Como si de un debate caótico encadenado se tratase y sin ninguna preocupación por el rigor, los gobiernos, una parte de los medios de comunicación y todas las redes sociales compiten en la exageración en relación al llamado invierno demográfico y el despoblamiento de la España vacía, y no precisamente por casualidad junto a las supuesta insostenibilidad de las pensiones y el mal llamado infierno fiscal.
Un cambio demográfico, sin embargo, que sin matiz peyorativo, y aún menos catastrófico, forma parte de lo que los expertos del CSIC denominan revolución reproductiva en la que nos encontramos y que forma parte de la modernización económica y social y más en concreto de la liberación de la mujer todavía en marcha.
Y, por otra parte, un despoblamiento que viene de mucho antes en nuestra historia y se aceleró sobre todo con la industrialización. Dinámicas pues diferenciadas y que compartimos con las sociedades avanzadas de nuestro entorno Europeo.
Unas pensiones públicas que por otro lado hemos consolidado a pesar de la larga crísis económica y que no hay razón para dudar de su sostenibilidad, más afectadas por la precariedad del empleo y la transición tecnológica que por la longevidad, mientras se mantenga el Estado social. Y sobre todo con un margen fiscal superior a la media de los países de nuestro entorno, en particular por el abultado fraude fiscal y la escasa participación tributaria de las rentas del capital y de los grandes patrimonios.
Pero poco importa si de trata de cuestiones diferentes entre sí, si forman parte o no de la dinámica social, si tienen orígen en distintas causas, incluso contradictorias, y si contamos con salidas o soluciones más o menos difíciles y a mayor o menor plazo.
Tal parece que si por arte de magia, o de los estímulos fiscales, que al parecer son equipotentes, recuperásemos las tasas de natalidad perdidas, y digo por arte de magia porque la evolución social va en toda Europa en sentido contrario, con ello, cual bálsamo de Fierabrás solucionaríamos no sólo el reemplazo demográfico, que iría de suyo, sino en una pendiente virtuosa el despoblamiento de la zona rural, y también reduciríamos el déficit de las pensiones y contendríamos los impuestos, que no expolio, necesarios para las políticas sociales y de cuidados destinadas a la solidaridad y en particular al envejecimiento de la población.
De nuevo, como si formase parte del signo de estos tiempos líquidos, vuelve la agitación y dramatización de problemas complejos, incluso de problemas que no son tales para imponer soluciones dogmáticas y simples, llamando a las puertas una vez más del populismo, la anti política y la frustración, en particular entre las clases medias.
La cuestión es dosificar la píldora amarga del agravio y del miedo al ciudadano medio, ahondando en la incertidumbre sobre su futuro e incluso sobre el del territorio de sus propias raíces, señalando con el dedo de la demagogia a los culpables del supuesto expolio fiscal y de la impotencia política. Los políticos y en especial las Comunidades Autónomas.
Lo cierto es que este mensaje se siembra con la más que dudosa intención de que prenda en el terreno abonado tanto del malestar social de la crisis del estado del bienestar de las denostadas Comunidades Autónomas, como de la desconfianza en lo público y en las instituciones provocada por la corrupción política.
Tal parece que las víctimas colaterales del Procés, vayan a ser las políticas sociales, de igualdad y de inclusión y por extensión las Comunidades autónomas que las desarrollan. No es de extrañar la ofensiva de la extrema derecha.
Y tal estrategia no se trata de ignorancia ni de malevolencia ni tan solo de demagogia, sino simple y llanamente de intereses. Recientemente prestigiosos demógrafos e investigadores sociales comparecieron en el Congreso de los Diputados y en varias Cámaras Autonómicas para hablar específicamente sobre cada una de estas cuestiones, pero como ellos mismos señalan ni los medios de comunicación ni las conclusiones de las comisiones respectivas, recogieron sus aportaciones, sino que por el contrario se recrearon en los prejuicios y los lugares comunes que sin ningún rigor se vienen repitiendo hasta el hastío.
Quizá ayudaría a mostrar mejor el problema si partiesemos de estos prejuicios e intereses y no de las causas y condicionantes reales del problema, para aclarar a donde se pretende llegar y los intereses que las animan.
Según estos, la solución al envejecimiento demográfico estaría en las políticas de estímulos fiscales pronatalistas, siguiendo el modelo de la Hungría de Orban. Al problema del despoblamiento en las infraestructuras y otra vez a los estímulos fiscales. Y en relación al futuro de las pensiones en complementar su proclamada insostenibilidad pública con nuevos incentivos a los fondos de pensiones privados complementarios.
Todas ellas, en particular los estimulos e incentivos fiscales, medidas que se incorporan sin dolor al discurso sobre la sustitución del Estado, de sus impuestos y servicios públicos por la mano invisible del mercado resumida en el tópico del dinero en el bolsillo de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, y que agravan el mal de la desigualdad que no sólo amenaza la justicia social sino la estabilidad de nuestra sociedad.
Por algo se compara la fortaleza del Estado social con la de un puente donde su solidez depende de su punto más débil.
Todo ello se añade al clima populista de rechazo de la ciencia y sus diagnósticos complejos, casi tanto como de la información rigurosa y la política.
Por eso se requiere menos dramatismo y otra mirada a la demografía alejada del catastrofismo, donde tengan mayor papel las políticas de igualdad, el reparto de tareas, el empleo de calidad junto con la longevidad, el envejecimiento activo y las políticas de cuidados. Una mirada realista al despoblamiento y a las posibilidades de las actividades productivas, las infraestructuras y los servicios de proximidad. Lo mismo cabría decir de la sostenibilidad de las pensiones y por extensión de nuestra política social así como de los impuestos necesarios para consolidarlas en estos tiempos brutos en terminología de Eliane Brum.
El que esto suscribe, desde la distancia de las instituciones, echa de menos las virtudes políticas y cívicas de la modestia y la prudencia, sobre todo para abordar cuestiones complejas.