que, en algunos casos, las medidas de seguridad son insuficientes y "los papeles no están regla", como se ha visto en el caso de Murcia. Al final, añaden desde Rumiñahui, los municipios terminan "mirando hacia otro lado".

Estos lugares, más baratos en muchas ocasiones, son más accesibles para los latinos. No solo por los precios. Carlota García, coordinadora de Murcia Acoge en el municipio, explica que muchas de estas personas acaban en lugares pensados para ellos porque "no tienen problemas de acceso". En ciertas discotecas del centro, o más populares entre la población autóctona, ponen pegas a la entrada de población inmigrante, sobre todo cuando se trata de árabes. "Ayer me llamó un chico marroquí con este problema", cuenta. El portero, asegura, le dijo directamente que allí "no entran moros". Así, añade, "se fomenta" la creación de guetos de ocio.

Otro hándicap con el que se encuentran algunos migrantes a la hora de salir de fiesta depende de su situación legal en España. "Si no tienen papeles, acuden a lugares menos vigilados", dice García.

Ocho de los trece fallecidos son colombianos. Laudes Parra, portavoz de la asociación Colombianos Unidos, sigue indignada. "Nadie avisó a Fonda de que había un incendio, y eso que puede que el fuego comenzara en Teatre". Lo dice tras haber visto el vídeo en el que se aprecian los conductos de ventilación de esta última discoteca en llamas. A Laudes, que ha trabajado en la hostelería en La Manga y en Los Belones, le llama mucho la atención el abandono de Atalayas, con mucha menos "seguridad y policías".

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La indiferencia con la que se trata, en ocasiones, a la comunidad latina le duele. "Estamos en este país para trabajar, dándole amor a las personas ancianas que no le dan ni sus propios hijos. No nos merecemos el trato que recibimos", denuncia. La semana pasada, a su marido, que llevaba dos años trabajando en el Campo de Cartagena, le despidieron después de que la Policía le dejara sin coche: "Llevó al hijo de unos amigos a Extranjería, le pararon y, como el muchacho no sabía cuál era su apellido, le acusaron de transporte ilegal de personas".

Estigmatizados

En Murcia Acoge están familiarizados con estos problemas. "La población latina vive y trabaja en precario. Tienen sueldos bajos que les impiden acceder a viviendas dignas, horarios malos que sufren internas, a las que no les dejan libres ni los domingos. Encima, tienen que aguantar esas supuesta superioridad moral de muchos españoles. He visto hasta tocamientos a empleadas" denuncia Carlota García.

Para colmo, se les estigmatiza cuando se lo pasan bien. "Dicen que todos bebemos mucho, pero a nadie les llama la atención la cultura de los botellones, que dejan las plazas y jardines llenas de basura", comenta Vladimir Paspuel, que le preocupa el desdén con el que se trata a los hijos de los latinoamericanos afincados en España. "Se está creando una velocidad a dos velocidades", advierte.

Cepaim, con las víctimas

La Fundación Cepaim, que trabaja por la convivencia y la cohesión social, colabora con el Gobierno regional en el traslado de los familiares de las víctimas de la tragedia de Atalayas a la Región, en coordinación con los consulados de estos tres países. "Por ahora, solo una familia con las que tratamos nos ha pedido apoyo psicosocial, aunque también lo está ofreciendo la Comunidad", explica Susana Henarejos, directora de Cepaim en la Región. "Intentamos darles una respuesta rápida, a través de los consulados, ya que necesitan visados", añade.

Pero su visión de este colectivo en la Región no coincide con la de Murcia Acoge y no cree que la "afluencia de latinos" tuviera "nada que ver" con el abandono de la zona" y cree que la población latina, además, está "perfectamente integrada en la Región de Murcia".