La oficina antiokupas de Castilla y León: apenas 34 consultas por internet en un mes y solo 7 presenciales
En toda Castilla y León solo se han hecho 34 consultas telemáticas y 7 presenciales en la oficina antiokupas creadas por el Gobierno PP-Vox
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La okupación ha sido uno de los caballos de batalla de Vox, a pesar de que los datos revelan una disminución el 20% de este fenómeno en 2022, según el CGPJ . Los números de incidencia que reporta la oficina anti okupa creada Castilla y León por el gobierno de PP y la formación de ultraderecha, revelan el fiasco de la iniciativa: En un mes apenas se han hecho 34 consultas telemáticas y 7 de forma presencial.
En Salamanca no se ha atendido ninguna petición; tampoco en Soria, la situación de inactividad es idéntica. Cero consulta ni por internet, ni telefónica, según ha publicado SoriaNoticias.com con datos de la directora general de Vivienda de la Junta, María Pardo, y la delegada provincial, Yolanda de Gregorio, que este miércoles han presentado la instancia correspondiente.
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El presidente de la Junta de Castilla y León inauguró la oficina antiokupación el pasado 18 de mayo con el objetivo de "garantizar la propiedad", según proclamó a bombo y platillo, Alfonso Fernández Mañueco que se proponía mostrar la voluntad del PP para "perseguir un delito" que -según ellos- está en alza, aunque los datos revelen lo contrario.
La información oficial, publicada ayer demuestra un hecho cierto con apenas una treintena de consultas, ninguna en Salamanca, ni en Soria, una en Burgos para hacer un total de 34, solo 7 de ellas de forma presencial. La escasa tasa de reclamaciones podría llevar a replantearse la utilidad de la oficina antiokupa en Castilla y León.
El socialista, ex alcalde de Valladolid, Oscar Puente se hacía eco de estos números que ya huelen a fiasco. Con un comentario: "La pregunta es si no les da vergüenza hacer públicos estos datos. Me recuerdan al número de visitas que tenía el Museo del Toro cuando lo cerramos."
Los datos sobre okupación revelan que hay una denuncia por cada 1.553 viviendas, una cifra bastante alejada de ser una preocupación social, como algunos partidos han abanderado con fuerza en los últimos años.
De hecho, ha surgido una empresa como Desokupa, que se dedica a hacer desalojos extrajudiciales bajo coacciones e intimidación y con métodos que rozan la ilegalidad.