El exconseller Rafael Blasco y su empresario de cabecera durante años, Augusto César Tauroni, han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción por el que admiten los hechos de los que se les acusa, entregan sus propiedades para hacer frente a la responsabilidad civil y, a cambio, rebajan a tres años y medio las penas de prisión a las que deberán hacer frente, según adelantó ayer Europa Press y confirman a Levante-EMV fuentes de algunas defensas.
Ambos se enfrentaban a dieciséis y veintiún años de cárcel, según la petición inicial de la Fiscalía. Aunque esta última era una pena que nunca iban a cumplir, ya que al enfrentarse a un nuevo juicio por dos piezas separadas de una única causa, en la que ya se les juzgó y condenó por la primera pieza, tanto la ley de enjuicimiento criminal como el Código Penal y la jurisprudencia del Supremo establecen que existe un límite del cumplimiento de las penas impuestas. En el caso de Blasco el tiempo efectivo de cumplimiento en ejecución de sentencia de una nueva condena era de 1 año y seis meses. El exconseller ya fue condenado en la primera pieza que juzgó el desvío de las ayudas a la cooperación a seis años y seis meses de cárcel de los que ha cumplido tres años y siete meses, ya que logró el tercer grado penitenciario el pasado mes de enero.
El empresario Augusto César Tauroni sí cumplió íntegramente desde el 26 de febrero de 2012 hasta el 23 de febrero de 2018 una pena de seis años de prisión como cooperador necesario de Blasco en el desvío de las ayudas destinadas a Nicaragua.
En el primer acuerdo entre la Fiscalía Anticorrupción y el siete veces conseller, Blasco lograba que se eliminara la acusación de enriquicimiento personal a cambio de admitir la malversación, la prevaricación y la falsedad en documento público que cometió pero, en beneficio de Tauroni. Las fuentes consultadas por Levante-EMV no pudieron confirmar que estos extremos se repitan en el nuevo acuerdo alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción.
La conformidad alcanzada con Blasco y Tauroni también se habría producido con Marc Llinares, exjefe del área de Cooperación al Desarrollo (2008-2011).
Los tres han entregado a la justicia propiedades como el chalé de la Barraca d'Aigües Vives y campos de naranjos (Blasco), los apartamentos en Miami (Tauroni) y un piso en Dénia (Llinares), según aseguran fuentes de las defensas. Aunque sobre este compromiso de entrega de estas propiedades existe controversia porque ya están embargadas por el Tribunal de Cuentas para que Blasco, en su calidad de exfuncionario público, haga frente a la responsabilidad contable a la que fue condenado (2,7 millones).
En esta conformidad con los principales acusados por el desvío de las ayudas a la cooperación no han intervenido ni la coordinadora valenciana de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (CVONGD) ni la Abogacía de la Generalitat, porque consideran que las propiedades aportadas son «una expectativa sin concreción». Únicamente habrían aceptado la entrega de dinero en metálico para hacer frente a la responsabilidad civil que, sólo en las dos piezas a juicio, asciende a 4,6 millones, según la petición de la Fiscalía Anticorrupción.
La CVONGD sí ha alcanzado una conformidad con varios empresarios que han devuelto el dinero defraudado y han admitido los hechos: Rosa María Castelo, Alberto Pampín Bueno, Carlos Andrés Chust y Luis Freire Oleas.
