Ante la decisión del Tribunal Supremo británico de denegar a Julian Assange el permiso para recurrir la sentencia del Tribunal Superior que autorizaba su extradición, Julia Hall, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para Europa, ha manifestado:
“La decisión anunciada hoy es un revés para Julian Assange y para la justicia. El Tribunal Supremo ha perdido la oportunidad de aclarar la aceptación por Reino Unido de unas garantías diplomáticas contra la tortura plagadas de irregularidades. Tales garantías son intrínsecamente poco fiables y dejan a las personas expuestas a sufrir graves abusos al ser extraditadas o sometidas a otro traslado.
La reclusión prolongada en régimen de aislamiento define en gran medida la vida de muchas personas recluidas en las prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos y constituye tortura u otros malos tratos con arreglo al derecho internacional. La prohibición de la tortura y otros malos tratos es absoluta, y las promesas vacías de trato justo como las formuladas por Estados Unidos en el caso de Assange amenazan con socavar profundamente esta prohibición internacional.
La negativa del Tribunal Supremo es también una mala noticia para la libertad de prensa, ya que deja intacta la infame vía utilizada por Estados Unidos para intentar enjuiciar a editores por espionaje. La exigencia de que Estados como Reino Unido extraditen a personas por publicar información clasificada de interés público sienta un peligroso precedente y debe rechazarse. Estados Unidos debe retirar de inmediato los cargos contra Julian Assange.”
Información complementaria
El Tribunal Superior resolvió en diciembre de 2021 que Assange podía ser extraditado basándose en las garantías ofrecidas por Estados Unidos sobre su protección en prisión. Estados Unidos había presentado garantías por escrito de que, si Assange era extraditado, no sería recluido en una prisión de máxima seguridad ni sometido a medidas administrativas especiales —como el régimen de aislamiento prolongado, que puede constituir tortura u otros malos tratos según el derecho internacional— y recibiría asistencia médica adecuada. Pero tales garantías incluían una salvedad: si en el futuro Assange hacía algo por lo que fuera necesario imponerle medidas administrativas especiales o recluirlo en una prisión de máxima seguridad, se reservaban el derecho a hacerlo.
