A Isabel Díaz Ayuso no le basta con la dimisión de Teodoro García Egea y la marcha de Pablo Casado, quien previsiblemente será sustituido por Alberto Núñez Feijóo. Quiere encontrar al chivato que habría filtrado la información sobre los contratos de su hermano, Tomás Díaz Ayuso, a Génova. El PP busca al sujeto en cuestión y todos los dedos señalan a una persona: Juan Díaz Alonso.
Hijo de Juan Díaz, histórico dirigente del PP en Ávila, Díaz Alonso es desde el año 2015 alcalde de Higuera de las Dueñas. Ayuso dio una pista ante la Junta Directiva Nacional y el hilo lleva hasta él. La presidenta de la Comunidad de Madrid mentó a “un alcalde” que “trabaja donde se presentó la declaración del empresario de las mascarillas”.
El regidor debía ser abulense. La dirigente madrileña veranea en Sotillo de la Adrada. ¿Sería, por tanto, Juan Pablo Martín, alcalde del municipio? No. Habría que desplazarse unos siete kilómetros al sur, hacia Higueras de las Dueñas. Su alcalde, el antecitado Juan Díaz Alonso, cumple varias condiciones que le sitúan en la diana.
Fuentes solventes consultadas por ElPlural.com subrayan que trabaja como abogado en Bankia. Para más inri, despacha en la sucursal de Sotillo de la Adrada. Por su trabajo en dicha entidad es conocedor de dos transferencias bancarias de Daniel Alcázar Barranco, presidente de Priviet Sportive, a Tomás Díaz Ayuso de 300.000 euros en “concepto de intermediación CM”. Además, el regidor es amigo personal de Casado y del propio Alcázar.
Según las mismas fuentes, es Juan Díaz Alonso quien comenta la información a Juan Pablo Martín Martín. A partir de aquí, el rastro es difuso. No está clara la autoría del anónimo que recibe Génova. Los hay que sostienen que en realidad se “fabricó” por miembros del aparato próximos a Teodoro García Egea que conocían la información sobre la citada transferencia. Otras fuentes niegan esta versión y sostienen que llegó por correo.
Sea como fuere, la información acaba llegándole al dimitido Ángel Carromero, la persona al cargo de la operación contra Ayuso, que se pone en contacto con David Fernández, responsable de Comunicación de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid y con Joaquín Vidal, periodista adscrito a la alcaldía de Madrid.
La sucesión de sucesos
En noviembre del año 2021, ElPlural.com publica que Génova busca información comprometedora contra Ayuso: “Operación cremas, segunda parte”. El miedo crece en el PP, pues un escándalo que salpica al hermano de la líder del Ejecutivo autonómico amenazaba con salir a la luz: “No son cremas, son aviones”, advertían fuentes.
Unas semanas antes, en septiembre, Casado citó a Ayuso en Génova para preguntarle por el asunto, tal y como ambos han confirmado. Según la versión del aún presidente del PP, Ayuso no ofreció explicación alguna, abundando en las dudas.
A mediados de febrero, concretamente el día 16, El Confidencial publica que “fontaneros de Génova contactaron con detectives para investigar al hermano de Ayuso”. Al día siguiente, Ayuso convoca a los medios de comunicación para afear que “no puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa, con responsabilidades de gobierno, de corrupción. Y hacerlo sin pruebas metiendo por medio a mi familia, que nada tiene que ver con política. La familia es lo más importante que tenemos. Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos”. La guerra ya estaba declarada.
De hecho, el entonces secretario general, Teodoro García Egea, responde en diferido con una rueda de prensa en la que acusa a Ayuso de “verter acusaciones gravísimas, casi delictivas, contra el presidente del Partido Popular y contra toda la dirección nacional de nuestra formación”. Nunca pude imaginar esta reacción, algo nunca visto en la historia de nuestro partido”, apostilló, por lo que anunció la apertura de un expediente informativo.
Casi con efecto inmediato, dimite Ángel Carromero. A partir de aquí, todo se precipita. Pablo Casado da su versión de los hechos en una entrevista con Carlos Herrera poniendo el foco en las sombras del contrato con el hermano: "Más allá de que sea ilegal, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril de 2020, cuando morían en España 700 personas, se pueda contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros por vender mascarillas. Yo no permitiría que mi hermano cobrara 300.000 euros por un contrato decidido en un consejo de ministros". Minutos más tarde, Ayuso entra en directo con Herrera para responderle: “Me duele que me achaquen delitos o falta de ejemplaridad”.
Unas horas después, la presidenta de la Comunidad de Madrid confirma en un comunicado que su hermano facturó más de 55.000 a la empresa Priviet Sportive SL por el trabajo realizado para comprar las 250.000 mil mascarillas; lo que provoca que PSOE, Más Madrid y Podemos recurran a la Fiscalía Anticorrupción.
Ya en fin de semana, el día 19, se filtra que Casado se reunió con Ayuso para ofrecerle la paz a cambio de que negara que había sido investigada por su propio partido. Las conversaciones no acaban en buen puerto. El día 20, domingo, una manifestación en favor de Ayuso inunda la calle Génova exigiendo la dimisión de Casado.
El día 22 de febrero el Fiscal jefe Anticorrupción, consecuencia de las denuncias registradas, abre diligencias penales; lo cual no evita que al día siguiente, los barones autonómicos y varios dirigentes nacionales comiencen a pedir públicamente la dimisión de Casado. Con la operación derribo a Génova ya en marcha y Egea dimitido, la presidenta madrileña admite en un mensaje a medios de comunicación que la facturación de su hermano con Priviet supera los 280.000 euros, corroborando así la información inicial que obraba en poder de Pablo Casado. El resto, es historia.
