Lucha en Canarias por la derogación de la ley que limita el uso residencial de viviendas en zonas turísticas

En una terraza de su casa, Manuel nos cuenta su preocupante situación. Hace casi diez años compró su vivienda y desde entonces la ha utilizado como residencia habitual. Sin embargo, en 2013 una nueva ley de Renovación y Modernización turística de Canarias sembró la incertidumbre en su vida. Según dicha normativa, apartamentos situados en "zonas potencialmente turísticas" solo podían ser destinados al uso turístico, quedando prohibido su uso residencial.

Esta situación generó una gran controversia y movilizó a Manuel y a numerosos vecinos que temían ser desalojados de sus hogares. Sin embargo, en 2017 se introdujo una excepción que permitía a las familias que pudieran demostrar que residían en esas viviendas antes de 2017 permanecer en ellas. A pesar de ello, Manuel explica que muchos otros propietarios han sido afectados por la normativa y están siendo expulsados de sus casas.

La residencialización ya alcanza a uno de cada tres apartamentos turísticos

Compró su piso como una inversión

Juan Ramón, por su parte, se encuentra en una situación similar. Compró su piso como una inversión, con la intención de destinarlo al alquiler en caso de necesitar ingresos adicionales, según ha contado a Antena 3. Sin embargo, la ley también prohíbe esta posibilidad. Los propietarios de pisos en zonas de potencial uso turístico no pueden alquilar sus viviendas de forma independiente, ya que los alquileres deben ser gestionados por una empresa explotadora designada. Esto implica que los propietarios no pueden establecer el precio de alquiler, ya que esta tarea corresponde a la gestora. Juan Ramón denuncia que ha sufrido presiones por parte de la empresa explotadora de su edificio para que abandone su vivienda.

Ante esta situación, 70.000 familias en Canarias han decidido unirse con un objetivo común: derogar esta ley. Maribel Doreste, presidenta de la plataforma de afectados, explica que no comprenden la situación y afirma que se pretende expulsarlos del territorio para destinarlo exclusivamente al uso turístico. Asegura que si se aplica esta normativa, no les quedará otra opción que abandonar sus hogares y dejarlos en manos de una empresa explotadora. Doreste resalta que las familias siguen pagando impuestos y gastos relacionados con sus viviendas, mientras que las empresas explotadoras obtienen beneficios sin correr ningún riesgo.

Los empresarios hoteleros y turísticos defienden la ley argumentando que busca evitar la mezcla de usos residenciales y turísticos en zonas potencialmente turísticas, ya que consideran que ambos perfiles tienen necesidades diferentes. Fernando Estani, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos, sugiere a los propietarios reservar sus apartamentos como cualquier otro cliente, recibiendo rentas mensuales y pagando un precio especial.