El Ayuntamiento de Murcia admite que hay otros locales con órdenes de cierre sin ejecutar

El Ayuntamiento de Murcia ya ha detectado otros grandes locales de ocio, similares a los siniestrados en el incendio del pasado domingo, con órdenes de cese sin ejecutar.

La vicealcaldesa y edil de Fomento, Rebeca Pérez, no ha podido precisar cuántos establecimientos estarían en esta situación, aunque sí ha informado que las revisiones y las inspecciones se están realizando, en una primera fase, en las zonas de ocio de Mariano Rojas y Atalayas. Los inspectores, ha dicho, comprobarán que las discotecas que así lo tengan ordenado estén cerradas y, en caso contrario, procederán a su precinto inmediato, una medida que no se llevó a cabo en el caso de la sala Teatre, que debió haber cerrado sus puertas en enero de 2022 y que nunca obtuvo el permiso para dividir la nave en la que estaba también el otro local incendiado, Fonda Milagros. Cabe destacar que la situación de irregularidad de estos locales arranca en el momento en el que procedieron sin permiso a la división del espacio, algo que se ocurrió en el año 2019.

“Hemos tenido que priorizar con un cribado con dos criterios: localización geográfica y áreas con mayor concentración de locales de ocio nocturno, y volumen de afluencia, las que tienen mayor aforo. Esta verificación administrativa, ha explicado, implica el precinto inmediato del local en caso de que no haya cumplido con la orden de cese de actividad.

Además, el Ayuntamiento ha comenzado a redactar dos protocolos en materia de disciplina urbanística y de licencia de actividades, que estarán basados en los principios de seguridad, rigor, control y trazabilidad. Entre otras cosas, los nuevos protocolos, en cuya redacción ya se está trabajando, ha dicho, permitirán incorporar el servicio de Policía Local a las labores que llevan a cabo los inspectores, que son los que vigilan las órdenes que dicta el Consistorio.

La falta de seguridad en las discotecas incendiadas, en el punto de mira

 “Dotaremos de más seguridad a todos y cada uno de los procedimientos, garantizaremos la trazabilidad de los expedientes y reduciremos el margen de interpretación de esos expedientes”, afirmó Rebeca Pérez, que añadió que esto se ganará en seguridad jurídica y eso dará “mayor tranquilidad a los funcionarios que sabrán la hoja de ruta a seguir”.

Sobre los funcionarios apartados del área de inspección, la vicealcaldesa no ha querido precisar cuántos funcionarios son, sino que se ha limitado a decir que son aquellos que tuvieron relación "directa" con el expediente y que ya no ejercerán las responsabilidades que venían teniendo hasta este momento.

Sobre la posibilidad de que la Asamblea Regional de Murcia abra una comisión de investigación sobre este asunto, Pérez ha insistido en que el ayuntamiento es el principal interesado en esclarecer los hechos y, por eso, ha puesto en marcha desde el primer momento una investigación interna de la que se ha derivado el cese cautelar de los funcionarios y que sigue avanzando para tratar de aclarar todo los sucedido.