La Guardia Civil, a través de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Málaga, investiga una trama de corrupción que salpica de lleno al Partido Popular de Andalucía. Por el momento, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Ronda ha imputado a la alcaldesa de la localidad, María de la Paz Fernández Lobato, y a otras seis personas por cometer presuntos delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación.

En las diligencias previas a las que ha tenido acceso en exclusiva ElPlural.com, la Guardia Civil relata una trama en torno a la empresa pública de limpieza, Soliarsa, que utilizaba “cajas fuertes” y “dinero en sobres” y “bolsas” para supuestamente robar dinero público y ofrecer puestos de trabajo por “afinidad política”.

Los detalles relatados por la Guardia Civil son escandalosos y afectan de lleno al Partido Popular de Andalucía.

Cabe recordar que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla y el coordinador general del PP nacional, Elías Bendodo, son personas muy cercanas a María de la Paz Fernández Lobato.

“Cajas fuertes, sobres y bolsas”

“Había varias cajas fuertes, una que se encontraba en la oficina del jefe (…) otra que era del tamaño de un mueble y la cual se encuentra en las oficinas de Soliarsa y una tercera caja fuerte de tamaño pequeño”, relata uno de los testigos de esta trama a la Guardia Civil en una serie de declaraciones a las que ha tenido acceso en exclusiva este periódico.

Los diferentes testigos aseguran a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estados que desde la empresa pública se sacaron “bolsas de dinero habiendo monedas y billetes”.

"El dinero defraudado se lo repartían en sobres cerrados”, se explica en otro momento de las diligencias previas emitidas por la Guardia Civil y en las que se pone el foco en “ordenes de transferencias y facturas firmadas por la alcaldesa” del Partido Popular de Andalucía.

La Guardia Civil lo tiene claro: “Hay indicios relevantes que permitirían inferir la presunta comisión de ilícitos penales en el seno de la empresa pública Sociedad para la Limpieza y el Aseo de Ronda S.A. (Soliarsa)”.

En concreto, la Guardia Civil habla de “pagos (ilegales) realizados a empresas externas”, “desvío de fondos públicos”, y “confección de facturas y documentos (falsos)”. Se carecía, además, “de un procedimiento de contratación de empresas externas”. Y de todo ello, la máxima responsable es la alcaldesa del Partido Popular.

Así lo expone con claridad la Guardia Civil en las siguientes afirmaciones que forman parte de las Diligencias Previas:

“Es la única que cuenta con la potestad, de por un lado, aprobar y dar su conformidad a las facturas presentadas por empresas externas (contratos menores), así como, para ordenar el pago de las mismas mediante la emisión de órdenes de transferencia”.

“Es la máxima responsable de la entidad, asumiendo entre otras funciones, la de órgano de contratación y por ende, la aprobación de contratos de empresas externas adjudicados por la sociedad, debiendo asegurar la correcta realización de la prestación pactada”.

“Le corresponde supervisar su ejecución (contratos) y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada”.

“Asume el cargo de máxima responsabilidad en la Ejecutiva de esta sociedad, y que por ende, habría participado en aquellas decisiones al más alto nivel adoptadas en relación a la gestión de dicha entidad pública”.

“Es la máxima responsable de aprobar y dar conformidad a contratos menores”.

“(Tiene) una falta de control absoluta por parte del órgano de contratación en el cumplimiento de la legalidad y en la justificación de la necesidad de realizar los citados contratos que se reflejaría principalmente en la carencia de inventario”.

“Es la única persona autorizada en las cuentas bancarias del ente en cuestión, por lo que sería la responsable única de aprobar todos los contratos para posteriormente emitir las órdenes de pago”.

En definitiva, la Guardia Civil sostiene que en Ronda se han producido “prácticas que podrían ser constitutivas de ilícitos penales”.

Amenazas a ElPlural.com

A raíz de la publicación de esta exclusiva, el Ayuntamiento de Ronda ha amenazado con denunciar de nuevo a ElPural.com.

Amenazas que se llevan produciendo desde que este periódico desvelase en exclusiva el pasado mes de abril que habían denunciado ante la Agencia Tributaria y la Policía a la alcaldesa de Ronda (PP) por recibir presuntamente miles de euros en dinero negro de comisiones.

El Ayuntamiento también ha emitido una respuesta oficial en la que destaca que María de la Paz Fernández Lobato y la exalcaldesa María Teresa Valdenebro Ríos están siendo llamadas a declarar en calidad de investigadas, no por haber participado en actividades específicas, sino debido a su papel como presidentas del consejo de administración de Soliarsa durante el período bajo investigación. El Ayuntamiento asegura que no se les acusa de estar involucradas en las circunstancias denunciadas ni se sugiere que tuvieran conocimiento de las mismas (sic).

Comunicado del Ayuntamiento de Ronda 

Trás la publicación de este artículo, el Ayuntamiento de Ronda ha lanzado el siguiente comunicado:

"Ante la información aparecida con relación a las diligencias judiciales abiertas a la empresa SOLIARSA, queremos aclarar lo siguiente: -La investigación tiene su origen en una auditoría realizada sobre la empresa referida a los años 2018 y 2019, encargada por propio Gobierno del Partido Popular, nada más acceder a la Alcaldía. -Dado que Mari Paz Fernández tomó posesión del cargo, a mediados de junio de 2019 tras las elecciones municipales celebradas ese mismo año, el periodo en que presidió el consejo de administración de la empresa SOLIARSA que está siendo investigado fue tan solo de esos seis meses, correspondiendo al PSOE cualquier tipo de responsabilidad en los años anteriores. -Tras la auditoria a la empresa realizada por expreso encargo del gobierno del PP, Mari Paz Fernández adoptó de manera inmediata todas las medidas que el informe y los técnicos municipales propusieron para subsanar las deficiencias detectadas. -María Paz Fernández, -al igual que la anterior alcaldesa socialista María Teresa Valdenebro-, ha sido llamada a declarar por el Juzgado por la circunstancia objetiva, por la formalidad, de haber sido presidenta del consejo de administración de la empresa en una parte del periodo investigado, sin que en ningún momento se le haya imputado haber realizado ninguna actuación ilícita. No es cierto, ni consta ninguna mención en las diligencias de la Guardia Civil en tal sentido, que la alcaldesa tuviera conocimiento de los hechos investigados, ni mucho menos que se hubiera beneficiado o lucrado de ninguna forma. -Por todo ello, en el mismo momento en que el Juzgado le notificó el auto judicial que acordaba su citación para declarar, la alcaldesa recurrió tal resolución estándose en este momento a la espera de que el Juzgado resuelva el recurso planteado. -Conforme establece la ley, la alcaldesa ni ningún político intervienen nunca en los procedimientos de contratación de trabajadores, ya que esta función corresponde exclusivamente a un tribunal formado por funcionarios municipales. Por ello es absolutamente falso que la alcaldesa haya dado trato de favor en la contratación de ninguna persona, ni a su hermano, ni tampoco a “un fisioterapeuta y profesora de la guardería de su hija de su hija” que ni tan siquiera forman parte de la plantilla de Soliarsa. Tan poco fundamento tiene lo anterior, que ni siquiera es objeto de la investigación abierta por el Juzgado. -Confiamos en que de manera inmediata la Justicia disipe cualquier sospecha de responsabilidad de la alcaldesa de Ronda, que siempre ha actuado con el máximo respeto a la legalidad y en defensa de los intereses de todos los rondeños. -Por último, desde la Alcaldía se ha anunciado que esta misma mañana se ha dado instrucciones a los abogados para que interpongan una querella ante la Fiscalía, por la divulgación de datos personales que incluso afectan a su intimidad familiar, como por las calumnias vertidas".