Colegio de Abogados archiva la denuncia contra Lamela al estimar que los empresarios no son víctimas del COVID

Madrid

El Código Deontológico de la abogacía es claro acerca de los criterios que deben regir la publicidad de los servicios legales durante una catástrofe: "la publicidad no podrá suponer la incitación genérica o concreta al pleito o conflicto, la oferta de servicios profesionales, por sí o mediante terceros, a víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de personas afectadas y a sus herederos y causahabientes, en momentos o circunstancias que condicionen la elección libre de Abogado y, en ningún caso, hasta transcurridos 45 días desde el hecho". Este mismo principio está recogido en estos mismos términos en el Estatuto de la Victima en su artículo 8.

Antes de que hubieran pasado 45 días desde la declaración del estado de alarma, el exconsejero madrileño de Sanidad, Manuel Lamela, ofreció sus servicios legales como abogado a empresarios y comerciantes madrileños para demandar al Gobierno por los daños causados por las restricciones derivadas de la pandemia. Lamela mantuvo al menos dos reuniones virtuales con potenciales clientes durante el estado de alarma: la primera el 13 de mayo y la última el 11 de junio. Lamela no solo animó a reclamar legalmente indemnizaciones, sino que recomendó hacerlo cuanto antes. Consta además que el ofrecimiento se tradujo en contratos con empresarios interesados en demandar al Estado por los daños derivados de la pandemia, ya que el ex consejero de Sanidad cerró de hecho sendos contratos con ese fin con la Confederación de Comercio Especializado de Madrid, que agrupa a cerca de 35.000 establecimientos comerciales, así como por la entidad Madrid Foro Empresarial, de la que forman parte 300 socios. La tarifa de Lamela es el 8% de todo lo conseguido en los tribunales.

En el transcurso de esos seminarios Lamela, cerebro de la privatización sanitaria en Madrid durante su época como consejero de Esperanza Aguirre, animó también a las empresas sanitarias a reclamar al Estado compensaciones por las decisiones tomadas por el mando único en el estado de alarma, sosteniendo que las "incautaciones y requisas de material sanitario durante la crisis" son "expropiaciones" que "deben ser indemnizadas sí o sí".

Tras la publicación por parte de la Cadena SER de las actividades de Manuel Lamela durante la pandemia, La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) interpuso una denuncia contra el exconsejero ante el Colegio de Abogados de Madrid "por realizar publicidad fraudulenta durante la pandemia". Para la presidenta de ALA, Ángeles Chinarro, el exconsejero de Sanidad vulneró, sin lugar a dudas, tanto el Código Deontológico como el Estatuto de la Abogacía y el Estatuto de la Víctima al captar clientes para su bufete durante el estado de alarma. En la denuncia, presentada a mediados de septiembre, ALA solicitaba a la Comisión de Deontología del ICAM la incoación de un expediente disciplinario a Lamela y al menos otros tres letrados del bufete.

Sin embargo, el Colegio de Abogados de Madrid ha archivado la denuncia con el argumento de que la actuación de Lamela resultaría solo resultaría "punible" si se dirigiese a "personas con la condición inequívoca de víctima", cosa que a su juicio no sucede en el caso denunciado.

Para Colegio de Abogados de Madrid, "la práctica publicitaria punible solo podría ser aquella que se dirigiera a una persona física, pues no puede entenderse como víctima a una empresa, organización, asociación o cualquier otro análogo, en la que concurriere además la condición inequívoca de víctima, lo que no resulta cuando menos claro para determinados colectivos como pudieran ser autónomos, empresarios individuales o profesionales afectados en su vida cotidiana por la crisis que padecemos".

Recurso ante el Consejo de Colegios de Abogados de Madrid

Para ALA el Colegio de Abogados ha hecho una interpretación retorcida de los preceptos legales que se invocan en la denuncia para evitar tener que abrir un expediente a Lamela. "Un doble salto con triple tirabuzón", asegura la presidenta de ALA, que anuncia que recurrirán la decisión ante el Consejo de Colegios de Abogados de Madrid.

Se da la circunstancia de que Manuel Lamela forma parte de la dirección del Colegio de Abogados de Madrid, ya que es presidente de la sección de Derecho Agroalimentario. Para ALA, el archivo de la denuncia por parte del Colegio de Abogados de Madrid demuestra que "perro no come perro".

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