El Gobierno pagará 1.070 millones a Abertis por el fin de los peajes de la AP-7

El Gobierno pagará 1.070 millones de euros a Abertis por la reversión al Estado del tramo catalán de la AP-7, que en agosto del año pasado eliminó sus peajes y pasó a ser gratuita, un pago que tendrá que hacerse antes de que concluya este mes de febrero, según el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes.

La cantidad está lejos de los 4.200 millones de euros que reclama la empresa concesionaria de autopistas controlada por ACS y Atlantia, que basa su reclamación en el convenio de compensación por la disminución del tráfico que firmó con el Ministerio de Fomento en 2006, cuando lideraba el departamento Magdalena Álvarez, en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Acesa, concesionaria de Abertis, justifica su reclamación por las inversiones realizadas y por los descuentos en el peaje que la compañía realizó en este tramo de la AP-7 que discurre entre Tarragona-Barcelona y Barcelona-La Junquera, pero también por las compensaciones por el descenso del tráfico durante la crisis financiera y la nueva crisis originada por la covid-19.

Sin embargo, el cálculo del Gobierno recoge solo el saldo por las inversiones realizadas y no la compensación por el descenso del tráfico, ya que, en 2017, el Consejo de Ministros del Gobierno de Mariano Rajoy (PP) acordó no abonar ninguna compensación derivada de la caída del tráfico como consecuencia de la crisis, pese al acuerdo firmado por el Ejecutivo socialista cuando otorgó la concesión.

Acesa interpuso un recurso contra esta resolución para anular este acuerdo del Gobierno, pero el Tribunal Supremo lo desestimó en junio de 2019, una decisión con distinta interpretación para las dos partes. El ministerio actual se escuda en el acuerdo de 2017 y en la sentencia del Supremo, ignorando el acuerdo que selló el anterior Ejecutivo socialista. De los 1.069,9 millones de euros a pagar, el Ejecutivo explica que 505,5 millones de euros corresponden a la inversión ejecutada; 143,5 millones de euros, al efecto impositivo; y el resto a la capitalización del saldo de compensación.

Origen del conflicto

En 2006, la concesión se modificó por real decreto para la construcción de un tercer y cuarto carril dependiendo del tramo de la autopista y la implantación de un sistema de peaje cerrado con el fin de eliminar las barreras troncales y evitar así los atascos que generaba.

El coste de estas obras fue asumido por la empresa, aunque compensado con el peaje recaudado del tráfico adicional que se generase por el aumento de la capacidad de la autopista, algo que no pasó tras el estallido de la crisis financiera en 2008. En caso de que este incremento del tráfico no fuese suficiente, el Estado se comprometió a abonar a la empresa la parte proporcional al vencimiento de la concesión, es decir, en agosto de 2021. No obstante, en 2011, el nuevo Gobierno del PP comenzó a plantear dudas sobre la interpretación de este acuerdo en cuanto a las compensaciones por tráfico, lo que abrió un infructuoso intercambio de consideraciones e informes entre Abertis y el Gobierno, derivando finalmente a los tribunales. Aunque Abertis no ha pronunciado este vierrnes sobre el acuerdo del Consejo de Ministros, es previsible que vuelva a acudir a los juzgados para impugnarlo

Esta no es la primera vez que el Gobierno aprueba una indemnización multimillonaria a una empresa presidida por Florentino Pérez como ACS. El Consejo de Ministros ya aprobó anteriormente indemnizar con 1.350 millones a la sociedad propietaria del Proyecto Castor (controlada en un 66,7% por ACS), el almacén de gas submarino situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) cuya actividad se relacionó presuntamente con al menos 500 seísmos ocurridos en septiembre de 2013.