La empresa de Cangas arruinada por un trabajador, condenada por despedir mal a la plantilla

Segunda derivada jurídico-laboral del llamativo descalabro de una empresa de montaje de centros logísticos con base en Cangas. La firma, que quedó arruinada por los desfases no atajados por uno de sus empleados, ha sido condenada ahora por despedir de manera incorrecta al resto de la plantilla.

Si Mantemnorthwest Ibérica, S.L. le ganó el juicio a su extrabajador, que la había demandado por despedido improcedente, ahora ha perdido contra una docena de sus 42 asalariados, que la denunciaron por no atenerse a la legalidad a la hora de cesarlos. Les tendrá que indemnizar con casi 135.000 euros, además de pagarles los salarios atrasados, de acuerdo con una reciente sentencia, contra la que cabe recurso, del Juzgado de lo Social nº 2 de Vigo.

Demanda por despido improcedente a su empresa de Cangas tras arruinarla con desfases en obras de 300.000 euros

Para entender el caso hay que retrotraerse a octubre de 2022, cuando, "de manera sorpresiva", la empresa detectó falta de liquidez "y una importantísima pérdida contable, totalmente desconocida". A finales de ese mes, la dirección financiera estimó en más de 350.000 las pérdidas, provocadas por los enormes sobrecostes en dos de los proyectos que el citado trabajador debía supervisar.

El empleado fue despedido el 2 de noviembre y presentó una denuncia contra la empresa para que se declarase improcedente. Argumentaba que, en realidad, el cese no se debió a esos desfases de 300.000 en dos obras que debía debía vigilar, sino a que, meses antes, había sido el único de la plantilla que no rubricó una rebaja de las condiciones laborales. El trabajador perdió el caso en primera instancia.

Despido colectivo

En todo caso, como la situación se volvió insostenible, a finales de noviembre la empresa despidió a toda su plantilla. Pero, a tenor del fallo judicial, lo hizo de manera incorrecta. El juez concluye que debió tramitar un procedimiento de despido colectivo, en lugar de mandar cartas de extinción por motivos económicos a cada trabajador. De este modo, declaró nulos los ceses de los 12 trabajadores que protagonizan la denuncia y, como la readmisión ya es imposible, también estableció que queda extinguida la relación laboral entre las partes.

La decisión del magistrado implica que estos trabajadores deberán cobrar 135.000 euros en indemnizaciones, que van desde los 1.670 euros a los 37.795, en función del salario y la antigüedad de cada uno de ellos. Como la empresa fue a concurso de acreedores, lo más probable es que sea el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) el que tenga que hacerse cargo de las deudas, aunque en ese caso las cuantías podrían verse limitadas.

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