Anticorrupción recurre al Supremo el archivo del pitufeo del PP en Valencia
La Fiscalía presenta un recurso de queja ante el Alto Tribunal para tener la oportunidad de casar el archivo de la investigación sobre la financiación ilícita del PP en Valencia y la imputación por blanqueo de la formación conservadora, decretados por la sección cuarta de la Audiencia provincial valenciana
La sede nacional del Partido Popular(Getty Images)
La Fiscalía Anticorrupción ha lanzado el último intento por mantener viva la investigación sobre la financiación ilegal del PP en Valencia durante la etapa de Rita Barberá como alcaldesa de la capital del Turia.
Después de que la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia archivase la causa y denegase la posibilidad de recurrir la decisión al Supremo, Anticorrupción acaba de presentar un recurso de queja ante su homólogo en el Alto Tribunal, según confirman fuentes del Ministerio Público a la SER, para que inste a la Sala Segunda del Supremo a que revoque la decisión de los magistrados valencianos y permita presentar el recurso de casación.
En principio, según las mismas fuentes, la Fiscalía del Supremo se muestra proclive a suscribir la queja por el archivo, lo que obligaría a la Sala Segunda a pronunciarse sobre su admisión a trámite y a nombrar a un instructor para el procedimiento, que en este momento procesal solo debería decidir sobre la pertinencia o no de la casación. No sobre el fondo de la cuestión, que quedaría para un segundo trámite.
El PP nacional “consentía y aceptaba” el blanqueo en Valencia
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia archivó el mes pasado la causa por blanqueo de capitales contra varios concejales del PP en la ciudad durante la etapa de Rita Barberá al frente del Consistorio, así como contra la propia formación conservadora, a la que Anticorrupción pedía sentar en el banquillo como como persona jurídica, en calidad de acusada por un delito de blanqueo de capitales.
Los magistrados valencianos denostaron la investigación llevada a cabo durante años por la Fiscalía, en colaboración con los agentes de la UCO de la Guardia Civil, quienes constataron la existencia de indicios sólidos de que medio centenar de concejales y asesores del PP ingresaron dinero en una cuenta del partido que luego les era devuelto en negro.
El Ministerio Público también llegó a la conclusión de que la dirección nacional del PP “consentía y aceptaba” que el partido en Valencia “manejara dinero en efectivo o recaudara de empresarios” en fechas tan cercanas como en 2015, cuando ya tenía varios frentes abiertos por corrupción en distintos tribunales, por lo que pidió sentarle en el banquillo por blanqueo.
Los magistrados valencianos han rechazado por mayoría esta pretensión. Solo la magistrada Clara Bayarri se ha opuesto, emitiendo un voto particular.
