Arranca el primer juicio por el saqueo del Banco de Valencia

La Audiencia Nacional juzga desde las 10 de la mañana de este lunes a directivos del Banco de Valencia y a varios promotores, acusados de la quiebra de la entidad. El fiscal acusa en su escrito a siete exdirigentes del banco y empresarios, de delitos de administración desleal o apropiación indebida y blanqueo de capitales en tres operaciones inmobiliarias que supusieron un perjuicio de 426.799.628 euros para la entidad.

Los principales acusados son el exconsejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, para quien la Fiscalía pide entre 4 y 6 años de cárcel; el expresidente del Valencia CF, Juan Bautista Soler, con una petición de condena de entre tres años y medio, y cinco y medio de presidio; o el notario jubilado Carlos Pascual de Miguel, con una pena que oscila entre los seis años y medio, y los ocho años y medio de prisión.

El resto de acusados son el directivo del Banco de Valencia, Alfonso Carlos Monferrer, y los promotores Salvador Vila y Fernando Polanco, además de la esposa de este último, Teresa Villalba.

Fuentes fiscales afirman que este caso ha sido “el paradigma de la especulación”. Empresarios y el propio banco realizaban distintas operaciones de compraventa sobre el mismo suelo, incrementando en cada trato el valor del terreno. No importaba porque al final, recuerdan estas fuentes, siempre había un trabajador en la época de la burbuja inmobiliaria que compraba el piso a un precio inflado y corría con el coste de todos los incrementos de las distintas compraventas con una hipoteca a 30 años. Cuando pinchó la burbuja, se destapó el pastel y el banco se dedicó a conceder nuevos préstamos sin garantías a los empresarios para tapar aquellos que no podían devolver. En 2011 la situación se volvió insostenible y el Banco de Valencia tuvo que ser rescatado con 4.500 millones de dinero público.

El fiscal sostiene en su escrito que los directivos del Banco de Valencia aprobaron operaciones de promoción inmobiliaria “sin observar” los procedimientos de evaluación de riesgos y “sin autorización” de los órganos competentes de la entidad. Créditos concedidos sin garantías en caso de impago y encaminados a producir un “beneficio propio” a los acusados “en perjuicio del Banco de Valencia”. Los acusados ni siquiera llegaron a pagar algunos de esos créditos millonarios ni los intereses.

Además de las penas de prisión, el fiscal reclama que los acusados indemnicen de forma solidaria a Caixabanc o en caso de renuncia de la entidad al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria con la totalidad del perjuicio patrimonial causado con sus acciones, que asciende a 160.5 millones de euros, y que también sean condenados con el pago de multas millonarias. Las defensas por su parte piden la libre absolución de los acusados.