Sánchez pacta con la UE dejar de subvencionar la rehabilitación de 100.000 viviendas

Esta semana, el Gobierno de España ha obtenido el beneplácito de la Comisión Europea para recibir la Adenda, a expensas de la decisión que, en un mes aproximadamente, tome el Consejo Europeo. Con esta asignación, nuestro país recibirá 163.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de manera que, de 2021 a 2026, el Ejecutivo habría dispuesto de fondos equivalentes al 12% del PIB.

En este caso, la Comisión ha valorado la Adenda y, al mismo tiempo, ha publicado la propuesta negociada con el Gobierno de Pedro Sánchez, documento en el que se premia con la máxima puntuación ‘A’ los apartados evaluables y con ‘B’ el apartado de los costes. Además, en contra de lo que han expresado las comunidades autónomas sobre la cogobernanza, subraya el proceso de consulta y participación de las autoridades regionales y locales, y además también valora que varias de las modificaciones de la adenda que da paso a los préstamos (83.000 millones de euros, además de 7.700 millones en subvenciones adicionales; 2,589 millones del Plan REPowerEU y 58 millones del mecanismo de ajuste del Brexit) se deben a las aportaciones recibidas durante la cogobernanza.

Pese a las críticas que el funcionamiento de la plataforma Coffee ha recibido hasta la fecha, la Comisión también la pondera, así como la transparencia del Gobierno, quien todavía no ha publicado la lista de los 100 primeros beneficiarios de estas ayudas europeas. Sin embargo, la adenda -pese a todos los parabienes comunitarios- cuenta con hasta 52 modificaciones del plan original, lo que conlleva adherido, además, la demora de plazos de cumplimiento, la reducción de objetivos, y en algunos casos, la reducción de fondos y un calendario más dilatado en los pagos, con nuevos tramos de financiación. Retrasos y cambios que fuentes del Gobierno mantienen que se deben, en parte, a un escenario financiero que ha traído la invasión rusa de Ucrania, con cuellos de botella en el mercado de suministros, mayor inflación y, también, a un calendario demasiado ajustado y a la rigidez de la burocracia.

En una situación como ésta, se encuentra el componente 2 de la Adenda española, que alcanza al plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. De hecho, esta propuesta consensuada entre el Gobierno y la Comisión retrasa plazos de ejecución. Entre ellos, aquellos que se refieren a las actuaciones de rehabilitación. Así, el hito 29 pasa de la rehabilitación de 510.000 viviendas en el segundo trimestre de 2026 a 410.000. Asimismo, también se retrasa un año el objetivo de realización de 231.000 actuaciones de renovación de viviendas residenciales, en al menos 160.000 viviendas únicas, logrando una media del 30% de la reducción de la demanda de la energía.

Retraso de los fondos

Por otra parte, y en relación con los fondos destinados a la renovación de vivienda, se reduce el objetivo de renovación de edificios desde 26.000 a 4.300, comprometiéndose también a renovar 230.000 m2 de edificios en el sector terciario, en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Otro de los componentes que sufrirán retraso será el que afecta a la Ley de Economía Sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. En este punto, al Gobierno no le ha quedado más remedio que reconocer que en el plan inicial se incluía el cobro de peajes en aras del principio ‘quien contamina, paga’. Pues bien, admitida la negociación con la CE para eliminar ese compromiso, y habiendo reemplazado el mismo por disposiciones que promuevan el transporte ferroviario de mercancías, destinado a reducir la contaminación global, lo cierto es que este hito, el número 3, también se retrasa en su fecha límite de entrada hasta el 30 de junio de 2026.

Lo que tampoco han podido precisar fuentes del Gobierno es cómo se van a sufragar las inversiones para favorecer el tráfico ferroviario de mercancías, o si, como pudiera suceder, esta partida acabará engrosando los próximos Presupuestos Generales del Estado, en el caso de que no se prorroguen.

Además -explican fuentes comunitarias a THE OBJECTIVE-, también experimentarán retrasos en su ejecución objetivos como el 78, que alude a la reducción del volumen de agua extraída de acuíferos; medidas de apoyo a las pymes (objetivos 193,195 y 197); la formación en competencias digitales; la adopción de plazas de centros residenciales al nuevo modelo de cuidados o 30 proyectos de economía social y la creación de un centro integral para las víctimas de la violencia sexual, por provincia.

Retraso en acciones medioambientales

A la espera de solicitar el IV desembolso de los fondos Next Generation, y en clave medioambiental, se pospone un año el despliegue e integración de energías renovables, y dos años más, hasta el segundo trimestre de 2026, para finalizar el edificio y el equipamiento de un centro de I+D de almacenamiento de energía en Extremadura, con el objetivo de impulsar la respuesta tecnológica y científica a la gestión de la producción de energía verde (incluido el hidrógeno).

Más allá de los retrasos que fuentes del Gobierno admiten-y atribuyen a factores exógenos a su voluntad- y también más allá de la prevalencia y mejora económica de los pertes sobre el total de los préstamos, la adenda cuenta asimismo con novedades como la entrada en vigor de una ley sobre servicios de atención al cliente para garantizar a los consumidores el ejercicio de sus derechos (4T de 2023) y la publicación de un libro verde para promover las finanzas sostenibles.

Además, se introducen modificaciones para mejorar la coordinación en la gestión de residuos, dentro de la política industrial, al tiempo que se establece un plan para apoyar una nueva legislación de residuos, con aumento de tasas de reciclaje.