La patria vuelve a estar en peligro y el Estado de derecho a punto de quebrar por la hipotética amnistía a "Puigdemont y sus secuaces", la capital de España se ha mudado a Waterloo... Son algunos de los mantras con los que la derecha y su artillería mediática pretenden ocultar el debate de la previsible investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo.

Lo están consiguiendo porque no han adelantado pincelada alguna sobre el programa de gobierno que presentará el candidato popular el 26 de septiembre y han desviado la atención hacia simplezas polarizadoras como la de "España se rompe". 

Respecto a la supuesta quiebra del Estado de derecho es un sarcasmo oírlo en boca de quienes tienen bloqueado el Consejo General del Poder Judicial y, por ende, a buena parte de las altas instancias de la justicia. A la derecha lo que realmente le preocupa no es el Estado de derecho, sino el Estado de sus derechos, como el de manejar a los poderes judiciales que consideran suyos.

Para desgracia nuestra, desde que Trump llegó al poder en Estados Unidos se expandió entre las derechas de casi todos los países que había que subvertir la democracia por autocracias, y en esas estamos. El imperio de la ley y el orden siempre es para salvaguardar los derechos de los poderosos a costa de las minorías y los sectores más vulnerables, lo que deviene en más desigualdad y una mayor erosión de los principios democráticos.

La gran paradoja del momento político actual es que la lista más votada no consigue sumar un apoyo mayoritario en el Parlamento por su apuesta con la ultraderecha, que niega innumerables derechos de los consagrados en nuestro Estado de derecho.

También sorprende que los que votaron una amnistía como la de 1977, que benefició desde terroristas a torturadores, pasando por faltas y responsabilidades de accidentes de tráfico, se rasguen ahora las vestiduras por una medida política de gracia que vendría a poner a cero el contador de un conflicto político como el catalán que, por cierto, se ha encauzado por las decisiones adoptadas por el gobierno de coalición.

Por supuesto, los independentistas no van a renunciar al independentismo, claro está, es su credo, si bien una cosa es decirlo, y hasta repetirlo a modo de oración, como si fuera el estribillo de una canción, y otra es hacerlo. Esto es: declarar formalmente la independencia desde las instituciones.

En cualquier caso, si reinciden volverán a sufrir las consecuencias de sus actos, porque una medida de gracia (es decir, dejar el delito cometido sin efecto penal buscando un bien mayor), no cambia el Código Penal ni las leyes ni la Constitución. Algo habrán aprendido los soberanistas, ya conocen el alto precio de su procés. Ahí están los resultados: un respaldo electoral menguante (con el riesgo de la irrelevancia) y una enconada división entre los suyos que los hace cada vez más pequeños y con menos apoyos para hacer nada.