Hartazgo vecinal tras tres años de okupación en un edificio de Bonrepòs

La convivencia vecinal se ha visto afectada en la calle Pintor Lluch de Bonrepòs i Mirambell debido a la ocupación de un edificio en el que están viviendo casi un centenar de personas. Según denuncian los vecinos, la ocupación de las viviendas se empezó a producir en plena crisis sanitaria del Covid, en el año 2020. "Primero vinieron dos familias pero ahora mismo la finca está llena hasta los topes", señala una de las vecinas, que declina decir su nombre por miedo a las represalias.

"Nosotros no estamos en contra de la gente vulnerable y estamos a favor de la integración de las personas", aclaran los afectados mientras insisten en que "no buscamos que se tire a ningún niño a la calle". Y es que entre las 76 personas -la cantitad de residentes ilegales en el bloque de viviendas que tiene controlada la Policía Local- residen muchos menores de edad y familias en situación de vulnerabilidad.

"No podemos vivir con miedo"

"Nos quejamos de la no convivencia y de la inseguridad", aclaran, tras explicar que en los últimos años el miedo y la desesperación se ha apoderado de muchos vecinos que viven rodeados de amenzas, peleas, insultos, suciedad y ruidos hasta altas horas de la noche. "Es insoportable. Vivimos con mucho miedo y ya no podemos ni quejarnos porque si les dices algo te amenazan" explica otra de las vecinas afectadas, que cuenta que ya "no podemos ni aparcar aquí porque nos abollan los coches".

Tras estos problemas que se llevan produciendo desde 2020, el vecindario lleva tiempo reclamando soluciones al ayuntamiento después de haber pedido reiteradamente a los residentes ilegales que tengan "un comportamiento cívico hasta que se encuentre una solución administrativa al problema ya que tenemos que convivir hasta entonces".

Se ha reforzado la presencia de la Guardia Civil

Por su parte, la alcaldesa de Bonrepòs i Mirambell, Raquel Ramiro, ha asegurado a Levante-EMV que desde el ayuntamiento se está trabajando "desde el minuto uno" para encontrar una solución a esta situación y que todos podamos vivir lo mejor posible mientras se resuelve el litigio". La primera edil explica que se ha reunido con los okupas para conocer los casos y pedirles que respeten la convivencia. Además, se ha reforzado la presencia de la Guardia Civil por la zona para evitar conflictos y atender a las demandas de los vecinos.

Sin embargo, Ramiro pide prudencia antes de emitir juicios ya que "hablamos de familias, muchas de ellas con niños, y muchas en situación de vulnerabilidad". De hecho, los servicios sociales del consistorio están atendiendo a algunas familias que residen ilegalmente en estas viviendas para garantizar unos servicios mínimos como la escolarización de los menores o la atención de las personas, aunque la propia alcaldesa desmiente que estén cobrando ninguna ayuda ya que "para ello tendrían que estar empadronados en el municipio un mínimo de 6 meses".

Asimismo, asegura que algunos de los okupas "han venido a decirnos de pagar la luz y el agua pero nosotros no tenemos competencias en eso" y recuerda que el ayuntamiento "no tiene potestad ni derecho para echar a nadie a la calle ya que es una propiedad privada y eso lo tiene que resolver un juez". Además, aclara que "actualmente no hay denuncia de ocupación porque no se ha presentado ninguna denuncia".

La promoción es propiedad de la Sareb

El principal problema que está provocando que el conflicto se esté alargando en el tiempo es que las viviendas okupadas son propiedad de la Sareb. Sin embargo, según han explicado fuentes del 'banco malo' en estos momentos la empresa solo es propietaria de la deuda hipotecaria pero no tiene la titularidad de las viviendas, lo que impide tomar medidas para solucionar el conflicto.

Cuando se producen este tipo de situaciones la Justicia es la que marca los tiempos, ya que es la que tiene que sentenciar la adjudicación de la titularidad de la promoción para que estos puedan empezar a mover ficha. Una vez se produzca ese paso, que puede acumular un retraso de años, el banco será propietario de una promoción okupada y empezará a revisar uno a uno los casos.

En función de la vulnerabilidad o no de los residentes ilegales la empresa comienza un protocolo distinto. Si se da la primera situación se les propone entrar en un programa de alquiler social donde pagarían una cuota reducida, aunque los beneficiarios deben adquirir el compromiso de asumir el pago mensual.

Si por el contrario no se encuentran indicios de situación de vulnerabilidad, se empezaría una nueva vía judicial para proceder al desahucio, algo que "también llevaría su tiempo (entre uno y tres años) debido a los tiempos de la justicia". Así, las fuentes consultadas explican que en este tipo de situaciones de trabaja mano a mano con los ayuntamientos para comprobar uno a uno los casos.