Primera Ley de Vivienda en democracia: qué cambia

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A unos meses del final de legislatura, los socios de Gobierno y sus aliados en el Congreso llegaron a un acuerdo la semana pasada sobre la nueva Ley de Vivienda, la primera de la democracia, con una reforma que tenía que estar aprobada desde finales del año pasado.

Entre los cambios que anuncia el texto, que está pendiente de aprobarse en el Congreso, está que los honorarios inmobiliarios los pagará el casero y habrá más límites para grandes tenedores; se limitarán precios de alquiler en las “zonas tensionadas”, pero la decisión de declarar esas zonas será de las comunidades autónomas y municipios; en lo que respecta a los desahucios,  antes de ejecutar el desalojo, los servicios sociales deben proporcionar antes una solución habitacional para esa familia; y Sánchez anunció la semana pasada  que 50.000 viviendas de la Sareb saldrán al mercado “a precio asequible”.

¿Cómo afecta esta ley a inquilinos y propietarios? ¿Qué cambia y qué falta? ¿Por qué es insuficiente según han denunciado algunos sindicatos de inquilinos? 

Para responder a estas preguntas hablamos con representantes de dos de los partidos que sacan adelante la ley y que más tiempo llevan hablando de la necesidad de legislar sobre vivienda: Pilar Garrido, diputada de Podemos, y Oskar Matute, diputado de EH Bildu. 

Aclaramos dudas e indagamos en el corazón de esta ley para conocer sus luces y sombras en este programa junto a Daniel Sorando, profesor de la Universidad de Zaragoza y especialista en cambio social en los centros urbanos españoles, además de coautor de “First We Take Manhattan: la destrucción creativa de las ciudades” y con Víctor Palomo, uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Y para aterrizar lo que hablamos en un caso real, conocernos a una inquilina madrileña que se ha visto afectada por una subida ilegal del precio de su alquiler.