El bufete de abogados Martínez-Echevarría, en el que trabaja el expresidente de Ciudadanos Albert Rivera, ha sido el encargado de redactar el recurso que UPN y PP han registrado ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Educación (LOMLOE), más conocida como Ley Celaá.
Aprobada a finales del año pasado gracias los votos de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Más País, Compromís y Nueva Canarias para que comience su implantación a partir del curso 2022-2023, la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) tiene como primer objetivo "aumentar las oportunidades educativas y formativas de toda la población". Además, pretende evitar "la segregación" de los alumnos, prestando un interés particular a la escuela rural y a la insular y como tercer y último objetivo fundamental del texto está "fortalecer la competencia digital" de los estudiantes de todas las etapas educativas. Plantea así responder a una sociedad del conocimiento y a una economía cada vez más digitalizada.
16 ARTÍCULOS IMPUGNADOS
La derecha, sin embargo, ha tenido esta ley en su punto de mira desde antes de su aprobación.
El recurso de inconstitucionalidad contra esta norma impugna 16 de sus artículos y dos disposiciones adicionales por entender que vulnera el derecho de elección de enseñanza de los padres, discrimina a la concertada, a la especial y a la educación por sexos, y "no garantiza" que el castellano sea lengua vehicular en todo el país.
El texto consta de noventa páginas y ha sido presentado este lunes por el líder del PP, Pablo Casado, junto al presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, durante un acto en un colegio concertado celebrado en Madrid.
El líder de los populares ha asegurado que la norma conlleva una serie de "problemas de libertad, de unidad del sistema y de calidad del mismo". Según ha detallado, la Ley Celaá es un "atentado contra la libertad" de elección de centro educativo, para escoger la enseñanza concertada y la educación especial para niños con discapacidad.
Casado ha defendido la "legitimidad" del PP para afirmar que intentó llegar a un Pacto Educativo "desde el principio" y ha recriminado al Ejecutivo de Pedro de Sánchez "no ha pactado con la comunidad educativa, no ha pedido un informe al Consejo de Estado y se ha tramitado en pleno estado de alarma" por la pandemia del coronavirus.
ESPARZA: "UNA LEY EXCLUYENTE"
Por su parte, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha censurado que la Ley Celaá "rompe con el consenso educativo y recorta derechos de miles de familias en toda España". "Es una ley excluyente, que muestra unas posiciones total y absolutamente radicales, que se han hecho sin escuchar a la comunidad educativa y sin buscar el acuerdo", ha criticado.
Para Esparza, "poner en cuestión la demanda social es recortar el legítimo derecho que tienen las familias para elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos", además de "romper con la igualdad de derechos de todas las familias".
A juicio del presidente regionalista, "cuestionar y excluir a la educación diferenciada, una educación total y absolutamente legítima y constitucional, es un ataque en toda regla a la libertad de este país". Y también ha censurado que "se ponga en cuestión los centros de educación especial, que han ayudado a miles de niños y niñas con discapacidad a salir adelante y tener un futuro profesional".
"Esto es otro error", ha expuesto Esparza, quien ha defendido que la red pública y concertada "nos ofrecen calidad, han sido sinónimo de éxito y han sido complementarias en Navarra y en el conjunto de España".
"Nos sobran los motivos para presentar este recurso de inconstitucionalidad contra este ataque frontal a los derechos de las familias", ha apuntado Esparza, quien ha abogado por "buscar el consenso y un gran acuerdo" en materia educativa, que es "lo que necesita este país".
