Junts y ERC exigen garantías de que la Fiscalía "colaborará" en la aplicación de la amnistía

Entienden que la aplicación de la ley corresponderá a los diferentes tribunales en los que hay procesos abiertos, empezando por el Tribunal Supremo, y desconfían de la forma en que puede aplicarse.

Por eso negocian detalles para asegurar que se cumple y no ocurre como con la aplicación de la reforma del Código Penal sobre los delitos de sedición y malversación que fue rebajada en su aplicación por el Supremo. Aseguran que los negociadores del Gobierno mantienen reticencias a poder satisfacer esta petición.

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Consideran que en esa aplicación tendrá un papel esencial la Fiscalía y, en algunos casos, la Abogacía del Estado que depende del Ministerio de Justicia. Fuentes de Junts y ERC desconfían especialmente de la Fiscalía del Tribunal Supremo que, según explican, tuvo un papel decisivo en las condenas contra los protagonistas del procés ya juzgados.

La Fiscalía del Supremo, además, emitió un informe contrario a la concesión de los indultos en diciembre de 2020.

Otro ejemplo es el del Tribunal de Cuentas que el próximo 17 de noviembre jugará a 30 exalto cargos de la Generalitat por el perjuicio económico derivado del procés independentista de 2017. En ese proceso acusan el fiscal y la acusación de Sociedad Civil Catalana y es casi imposible que llegue a tiempo de impedir el juicio con una ley de amnistía.

La sala del Tribunal de Cuentas, además, tiene mayoría conservadora, sin embargo, sí es probable que haya recursos posteriores y los independentistas creen también posible una actuación favorable de la Fiscalía.

La petición de los dos partidos independentistas en la negociación ya fue enunciada por Puigdemont el 5 de septiembre al fijar sus condiciones y hablar de la llamada desjudicialización: “Es responsabilidad del Gobierno en funciones, a través de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado”.

La negociación ya ha avanzado y se acelerará en los próximos días para fijar detalles técnicos como la relación exacta entre los delitos amnistiados y su intencionalidad política.

Hay ya coincidencia en incluir a los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado inmersos en causas por los sucesos del 1 de octubre de 2017.

Y algunas dudas sobre si debe incluir algunos casos que, según los independentistas, son causas abiertas como consecuencia de la actuación policial contra los partidos del procés y que circunscriben en lo que llaman la “policía patriótica”. Por ejemplo, está en discusión si afecta a un sumario que se instruye en la Audiencia Nacional por el llamado Tsunami Democràtic que sirvió para tomar las calles de Cataluña tras las condenas del Supremo por el procés.

La Audiencia Nacional investigaba si al frente de esa plataforma, responsable del asalto al aeropuerto de El Prat o los disturbios en las calles de Barcelona en respuesta a la condena del Tribunal Supremo por el referéndum del 1-O, está la fugada Marta Rovira, secretaria general de ERC, así como el empresario afín a este partido, Oriol Soler; el exsecretario general de los republicanos y exmilitante de Terra Lliure, Xavier Vendrell, o el dirigente de Òmnium Cultural, Oleguer Serra, entre otros, según se publicó el pasado mes de abril.

Los independentistas, por su parte, ven muy complicado que el acuerdo pueda incluir una declaración expresa de renuncia a la unilateralidad, más allá de la interpretación que pueda hacerse de la decisión de aceptar que “el conflicto” se dirija hacia una mesa de negociación.

En esa mesa es en la que debería discutirse luego la opción de acabar el proceso con algún tipo de consulta, según piden los independentistas.

En las negociaciones se incluyen también medidas económicas como inversiones, déficit fiscal y cesión de competencias, como la de los trenes de cercanías, que formarán parte de un plan para Cataluña y que negocian, sobre todo, María Jesús Montero y Félix Bolaños.