Garantizar el acceso a la vivienda no es una prioridad para Isabel Díaz Ayuso, aunque el dinero destinado a salvaguardar este derecho básico provenga del Estado. El Gobierno de coalición ha aprobado múltiples ayudas para este cometido y ha destinado partidas millonarias a las Comunidades Autónomas, competentes en materia de vivienda, para repartirlas entre la ciudadanía. El Bono del Alquiler Joven, aprobado en enero de 2022, es una de ellas y está dotada con 200 millones de euros anuales, de los cuales 31,8 millones corresponden a la Comunidad de Madrid. Sin embargo, a 14 septiembre de 2023, el Ejecutivo de Ayuso solo ha repartido en torno a seis millones de euros correspondientes a 2022.
El presupuesto total destinado a esta ayuda asciende hasta los 400 millones de euros, distribuidos a partes iguales entre 2022 y 2023. Del groso, a la Comunidad de Madrid le corresponden 63,6 millones de euros para repartir en ambos cursos, pero tan solo ha entregado el 20% de los 31,8 millones correspondientes a 2022. El Gobierno de Ayuso ha reconocido, a través de una respuesta oficial a un diputado de Más Madrid, que tan solo ha pagado a 2.193 jóvenes de los 11.147 que han sido reconocidos como beneficiarios, un 19,67%.
El Bono del Alquiler Joven es una ayuda destinada a menores de 35 años para ayudarles a asumir la renta. La cuantía máxima que se puede recibir es de 250 euros al mes (3.000 euros al año) y deben cumplirse una serie de requisitos para poder percibirla. La concesión de la ayuda no significa percibir la máxima cuantía; no obstante, suponiendo que los poco más de 2.000 jóvenes que han cobrado lo correspondiente a 2022 han recibido la ayuda máxima, la Comunidad de Madrid tan solo ha desembolsado 6.579.000 euros de los casi 32 millones que le corresponden.
La Administración madrileña reniega de repartir un dinero que ya tiene en su poder, tal y como confirma el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a ElPlural.com. Concretamente, a Madrid han llegado ya los 31,8 millones de euros correspondientes al año pasado y la primera mitad de 2023, es decir, 15,9 millones. Desde la cartera liderad por Raquel Sánchez aseguran también que todas las Comunidades Autónomas han recibido el pago de 2022.
Hace ya un año desde que el Gobierno de Ayuso publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) la primera convocatoria para acceder a este bono. Desde entonces, el Ejecutivo madrileño ha publicado cinco listados que elevan el número de beneficiarios por encima de los 11.000. Sin embargo, la gran mayoría garantiza no haber percibido ni un euro de la ayuda que les ha sido concedida con retroactividad a 2022. Ni qué decir de las mensualidades de 2023. Con esta tesitura, muchos jóvenes sobreviven con el agua al cuello, mientras los canales de información oficiales de la Administración no dan ninguna respuesta.
La tardanza no sorprende si atendemos a las palabras de Paloma Martín, consejera de Vivienda de Ayuso hasta el pasado 28 de mayo, cuando se celebraron las últimas elecciones municipales y autonómicas. “Generará un efecto inflacionista en los alquileres y no resolverá el problema de subidas de precios en el mercado”, se resignaba la encargada de gestionar el bono, totalmente contraria a su aplicación. El Gobierno autonómico, pese a su posicionamiento contrario, está obligado a otorgarlo, aunque parece que no se está dando mucha prisa.
Algunos ya han vuelto a casa de sus padres
Entre los pocos afortunados que han cobrado el bono, algunos se encontraban ya viviendo de nuevo en casa de sus padres cuando les llegó la noticia a su cuenta corriente. Otros muchos continúan resistiendo mientras el Ejecutivo de Ayuso tan solo ha liberado el 20,6% del dinero que le ha otorgado el Gobierno central. La intención de la Comunidad de Madrid era abonar la ayuda a otros 2.278 jóvenes, pero los afectados niegan que esto se haya producido finalmente.
El porcentaje tampoco sería aceptable de haberse realizado estos pagos, dado que tan solo se alcanzaría el 40% del total de beneficiarios a tan solo tres meses de que finalice el periodo de dos años para el que estaba planteado el bono del alquiler. “Si esto es el procedimiento normal de abono de subvenciones, está claro que algo falla”, denuncia la agrupación de afectados por esta situación, que ya tuvieron que esperar hasta septiembre de 2022 para que la Comunidad de Madrid abriese la convocatoria y ahora acumulan un año sin cobrarla.
La gestión madrileña de esta ayuda pública proveniente del Estado está siendo nefasta. El Gobierno de la libertad es totalmente contrario a intervenir en el mercado de la vivienda, pese a que miles de familias y jóvenes son incapaces de asumir el coste de su alquiler ni trabajando. Ayuso tampoco ha querido aplicar la ley de Vivienda para contener los alquileres en las zonas más tensionadas y ha decidido recurrirla ante los tribunales. A fin de cuentas, el Bono del Alquiler tan solo es una víctima más a merced de las garras de una presidenta que conoce más propietarios que inquilinos.
