Los inspectores de Trabajo inician el lunes una huelga indefinida tras rechazar la última oferta del Gobierno

El conflicto entre el Gobierno y los inspectores de Trabajo sigue escalando peldaños y subiendo decibelios. Todos los sindicatos del cuerpo rechazaron de forma unánime por "insuficiente" la última oferta remitida desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública para reestructurar el organismo. Fracasado el conato del Ejecutivo, las centrales prosiguen con su calendario de movilizaciones y a partir del lunes inician una huelga indefinida, tal como confirman fuentes de la Inspección.

Primero empezaron a concentrarse ante las direcciones provinciales del organismo, luego pasaron a los paros parciales, posteriormente todos los directores provinciales de la Inspección y jefes de equipo firmaron un manifiesto cargando contra el Gobierno y el incumplimiento de sus compromisos. La última fue paralizar toda campaña específica para perseguir el fraude laboral, limitándose a atender las denuncias que los trabajadores hagan llegar a la Inspección pero reduciendo al mínimo su actividad fuera de las oficinas.

Y a partir del lunes la actividad de los inspectores en la persecución del fraude dará un bajón más, ya que todo el cuerpo está llamado a parar. "Se requieren soluciones urgentes y por ello la mayoría de la representación de los trabajadores del organismo convoca una huelga indefinida desde el día 26 de julio de 2023", reza el comunicado divulgado este viernes por las centrales. El único sindicato que no participa de las protestas es el Sindicato Estatal de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social (Seslaess), que limita su representación -y fuerte arraigo- entre los subinspectores.

La demanda de las centrales convocantes sigue siendo la misma: que el Gobierno apruebe una nueva relación de puestos de trabajo para dotar de una nueva estructura organizativa al organismo estatal. Es decir, nuevo organigrama y más refuerzos, ya que los inspectores se dicen desbordados dadas las nuevas cargas de trabajo que progresivamente han ido asumiendo en los últimos años con las nuevas normativas. Desde la supervisión de los planes de igualdad, pasando por el registro horario o los ertes durante la pandemia, que se suman a las clásicas actuaciones en materia de economía irregular o prevención de riesgos.

Según datos del propio Ministerio de Trabajo, la actividad inspectora ha aumentado el 355% durante la presente legislatura. Actualmente la plantilla de la Inspección la forman un total de 2.051 efectivos, entre inspectores y subinspectores. Un cuerpo que debe velar por los derechos laborales de los 20,8 millones de trabajadores que están actualmente en activo. Es decir, tocan a un inspector por más de 10.000 trabajadores.

Pugna a las puertas de elecciones

El problema es que entre Hacienda -responsable de los funcionarios- y Trabajo no se ponen de acuerdo a la hora de dar forma a esa nueva estructura de la Inspección. Las centrales reprochan a la ministra María Jesús Montero un trato diferencial con ellos, deslizando un perjuicio por el hecho de que ellos dependan del Ministerio de Trabajo, que no dirige un miembro del PSOE si no de Unidas Podemos. Y es que en Seguridad Social o Justicia las centrales también llevaron a cabo movilizaciones para mejorar su situación laboral y allí sí hubo acuerdos, si bien parte de ellos se quedarán en papel mojado ante el adelanto de elecciones generales.

Este pasado miércoles Hacienda le remitió a Trabajo una nueva oferta, que este a su vez remitió a los sindicatos de inspectores. Tanto el equipo de Yolanda Díaz como las centrales rechazaron por insuficiente esa última oferta. Y el lunes se encamina a la huelga indefinida para forzar al Ejecutivo a que presente una nueva estructura antes de los comicios del 23 de julio. "No estamos en tiempo de descuento, no estamos con un Gobierno en funciones hasta el 24 de julio, por lo que le pedimos que cumplan ya con su compromiso publicado [en el Boletín Oficial del Estado] el 3 de diciembre del 2021", afirman las centrales en un comunicado.