Con los votos de la coalición de investidura, el gobierno PSOE-UP sacó adelante este jueves el Real Decreto-ley que incluye diversas medidas de ahorro energético, bonos para el transporte público y nuevos paquetes de ayudas para diferentes sectores empresariales, incluidas las eléctricas que verán reembolsada la cantidad que deberán abonar con el impuesto sobre sus beneficios aprobado en julio.

En contra votó la oposición de la derecha, lamentándose de la escasa voluntad a negociar del Ejecutivo, tanto con ellos como con “los sectores implicados”, y por la falta de “equilibrio entre el ahorro de consumo con el mantenimiento de la actividad económica”, según Cuca Gamarra. En la senda de la sui generis defensa de la libertad de Ayuso durante la pandemia, la derecha se erigió como la representante de patronales como la hostelera o la del comercio y las grandes superficies.

La CUP también se opuso a la revalidación del decreto pero desde un ángulo opuesto. El diputado Albert Botran denunció que se trataba de un “decreto omnibus”, en el que detrás de medidas como los bonos al transporte o el ahorro energético, con lo que estaban de acuerdo, se esconden otras como un paquete de ayudas para las eléctricas o el rescate de las autopistas radiales de Madrid. Desgranemos el decreto para poner un poco de luz a lo aprobado este jueves en el Congreso.

¿Cuáles son las medidas que sí son parte del relato “progresista”?

La más sonada es la de “corbatas fuera” ahora, que en noviembre se traducirá a “guantes y gorros”. Una modificación del Reglamento de Instalaciones Técnicas en Edificios para subir de 26 a 27 la temperatura del aire acondicionado y bajar de 21 a 19 la de las calefacciones en edificios públicos, comercios y otros equipamientos abiertos al público. A ella le acompaña la obligación de contar con sistemas de cierre automático de las puertas que dan a la calle, el apagado obligatorio de los escaparates a las 22:00 y del alumbrado exterior en edificios públicos desocupados.

Con ambas medidas se espera reducir entre un 7 y un 9% el consumo energético. Aunque en un mercado oligopólico como el eléctrico español y en el contexto del invierno que se avecina en Europa, esta reducción no va a tener impacto alguno en la factura que pagan los hogares.

También se incorporan medidas sociales como el aumento de 100 euros al mes hasta diciembre en las becas de estudios ya concedidas y los descuentos en el transporte para trenes de las redes de Cercanías y Media distancia del 100%. Esta última es la que puede suponer un mayor alivio en los bolsillos de muchas familias de grandes urbes como Madrid o Barcelona. Sin embargo, no resuelven la licuación generalizada de los salarios ante una inflación galopante que roza ya el 11%.

Lo que no te cuentan: devolver a las eléctricas el impuesto sobre sus beneficios

Las medidas sociales y de ahorro han sido empleadas como envoltorio de otras que repiten el mismo esquema que las políticas de emergencia durante la pandemia: pequeñas concesiones hacia los sectores populares y ayudas milmillonarias para mantener los beneficios de las grandes empresas.

La más importante sin duda es la partida de 1360 millones de euros para ayudas al sector eléctrico. Algo tan obsceno que los ministros y ministras de Unidas Podemos no han tenido siquiera la poca vergüenza de pronunciarse. Sus beneficios en el primer semestre de 2022 se han disparado más de un 30%, con resultados como los Repsol con 2.539 millones, de Iberdrola, con 2.075, o Endesa, con 916.

A final del curso pasado, el gobierno anunció el llamado impuesto sobre estos beneficios extraordinarios. Según sus previsiones se pretendía recaudar con él 1500 millones al año, una mínima parte del total. Sin embargo, el actual decreto de ahorro energético no deja en pie ni esto. Ayer el Congreso aprobó devolverles con la mano derecha 1360 millones de los 1500 que les anunció que iba a quitarles en junio con la izquierda.

Otra ayuda a las grandes empresas muy sonada, y que fue denunciada ayer por varios diputados del sí y el mismo de Botran, es el rescate de las autopistas radiales de Madrid. Una operación que lleva sumados más de 1000 millones de euros para las tan necesitadas Abertis, Sacyr, ACS, Ferrovial u OHL, entre otras. También el texto incluye nuevas partidas para ellas.

Por último, el Decreto-ley permite que los contratos de mejora de eficiencia energética en edificios públicos puedan adjudicarse con procedimientos de urgencia, es decir, “a dedo”. Si durante la pandemia esto facilitó corruptelas como la de las mascarillas del hermano de Ayuso, ahora será el oligopolio eléctrico el que acceda a cientos de contratos públicos sin concurso público.

Lo que necesitamos son verdaderas medidas de urgencia que hagan pagar la crisis y la inflación a los capitalistas

La actual crisis energética y social, es producto de las consecuencias de la guerra y la escalada imperialista de la que este gobierno es parte, y de un modelo energético insostenible y al servicio de la misma ínfima minoría de capitalistas a la que se destinan buena parte de los fondos de emergencia. Frente a las recetas del reformismo y las alternativas de la derecha aún más neoliberales, es necesario pelear por una salida de fondo, que haga pagar realmente la crisis a sus responsables, detenga la maquinaria militarista y ponga las bases de una reconversión energética y productiva.

Los dirigentes de los grandes sindicatos, que vienen hablando de la necesidad de movilizarse en defensa del salario mientras siguen brindando su apoyo al gobierno ya decretos como este ¿A qué esperan? ¿Para cuando piensan convocar asambleas en los centros de trabajo, definir un plan de lucha y convocar movilizaciones a la altura de la situación, empezando por una jornada de huelga general por la indexación inmediata del IPC en todos los salarios?

Desde la CRT venimos defendiendo algunas medidas de emergencia para que la clase trabajadora, junto al resto de sectores populares, nos movilicemos para imponer una salida al servicio de las grandes mayorías y no las empresas del IBEX.

Primero de todo, la subida de emergencia de todos los salarios según el IPC y cláusulas de revisión salarial obligatorias y mensuales; así como la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales sin rebaja salarial para generar millones de empleos a jornada. Pero además, necesitamos establecer un control de precios por parte de comités de trabajadores y usuarios para detener la especulación y el negocio de los intermediarios; así como, la nacionalización bajo control de comités de este tipo también de los sectores estratégicos, empezando por la energía, condición indispensable para poder empezar a reconvertir la producción de energía y poner freno al desastre climático generado por los capitalistas.

Por último, es urgente paralizar la maquinaria militarista e imperialista del gobierno progresista como parte de la OTAN y la UE, lo cual supone en primer lugar lograr tumbar los Presupuestos 2023 que pretenden avanzar hacia el 2% del PIB en gasto militar, duplicando la partida actual. La crisis en curso en Europa, que golpea aún más dramáticamente a los pueblos de África y Oriente Medio con hambrunas y crisis humanitarias, solo la podremos detener si el movimiento obrero de los países imperialistas se levanta contra sus propios gobiernos y paralizamos así la espiral de guerras, sanciones y crisis a las que nos conducen.