Sánchez desactiva el Congreso: el anticipo electoral deja el 40% de las leyes del Gobierno sin aprobar

Pedro Sánchez ha tomado la decisión de anticipar las elecciones y eso tiene como principal consecuencia la disolución del Congreso y del Senado: ya han quedado desconvocados los plenos previstos para esta semana. De esta manera, todas las iniciativas parlamentarias que estaban todavía en tramitación quedarán tumbadas y, aunque sí es cierto que el Gobierno de coalición había prácticamente liquidado lo más destacado de su agenda legislativa, eso no evita que se queden sin ver la luz hasta 60 proyectos legislativos: es decir, el 39%. En total, el Gobierno ha impulsado 153 iniciativas parlamentarias, según el registro del Congreso.

De esas 60 leyes que quedan en fase de tramitación, más de la mitad (33) procedente de real decretos aprobados por el Gobierno y que los socios han exigido que se tramiten como proyectos de ley para poder introducir modificaciones. En este sentido, cabe decir que Sánchez nunca ha mostrado mucho esmero en tramitar este tipo de iniciativas porque suponen hacer cambios a un decreto elaborado por el Gobierno, que suele incluir todas las medidas que más le interesan.

De entre esas 60 leyes del Gobierno que todavía quedan pendientes, hay algunas significativas, aunque se daba ya por hecho que sería difícil que prosperasen. En este sentido, hay algunas destacadas, como la ley de familias de Podemos, que tenía como medida "estrella" la creación de tres permisos de cuidados: uno por cuidado de cinco días al año, retribuidos, para atender a un familiar hasta segundo grado o conviviente; otro de ocho semanas, para disfrutar de forma continua o discontinua, hasta que el menor cumpla ocho años, y otro de cuatro días por ausencia para atender a un familiar que requiera atención inmediata, por ejemplo, "para cuando te llamen del colegio porque el niño o la niña se ha puesto enfermo", tal y como explicó la ministra Belarra.

También queda en el cajón la ley de eficiencia organizativa al servicio público de Justicia, que incluía medidas para calmar las protestas de los jueces y un plan "antiokupa" tras la polémica ley de vivienda. Asimismo, en el ámbito sanitario, hay dos proyectos normativos que quedan en el cajón: la ley "darias", que buscaba limitar las posibilidades de privatización de los servicios sanitarios en su guerra contra la derecha, y la ley para crear una agencia de salud pública tras la pandemia.

Más allá de estas leyes, también quedó en el cajón otra ley muy sensible: la norma para reformar la ley de Seguridad Nacional, muy importante tras la pandemia, pero llevaba ya muchos meses bloqueada en el Congreso porque el PSOE era incapaz de cosechar apoyos. De hecho, en el debate de totalidad tuvo que aferrarse al PP porque ERC presentó una enmienda. Tampoco prosperará la ley de movilidad sostenible, exigida por Europa para la entrega de los fondos europeos y que, teóricamente, tenía que incorporar el modo para financiar las vías de alta capacidad (los mecanismos alternativos a los peajes).

Sin llegar al Congreso han quedado otros cuatro proyectos de ley simbólicos: la ley de trata, la ley de paridad, para obligar a partidos, instituciones y empresas a reservar una cuota para las mujeres en órganos de decisión; la ley para reformar el control del CNI; y, una nueva ley de secretos oficiales.

Una cosa son los proyectos de ley, impulsados por el Gobierno, y otra las proposiciones de ley, impulsadas por los grupos parlamentarios. En cuanto a proposiciones de ley, se han quedado en fase de tramitación más de un centenar, aunque una de las más destacadas era la que busca la abolición del proxenetismo, que llevaba el sello del PSOE y que ha dividido a Podemos.