Doscientas personas protestan en Alicante contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana
La plataforma "No a la España insegura" denuncia la desprotección que sufrirán los ciudadanos y los agentes en su trabajo diario
Unos doscientos agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local de diferentes municipios de la provincia se han concentrado este miércoles ante la Subdelegación del Gobierno en Alicante para mostrar su rechazo a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que contempla el Gobierno, al considerar que deja desprotegidos a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Miembros del PP y VOX , entre ellos el presidente provincial de los populares, Toni Pérez, también se han sumado a la convocatoria de la plataforma «No a la España insegura», que agrupa a cerca de medio centenar de sindicatos y asociaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de todo el país.
Tras esta protesta, que se ha celebrado en todas las provincias y ha contado en Alicante con miembros del SUP, CEP,SPP, AUGC, JUCIL, SPPL y CSIF, entre otros sindicatos, se celebrará este próximo sábado otra en Madrid, a la que acudirán desde la provincia varios autobuses con agentes.
El secretario provincial de la Unión Federal de Policía, Néstor Gómez, habló como portavoz de la plataforma para denunciar las consecuencias del cambio legal y asegurar que las agresiones a policías se están disparando y se agravarán con la nueva ley. La plataforma «No a la España insegura» considera que la reforma conlleva una desprotección para los agentes en su trabajo diario y para los ciudadanos. La reforma prevé que el tiempo para identificar a un indocumentado se reduzca de seis a dos horas y permitirá manifestaciones y cortes de carreteras sin previo aviso, además de afectar a la presunción de veracidad de los agentes y al material usado para mantener la seguridad.
El presidente provincial del PP ha criticado al Gobierno por promover lo que parece «una ley de inseguridad, que desprotege la actuación de nuestras Fuerzas de Seguridad ante la delincuencia; les deja en desventaja frente al delincuente y el delito y no atiende la reivindicación histórica de la equiparación salarial».
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