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El juez Alba pide que el Estado pague la indemnización por sus tres delitos

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El juez Salvador Alba, suspendido en sus funciones pero pendiente de expulsión de la carrera judicial, ha pedido a través del Tribunal Supremo que el Estado español asuma y por lo tanto pague los 60.000 euros de indemnización a los que ha sido condenado por tres delitos: prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público. Los cometió, según sentencia firme del pasado 25 de noviembre, cuando conspiró para perjudicar la carrera profesional y política de la magistrada Victoria Rosell

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