El número de hogares con bono social de la luz se hunde tras acabar la prórroga automática: 146.477 beneficiarios menos

El número de hogares acogidos al bono social eléctrico se desplomó un 11,1% en septiembre, tras el fin de las prórrogas automáticas que aprobó el Gobierno el año pasado para estos descuentos como consecuencia de la pandemia. Septiembre se cerró con 1.168.542 suministros acogidos a estas rebajas en el recibo de la luz para colectivos vulnerables. Son 146.477 menos con respecto a los 1.315.019 de agosto.

Los últimos datos que acaba de publicar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reflejan la situación del bono después de que el 30 de septiembre finalizase la prórroga automática del periodo de disfrute de estos descuentos. Tras el primer estado de alarma y el confinamiento de marzo, y para evitar que los beneficiarios del bono que necesitasen renovarlo dejasen de disfrutarlo, el Real Decreto-ley 8/2020 prorrogó de forma automática todos los que expirasen hasta septiembre de 2020.

Esta medida extraordinaria estuvo vigente hasta decaer gran parte de lo que el Ejecutivo denominó su “escudo social” de medidas contra la emergencia económica por la pandemia: desde la prohibición de cortar suministros básicos a las primeras viviendas hasta las moratorias de hipotecas y de alquiler. Algunas de esas medidas (como la prohibición de cortes y de desahucios) se recuperaron total o parcialmente en diciembre, pero no fue así con la prórroga automática del bono social eléctrico.

El fuerte descenso de septiembre confirma que al terminar dicha prórroga automática hubo decenas de miles de beneficiarios que no lo renovaron. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica recuerdan que las comercializadoras tienen “obligación de informar de la necesidad de renovación y del vencimiento del bono”.

Actualmente, estos descuentos, que financian las comercializadoras eléctricas en función de su cuota de mercado, no son automáticos: hay que pedirlos a la comercializadora aunque se tenga derecho a ellos. Una vez concedidos, tienen una vigencia de dos años. Pasado ese plazo, es necesario volver a tramitar la prestación que se concede si se cumplen los requisitos, salvo para familias numerosas, a las que les basta con tener en vigor el título acreditativo.

Según los datos de la CNMC, los mayores retrocesos se dieron en septiembre en la categoría de “consumidores vulnerables severos”, con un descenso del 11,8% en el número de beneficiarios, hasta 555.259, para este colectivo, que es el que recibe los mayores descuentos en su factura eléctrica, del 40% con respecto a la tarifa semirregulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC).

El recorte entre los vulnerables severos fue especialmente pronunciado en la tipología de familias sin menores (con un retroceso del 13,1% en septiembre con respecto a agosto, hasta 316.691 beneficiarios); pensionistas (un 12,8% menos, hasta 55.359 suministros) y familias con dos menores (-10%, hasta 38.893 hogares).

Tras el fin de la prórroga automática, Transición Ecológica puso en marcha desde el 1 de octubre un nuevo supuesto del bono social eléctrico para proteger a consumidores vulnerables afectados por la pandemia del Covid-19 que permite acceder a la prestación con solo una declaración responsable del titular. El número de beneficiarios del bono se ha recuperado a principios de año con respecto al batacazo de septiembre, pero no hasta el nivel previo.

Hace unas semanas, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cifró en el Congreso en 1.218.863 hogares el número de suministros acogidos a 10 de enero de 2021. Ribera comparó esa cifra, que está lejos de los 1.315.019 beneficiarios del pasado agosto, con los 1.077.000 que había a finales de 2018, justo después de que una reforma del bono del Gobierno del PP que introdujo criterios de renta para la mayoría de beneficiarios dejase sin estos descuentos a unos 1,7 millones de hogares que hasta entonces lo tenían.

“En dos años hemos logrado llegar a más hogares necesitados”, dijo Ribera en esa comparecencia, en la que reconoció que “es muy probable pensar que nos vamos a encontrar con un incremento de las situaciones difíciles para los consumidores vulnerables” por la pandemia.

Bono “universal y automático”

Ante el repunte de la pobreza energética por la catástrofe del coronavirus, el ministerio trabaja en una reforma para implementar un bono social energético “universal y automático”, un “Suministro Mínimo Vital” que garantice el denominado principio de precaución (que ante cualquier impago doméstico, la compañía suministradora deba comunicarse con los servicios sociales municipales para conocer la situación del hogar afectado) y establecer un suministro temporal, aun en caso de impago, para evitar la desconexión total del suministro eléctrico de los consumidores vulnerables.

Ese futuro bono, al que Transición Ecológica no pone fecha de aprobación, emana de la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en abril de 2019 y del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, que preveía una “reforma profunda del bono social eléctrico y creación un bono general que incluye el bono gasista”, con “el fin último de permitir que cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía”. 

La vicepresidenta insinuó en su última comparecencia en el Congreso que la reforma del bono va a afectar a las familias numerosas, que lo reciben sin distinguir su nivel de renta. “Si cruzamos información de renta y patrimonio podemos estar dando cobertura a personas que pueden manejarse mejor y dejando a un lado recursos que podrían destinarse a colectivos particularmente necesitados”, dijo.

Un globo sonda que ha sublevado a este colectivo. La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha pedido al ministerio una reunión para defender que se mantenga el esquema actual. Defienden que aunque el bono no discrimine la renta de las familias numerosas, “no quiere decir que sea un acceso universal ni que se estén beneficiando de él familias de rentas altas y grandes mansiones”.

“De hecho, el acceso al bono está limitado por potencia, que debe ser inferior a 10kw, y sólo se bonifica hasta un máximo de 4.140kwh/año, por lo que las familias con consumos propios de casas grandes, con jardines, piscinas, etc., no están dentro de los beneficiarios del bono social, aunque tengan el título de familia numerosa, ni ven bonificado este consumo extraordinario”.