El 21 de septiembre de 2022, ante la Guardia Civil, un testigo de la investigación de la trama corrupta que afecta al Partido Popular de Andalucía, afirmó lo siguiente sobre la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández Lobato:

“Todo el mundo tiene conocimiento de que los contratos en su mayoría son realizados por afinidad política. Que por este motivo (afinidad política), se sabe que habrían contratado de manera irregular al hermano de la alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández (…) y a la fisioterapeuta de la piscina cubierta de Ronda y que le daba sesiones a la alcaldesa (…)  También se ha favorecido la contratación de B.P., dueña de la guardería donde ha estado la hija”.

Una acusación que forma parte las diligencias previas a las que ha tenido acceso en exclusiva ElPlural.com.

Trama corrupta que afecta al PP de Andalucía

Tal y como ha informado este periódico, la Guardia Civil, a través de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Málaga, investiga una trama de corrupción que salpica de lleno al Partido Popular de Andalucía. Por el momento, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Ronda ha imputado a la alcaldesa de la localidad, María de la Paz Fernández Lobato, y a otras seis personas por cometer presuntos delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación.

En las diligencias previas a las que ha tenido acceso en exclusiva ElPlural.com, la Guardia Civil relata una trama en torno a la empresa pública de limpieza, Soliarsa, que utilizaba “cajas fuertes” y “dinero en sobres” y “bolsas” para supuestamente robar dinero público y ofrecer puestos de trabajo por “afinidad política”.

Los detalles relatados por la Guardia Civil son escandalosos y afectan de lleno al Partido Popular de Andalucía.

Escándalo trás escándalo

Esta investigación se suma a escándalos recientes de la alcaldesa del Partido Popular. El pasado viernes, este medio denunciaba el contrato al marido de una concejala que escandaliza esta localidad malagueña. El pasado mes de abril, ElPlural.com desvelaba en exclusiva que habían denunciado ante la Agencia Tributaria y la Policía a la alcaldesa por recibir presuntamente miles de euros en dinero negro de comisiones.

Imputada la alcaldesa

Cabe precisar que la alcaldesa María de la Paz Fernández Lobato se encuentra bajo investigación, junto con otras seis personas, incluida la exalcaldesa María Teresa Valdenebro Ríos, por supuestos delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación relacionados con la empresa pública de limpieza, Soliarsa.

De hecho, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Ronda ha citado a declarar a la alcaldesa en calidad de investigada, marcando un hito en la administración local de esta localidad andaluza.

Antecedentes de la investigación

La investigación que desvela en exclusiva ElPlural.com se inició en el año 2020 y se centra en incidentes que datan de tres años atrás, relacionados con la gestión de Soliarsa. A pesar de que el procedimiento fue archivado en un principio, se reabrió tras la presentación de un nuevo informe de la Guardia Civil.

La denuncia original sostenía que el Ayuntamiento había contratado una auditoría externa para los años 2019 y 2020. Las "incidencias" señaladas en ese momento incluían la detección de un gasto de 86,817.81 euros sin documentación de entrega o albarán que respaldara la recepción del material o la prestación del servicio. Además, se mencionaban problemas en el control de las horas de trabajo y contrataciones que no cumplían los principios de igualdad, méritos y capacidad para el empleo público.

Irregularidades destacadas

Entre las presuntas irregularidades, también se señalaban "anticipos de remuneraciones que se pagan en efectivo", "incentivos sin justificación ni control", "cheques al portador firmados por el jefe de servicio cuando corresponde a la Alcaldía", y "descuadres de caja por salidas de dinero en efectivo sin justificación", entre otras. Estas acusaciones han arrojado sombras sobre la gestión de la empresa pública de limpieza.

Respuesta oficial del Ayuntamiento

El Ayuntamiento emitió una respuesta oficial en la que destacó que la alcaldesa María de la Paz Fernández Lobato y la exalcaldesa María Teresa Valdenebro Ríos están siendo llamadas a declarar en calidad de investigadas, no por haber participado en actividades específicas, sino debido a su papel como presidentas del consejo de administración de Soliarsa durante el período bajo investigación. El Ayuntamiento enfatizó que no se les acusa de estar involucradas en las circunstancias denunciadas ni se sugiere que tuvieran conocimiento de las mismas (sic).

En comunicación con el Ayuntamiento de Ronda, desde el gabinete de la alcaldesa del Partido Popular también han señalado a este periódico: “Sobre los trabajadores: la maestra sigue siendo maestra, el fisioterapeuta no sabemos ni quién es y el hermano de Maripaz entró a través de una prueba hecha por un tribunal tecnico y no político”.

Señalan, de forma paralela, que “estos hechos no se investigan en la causa de la que estamos hablando”.

Por último, explican que "esta investigación empieza a raíz de una auditoría que encarga el equipo de Gobierno presidido por Maripaz en 2020".

Comunicado del Ayuntamiento de Ronda 

Trás la publicación de este artículo, el Ayuntamiento de Ronda ha lanzado el siguiente comunicado:

"Ante la información aparecida con relación a las diligencias judiciales abiertas a la empresa SOLIARSA, queremos aclarar lo siguiente: -La investigación tiene su origen en una auditoría realizada sobre la empresa referida a los años 2018 y 2019, encargada por propio Gobierno del Partido Popular, nada más acceder a la Alcaldía. -Dado que Mari Paz Fernández tomó posesión del cargo, a mediados de junio de 2019 tras las elecciones municipales celebradas ese mismo año, el periodo en que presidió el consejo de administración de la empresa SOLIARSA que está siendo investigado fue tan solo de esos seis meses, correspondiendo al PSOE cualquier tipo de responsabilidad en los años anteriores. -Tras la auditoria a la empresa realizada por expreso encargo del gobierno del PP, Mari Paz Fernández adoptó de manera inmediata todas las medidas que el informe y los técnicos municipales propusieron para subsanar las deficiencias detectadas. -María Paz Fernández, -al igual que la anterior alcaldesa socialista María Teresa Valdenebro-, ha sido llamada a declarar por el Juzgado por la circunstancia objetiva, por la formalidad, de haber sido presidenta del consejo de administración de la empresa en una parte del periodo investigado, sin que en ningún momento se le haya imputado haber realizado ninguna actuación ilícita. No es cierto, ni consta ninguna mención en las diligencias de la Guardia Civil en tal sentido, que la alcaldesa tuviera conocimiento de los hechos investigados, ni mucho menos que se hubiera beneficiado o lucrado de ninguna forma. -Por todo ello, en el mismo momento en que el Juzgado le notificó el auto judicial que acordaba su citación para declarar, la alcaldesa recurrió tal resolución estándose en este momento a la espera de que el Juzgado resuelva el recurso planteado. -Conforme establece la ley, la alcaldesa ni ningún político intervienen nunca en los procedimientos de contratación de trabajadores, ya que esta función corresponde exclusivamente a un tribunal formado por funcionarios municipales. Por ello es absolutamente falso que la alcaldesa haya dado trato de favor en la contratación de ninguna persona, ni a su hermano, ni tampoco a “un fisioterapeuta y profesora de la guardería de su hija de su hija” que ni tan siquiera forman parte de la plantilla de Soliarsa. Tan poco fundamento tiene lo anterior, que ni siquiera es objeto de la investigación abierta por el Juzgado. -Confiamos en que de manera inmediata la Justicia disipe cualquier sospecha de responsabilidad de la alcaldesa de Ronda, que siempre ha actuado con el máximo respeto a la legalidad y en defensa de los intereses de todos los rondeños. -Por último, desde la Alcaldía se ha anunciado que esta misma mañana se ha dado instrucciones a los abogados para que interpongan una querella ante la Fiscalía, por la divulgación de datos personales que incluso afectan a su intimidad familiar, como por las calumnias vertidas".