El concejal de deportes y barrios rurales del Ayuntamiento de Teruel, Carlos Aranda, fue detenido la madrugada de este domingo por un presunto delito de abusos sexuales. El edil de Ciudadanos ha sido denunciado por un joven de 20 años que le ha acusado de haberle realizado tocamientos sin su consentimiento.
Al menos el 52 % de los jueces de lo Penal de toda España ya han dictado rebajas de penas a delincuentes sexuales por la ley del 'solo sí es sí'. Y eso que sobre muchas audiencias provinciales no se conoce ningún dato.
La redacción de este artículo –el 75.4 g)-, según los expertos consultados por THE OBJECTIVE, podría dar lugar a situaciones insólitas, tales como que a una persona se le imponga la máxima sanción por negarse a dejar entrar en un vestuario de mujeres a un hombre que se ha cambiado el sexo registral, pero que no ha transicionado. Un transgénero. Y es que la ley recoge que no hace falta hormonarse para cambiar el sexo del DNI: basta con «la libre declaración de la persona sentida»; sin añadiduras.
La Fiscalía pide el archivo de las diligencias abiertas por fraude fiscal contra Cristina Cañeque después de que la Agencia Tributaria no aprecie "dolo" en una presunta defraudación que supera el millón de euros.
Ambos habían decidido de mutuo acuerdo mantener relaciones, aunque ella le insistió que utilizara protección. Al percatarse de que quería mantener relaciones sin protección, le pidió que parara. Por ello, la Fiscalía califica los hechos como dos delitos de agresión sexual, por los que pide ocho años de prisión por cada uno. También reclama la prohibición de acercarse a ella a menos de 300 metros, comunicarse con la joven durante 12 años y que la indemnice con 30.000 euros por perjuicios morales y daños psíquicos causados.
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por el productor televisivo José Luis Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", "a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
El hombre pasó tres años en prisión en régimen FIES y sufre daños psiquiátricos muy graves, irreparables e irreversibles como consecuencia de la injusta encarcelación. La mujer pasó en la cárcel algo menos de un año. La Justicia reconoció a finales de 2019 que ambos son inocentes y que nunca debieron ingresar en prisión.
La fábrica papelera de Ence seguirá en la ría de Pontevedra. El Tribunal Supremo ha decidido avalar el permiso que el Gobierno de Mariano Rajoy dio en 2016 a la empresa para mantener su fábrica en esta marisma durante seis décadas más. Los jueces estiman un recurso de la empresa y anulan la sentencia de la Audiencia Nacional que tumbó este permiso a instancias de Greenpeace y la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) al entender que esa fábrica no debía permanecer en un dominio público marítimo-terrestre ya que podía desarrollar su actividad...
El alumno ha declarado desde un juzgado de Palma, donde reside, en el marco de la investigación por un presunto delito de incitación al odio. Ahora, la Fiscalía debe decidir si presenta una querella contra él o no.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra rechazó rebajar la pena de 15 años impuesta al primero de los miembros de La Manada que intentó acogerse a la nueva ley del solo sí es sí. Los jueces entienden que esta sentencia es compatible con el nuevo Código Penal. «El Tribunal Supremo ha llevado a cabo un exhaustivo proceso de individualización y, por tanto, a los efectos de resolver el recurso de revisión aplicando los criterios de individualización tomados en consideración, la pena de 15 años de prisión impuesta a Ángel Boza...
El titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, el magistrado Manuel Piñar, que condenó a Juana Rivas a cinco años de prisión por sustracción de menores, ha ampliado por denuncia falsa la querella que presentó en su momento contra el abogado que ejerce la defensa de esta madre de Maracena, Carlos Aránguez, después de que éste le acusara de ser "manifiestamente parcial" en este caso.